Por Juan Ramón Rallo
Libertad Digital, Madrid
Constatado el fracaso de la huelga por boca de un lacrimógeno Corbacho, quien parecía más un frustrado pirómano que un airoso superviviente de la quema, queda, como reclaman nuestras centrales sindicales, que la convocatoria traiga sus consecuencias. Al cabo, si ni siquiera el corte de las comunicaciones y la decidida actuación de los piquetes antiobreros ha conseguido que más de un 5% de los ultrajados trabajadores patrios secundara la huelga de nuestros sindicatos "mayoritarios" (sic), entonces el restante 95% tendremos que exigir responsabilidades.
Porque ese 5% apenas alcanza para cubrir los afiliados sindicales que no sean liberados más algún que otro empleado de alguna industria –como la del automóvil– con una estructural sobreproducción y a la que no le venía mal parar las máquinas por un día para ahorrarse unos eurillos. Así, tras este espectáculo revolucionario-circense, habrá que pasarles cuentas.
Primero, a los sindicatos. Dado que exigen una rectificación inmediata de la política gubernamental, deberán tenerla: basta ya de privilegios y de subvenciones millonarias. Los sindicatos son un claro ejemplo de grupo de presión autoalimentado: su función social es nula o contraproducente –de ahí que vivan del presupuesto– pero han conseguido crear el mito de que son imprescindibles para el buen funcionamiento del país. Gracias a semejante narrativa ucrónica, han logrado generar una burocracia dependiente de los fondos que coactivamente les transfieren los empresarios y el conjunto de los españoles a través del erario público. Sólo los propios sindicalistas secundan sus huelgas, sólo los propios sindicalistas acuden a sus manifestaciones, sólo los propios sindicalistas reclaman una mayor presencia suya en las instituciones. Es lógico, pues su privilegiado y lujoso modo de vida depende de ello, pero no permisible: la rigidez del mercado laboral español requiere de cambios urgentes y uno de ellos pasa por acabar con el sindicato vertical de la Comisión General de los Trabajadores o de las Uniones Obreras; esto es, pasa por implementar a un modelo de negociación contractual entre las partes y por que los sindicatos se financien sólo con las cuotas de sus afiliados (si es disponen de alguno).
Pero el fracaso de la huelga no sólo debería arrollar a los sindicatos, sino también el Gobierno. Durante tres años de durísima crisis económica, el Ejecutivo socialista abdicó de sus responsabilidades económicas para que los "agentes sociales" negociaran una reforma laboral que sirviera para capear la depresión. Se nos dijo que el Gobierno no podía ignorar a los sindicatos debido a su enorme representatividad social y la bromita nos ha costado casi tres millones de puestos de trabajo. No fue hasta que Merkel estuvo pisándole los talones a Zapatero cuando éste aceptó hacer como que ignoraba a los sindicatos y sacó adelante su propia reforma laboral; un simulacro que, no obstante, ha concluido como sólo podía concluir: en un nuevo pasteleo entre el Gobierno y los sindicatos para no tocar los elementos esenciales de nuestro franquista mercado laboral cuyo acto central ha sido esta burla general.
Si los sindicatos y sus liberados sobran, con más motivo sobra su Gobierno cómplice. Así no. Rectificación ya. Conocemos de sobra cuáles son los réditos de la política económica izquierdista: recesión y paro. Levantemos sus privilegios y dejemos que la economía se ajuste. Del río revuelto de esta crisis sólo están acaparando pescados los grupos de presión que viven del presupuesto público, entre ellos los sindicatos. Despidámonos de ellos y del desvergonzado Gobierno que en época de carestía está dispuesto a seguir comprando su apoyo con nuestros cada vez menores ahorros. A buen seguro, los millones de personas a las que sus ruinosas políticas han condenado al desempleo lo agradecerán. Que la huelga no haya sido en vano.
