Por Rodrigo Castro
Con alivio y satisfacción vemos que la dramática situación en la mina San José avanza hacia un desenlace feliz, un accidente que puso en evidencia que no sólo en la minería existen problemas de seguridad laboral. En este contexto, el gobierno decidió crear una Comisión de Seguridad Laboral que entregue un diagnóstico y propuestas para cerrar estas brechas sociales.
Los hechos ocurridos en Atacama y lo que viven las regiones más afectadas por el terremoto y maremoto, nos invitan a reflexionar sobre el país que queremos en nuestro Bicentenario.
En las últimas tres décadas Chile ha vivido transformaciones estructurales que han modificado profundamente el escenario social y económico. Por un lado, el crecimiento económico ha permitido un aumento significativo de los niveles materiales, además de cambios en los patrones de consumo y estilos de vida. Por otra parte, hemos enfrentado modificaciones en la estructura social, a través de un incremento en el capital cultural y educacional. Por ejemplo, sabemos que un 70% de los actuales estudiantes de la educación superior pertenece a la primera generación que accede a ese nivel. Al mismo tiempo, se aprecia un debilitamiento de las instituciones del Estado como principal mecanismo de ascenso social y económico, además de un cambio en los criterios de jerarquización social, dando mayor prioridad al mérito.
Lamentablemente, no todo es positivo. Por ejemplo, no hemos registrado avances en la calidad de la educación. Más aún, en las pruebas internacionales nuestros estudiantes se quedan a la zaga, no sólo de los países de la Ocde, sino también de otras naciones en desarrollo. Eso está socavando nuestra competitividad, lo cual se refleja en el bajo incremento de la productividad, que ha actuado como un freno para los aumentos salariales y el crecimiento económico. Por otra parte, si bien nuestras ciudades han prosperado, su infraestructura no siempre se ha mantenido al ritmo de la demanda y las necesidades de la población, y en muchos sectores urbanos avanzan la contaminación y la delincuencia.
Podríamos decir que a partir del avance en los indicadores generales, Chile presentaría una imagen alentadora, puesto que el nivel de vida material de los chilenos se ha elevado notablemente, pero en muchas áreas la verdadera calidad de vida no muestra mejoras significativas. Así, la situación de los 33 releva la importancia de avanzar en la calidad de los empleos. La situación de consultorios y hospitales públicos y por tanto, de las colas y listas de espera nos alertan sobre el deterioro en la calidad de la salud. El nivel de hacinamiento de las viviendas sociales y el perfil de nuestros barrios, más allá del terremoto, nos notifican sobre el estancamiento en la calidad de vida urbana.
Se puede discutir qué entendemos por calidad de vida de las personas, planteando si se trata del conjunto de condiciones necesarias para la felicidad, de la satisfacción subjetiva con la vida, del potencial de adaptación o del compromiso básico para mejorar la propia vida. Sin embargo, lo que no podemos eludir es que el diseño e implementación de la nueva generación de políticas públicas debe incorporar estos aspectos.
