Por Guillermo Arosemena Arosemena
(Puede verse también las Partes I, II, III y IV de este trabajo)
En la segunda administración de Eloy Alfaro, hubo la misma falta de recursos económicos que en la primera. Los fondos provenientes del presupuesto no fueron suficientes para atender todas las necesidades. Para evitar que Alfaro entrara en descalabro financiero, los empresarios de Guayaquil nuevamente lo sacaron de apuros y le hicieron un préstamo que se cancelaría con la administración del puerto de Guayaquil. Fue una especie de concesión como las que se dan actualmente en países de economías emergentes. Alfaro se adelantó cerca de un siglo a las concesiones que tanto molestan a los socialistas del siglo XXI. Una vez más Alfaro aceptaba que el Estado es muy mal administrador.
En 1907, decidió conceder al sector privado el manipuleo y control de la carga de exportación e importación, que se hizo por medio de lanchas de particulares, debido a que en aquellos años, el muelle ya no funcionaba; evitándose así la evasión tributaria que existía hasta entonces.
Si bien la concesión fue adjudicada a Emilio Estrada, él desistió y en su lugar, la empresa Compañía Nacional Comercial (CNC) asumió la administración del manejo de la carga. Esta empresa fue constituida con un capital de cien mil sucres en partes iguales entre Carlos Alberto Aguirre, Emilio Estrada, Pedro G. Córdova y Francisco Urbina Jado. Años después, el capital se elevó a s/.900.000 e ingresaron 176 nuevos socios. En el nuevo capital, Urbina Jado cedió sus acciones y Manuel San Lucas y Enrique Stagg se convirtieron en principales accionistas con s/.60.000 cada uno.
En el contrato que firmó la citada empresa con el Gobierno nacional se estipuló lo siguiente:
1.- La CNC administraría lo que quedaba del muelle fiscal, comprometiéndose a dar al Gobierno, el 50% de las utilidades líquidas y garantizaba el monto total de las recaudaciones.
2.- La CNC recaudaría para el Gobierno el impuesto de tonelada de Importación y el de sanidad, cobrando solamente por tal gestión un 2%.
3.- La CNC prestaría al Gobierno $600.000 al 9% de interés anual, cuyo capital e intereses se amortizarían con el 3% adicional a los derechos de importación.
4.- La CNC se comprometía a realizar el servicio de carga y descarga del puerto, con sus propios activos (lanchas, grúas, etc.) y solamente cobraría al comercio la tarifa acordada en el contrato, una inferior a la que las lanchas particulares habían cobrado antes de que se firmara el citado contrato.
Esta concesión no agradó a ciertos comerciantes. los que comenzaron una campaña dirigida a desprestigiar a sus administradores. Al referirse al problema presentado, Carlos Alberto Aguirre, gerente de la CNC, en la exposición de motivos, comentó:
“Las medidas severas empleadas por la Compañía, en cumplimiento de su deber, provocaron una resistencia de parte de algunos comerciantes y causaron una campaña tenaz y formidable contra ella. Ya bajo sus firmas, ya bajo anónimos, se dirigieron á las Cámaras Legislativas tratando de demostrar que el contrato era lesivo para sus intereses, leonino, y ruinoso para el país”.
Los detractores llegaron a manipular las estadísticas de exportación e importación para probar que la citada empresa se beneficiaba en enormes cantidades de dinero. Un año más tarde, los opositores lograron convencer a ciertos legisladores para que dictaran una resolución disponiendo que el Poder Ejecutivo reasumiera la administración de los servicios que hacía la CNC, para lo cual debía obtener un préstamo del comercio de Guayaquil, para comprar los activos de la CNC.
En su defensa, la CNC sostuvo que el, “monopolio de las lanchas era antes, cuando los Agentes de Vapores eran a la vez empresarios de ellas, y cuando no toleraban que nadie, sino ellos acudieran por la carga. Monopolio era antes, cuando esos Agentes fijaban para sus lanchas la tarifa a conveniencia”.
Más adelante en su exposición, Aguirre agregó, “Si el Gobierno tuviera un muelle al que pudieran atracar los vapores de alto bordo, el servicio de las lanchas sería innecesario, y la carga y descargar se haría directamente en el muelle y estaría a cargo del Gobierno. Pero como carece de tal muelle, tiene que hacer uso de las lanchas, que son como una prolongación de él…Puesto el embarque y desembarque en manos de la Compañía…el Gobierno tiene el control y la vigilancia que necesitaba, y el Comercio la garantía de una tarifa estable y que es inferior á la que cobraban los empresarios particulares”.
Finalmente Aguirre probó que durante el primer año de operaciones, las recaudaciones de aduana aumentaron en 11%, el derecho de tonelaje en 42% y 110.828 sucres por concepto del 50% de las utilidades, cantidad equivalente al 1.3% de todos los aranceles de aduana durante el año de 1908.
Eloy Alfaro defendió el contrato y argumentó que el Estado no tenía los fondos, ni estaba preparado para administrar la carga eficientemente,
”...habéis ordenado que el Gobierno reasuma inmediatamente la administración del Muelle, etc. Nada tendría de objetar á esto, si el Ejecutivo contara con los medios de cumplirlos; pero, las lanchas, los remolcadores y todo el material necesario para el servicio del Muelle, pertenecen á la Compañía Nacional Comercial; de manera que el Gobierno tiene que comprar esos elementos, ya sea a la misma Compañía ya a otras personas. Y para realizar esta compra, ha menester una fuerte suma, de trescientos á cuatrocientos mil sucres, que la Legislatura está en el deber de arbitrar, para que la Resolución sea cumplida. De otro modo, con qué lanchas y material de muelle podría atender el Gobierno inmediatamente á las necesidades del Comercio, como lo habéis resuelto?”.
No habiendo podido los legisladores desvirtuar las acusaciones ni encontrado los recursos financieros para que el Gobierno se hiciera cargo de los servicios de la CNC, en 1909 firmaron entre ellos el convenio que acuerda el statu quo, por medio del cual la concesión a la CNC continuó en las mismas condiciones que se estipulaban en el contrato de 1907.
