Por Emilio J. González
Libertad Digital, Madrid
Si alguna virtud tiene el 29-S es la de poner en evidencia la verdadera naturaleza del sindicalismo oficialista español. UGT y CCOO han convocado una huelga general y nadie sabe realmente cuál es el motivo, porque los dos sindicatos han permanecido callados mientras la crisis destruía empleos a mansalva por no molestar a un Gobierno 'amigo', que se porta de forma tan generosa con ellos a base de subvenciones públicas. Esto lo entiende todo el mundo y, por ello, han perdido casi 300.000 afiliados en los últimos doce meses.
En cambio, en Madrid, la huelga tiene otro carácter. No es un paro contra la crisis, ni contra los gobernantes que nos han metido de hoz y coz en ella y no hacen nada para sacarnos del profundo pozo en el que hemos caído. No es una protesta por los millones de parados que está dejando tras de sí el zapaterismo, muchos de los cuales ya están perdiendo el derecho a la prestación por desempleo y, por tanto, el único medio de vida que les quedaba sin que en el horizonte se atisben posibilidades de que vayan a poder encontrar pronto otro trabajo, sobre todo los mayores de 45 años. No, en Madrid es una huelga política contra el Gobierno legítimamente elegido de Esperanza Aguirre, que ha hundido las expectativas y las posibilidades de que la izquierda pueda triunfar en esta autonomía. Y los sindicatos, que se saltan a la torera la voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las urnas, están dispuestos a que las cosas cambien por las malas si no se consigue por las buenas desplazar al PP del poder en Madrid. Por ello, la convocatoria de Madrid tiene todas las características de una huelga política, cuando este tipo de movilizaciones están prohibidas. Esos son nuestros sindicatos, que se pasan la ley por el arco del triunfo a conveniencia.
Lo mismo ocurre con la asistencia al trabajo. Dicen UGT y CCOO que el derecho a la huelga prevalece sobre el derecho al trabajo. Que yo recuerde, sin embargo, la Constitución no dice nada de eso y protege los dos derechos por igual, por considerarlos fundamentales en un sistema democrático y de libertades. Nuestros sindicatos, sin embargo, sólo entienden de libertad lo que les conviene y para lo que les conviene y se creen que, por decir que todo es en nombre de los trabajadores, están legitimados para poder hacer lo que quieran y como quieran, mientras una parte de la sociedad los mira con complacencia porque sigue pensando que si las cosas vienen de la izquierda nunca pueden ser malas 'per se'. Pues ese es un gran error porque nadie puede ni debe saltarse los preceptos constitucionales a la torera, ni en nombre de Dios, ni de la patria, ni del pueblo, porque supone la quiebra del Estado de Derecho, de las libertades y de la democracia y, de alguna forma, legitima al adversario para hacer lo mismo.
La libertad no entiende de partidos ni ideologías, ni tiene más causa que su defensa en nombre de ella misma, que es el bien superior, no una religión, una patria o la clase trabajadora. Todo lo demás es un atentado contra la misma, venga de donde venga y lo promueva quien lo promueva. Y en esto no hay distinción ideológica que valga porque cualquier pensamiento que restringa la libertad en un sistema político, incluso la de aquellos que quieran acudir a su puesto de trabajo, es un comportamiento dictatorial tan condenable si procede de la derecha como si lo promueve la izquierda. Por desgracia, esta lección de convivencia que trataron de impartir quienes promovieron a mediados de los 70 una transición pacífica hacia la libertad y la democracia no ha calado entre nuestros sindicatos ni entre quienes los respaldan desde la política y la sociedad.
La cuestión, por tanto, no es si UGT y CCOO consiguen o no paralizar el país o, al menos, Madrid; ni tampoco si, al final de la jornada, ha ganado el Gobierno, los sindicatos o el PP. La cuestión es si dejan que los ciudadanos puedan optar libremente por trabajar o si, por el contrario, les imponen por la fuerza el quedarse en casa a base de incumplir los servicios mínimos en el transporte, impedir la apertura de comercios y oficinas con sus tácticas habituales o utilizar los piquetes para amedrentar, por decirlo de alguna manera, a todo aquel que, en el ejercicio de su libertad, se niegue a sumarse a los deseos de los sindicatos.
Habrá personas que digan que en la lógica de la huelga está el empleo de estos medios para que los sindicatos consigan los fines que persiguen, que esa es la propia naturaleza de la huelga. Una naturaleza revolucionaria, dicho sea de paso. Pero lo cierto es que cualquier acción que impida a las personas ejercer el derecho a elegir en libertad entre trabajar o secundar el paro es una acción contra los derechos fundamentales y los pilares básicos de la libertad, es un atentado flagrante contra esta última y eso no lo cambia el que la huelga esté convocada por los sindicatos, porque si estos toman a la sociedad como rehén por la fuerza, habrán quebrantado los fundamentos de la libertad. ¿Para cuándo una ley de huelga que lo impida?
