Por Juan Carlos Hidalgo
Podemos perdonar a los brasileños por su autocomplacencia cuando se dirijan a las urnas este domingo. La economía crece, la pobreza está disminuyendo, las históricas desigualdades de ingreso han caído un poco y su país es visto finalmente por muchos como una potencia económica emergente. Por lo tanto no debería sorprendernos que los brasileños voten por el continuismo al elegir como presidenta a Dilma Rousseff –la sucesora ungida por Lula da Silva–. No obstante, si Brasil pretende no defraudar las grandes expectativas que hay sobre su economía, tanto domésticas como extranjeras, necesita una fuerte dosis de cambio en materia de reformas de libre mercado.
Luego de muchos años de estancamiento económico e hiperinflación, Brasil disfrutó durante la última década de un bienvenido periodo de estabilidad y crecimiento. En los cuatro años que precedieron al 2009 (año en que la economía se contrajo en un 0,2% debido a la recesión mundial) su crecimiento promedio fue un saludable 4,6% anual. Este año se espera que la economía crezca en más del 7%.
La reciente estabilidad de Brasil tiene su origen en las reformas implementadas durante la administración de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), las cuales, entre otras cosas, redujeron la inflación, y en el competente manejo macroeconómico del gobierno de Lula. Sin embargo, gran parte del crecimiento de Brasil en esta década ha sido impulsado por los altos precios y la fuerte demanda por sus materias primas. También ha influido en los últimos años un aumento en el gasto público.
Aun con estos factores externos favorables, el desempeño económico de Brasil está lejos de ser impresionante: su tasa de crecimiento está muy por debajo de las de China y la India, y es incluso inferior a las de otras economías de la región. Durante la última década, diez países latinoamericanos gozaron de crecimiento más alto que el de Brasil. Como señala el economista Sebastián Edwards de UCLA, “la gran mayoría de los indicadores analizados muestran una considerable brecha entre las condiciones actuales de Brasil y aquellas de otros países y regiones que han sido exitosos”.
Una encuesta reciente realizada por el Pew Research Center muestra una imagen contradictoria de las actitudes de los brasileños hacia la economía, en la que la satisfacción con las políticas actuales se mezcla con una creciente visión favorable hacia el libre mercado. Por un lado, la población está ampliamente satisfecha con la manera en que van las cosas: un 62% dice que la economía está en buen estado y tres cuartos de los brasileños piensan que la situación económica mejorará el próximo año. Lo que nos conduce a la segunda revelación de la encuesta: una gran mayoría (75%) de los brasileños respalda una economía de libre mercado incluso si esta conduce a mayores desigualdades de ingreso. Un número similar considera que las grandes empresas extranjeras tienen una influencia positiva en Brasil. Esto es sorprendente en un país que ha visto históricamente al liberalismo económico con gran escepticismo.
No obstante, hay una disparidad importante entre lo que los brasileños ven favorablemente y su realidad. La última edición del índice de Libertad Económica en el Mundo publicado por el Fraser Institute muestra a Brasil en la posición 102 de 141 economías estudiadas. Es la quinta menos libre de América Latina. Si los brasileños en verdad quieren políticas que sostengan el crecimiento de los últimos años, tienen mucho trecho que recorrer en cuanto a reformas que liberalicen su mercado.
En particular, Brasil debe hacer algo acerca de su oneroso y engorroso régimen tributario. De acuerdo al reporte Haciendo Negocios del Banco Mundial, un empresario brasileño gasta 2.600 horas al año calculando sus impuestos (frente a las 194 horas que dura su contraparte en los países mayormente desarrollados de la OCDE). Este mismo empresario destina el 69% de sus ganancias al pago de impuestos (frente a un 44,5% que destinan sus pares en las naciones ricas). En su último Reporte de Competitividad Global, el Foro Económico Mundial señala a las regulaciones tributarias y a las tasas impositivas como “los factores más problemáticos para hacer negocios” en Brasil, y de hecho pone al país en el fondo del ranking de 139 naciones en el indicador de “alcance y efectos de los impuestos”. La carga tributaria de Brasil en el 2009 representó un 35% del PIB, un monto muy elevado para una economía en desarrollo.
La tramitología y los mercados laborales inflexibles también constituyen obstáculos importantes para una mayor productividad. Empezar un negocio demora cuatro meses en procedimientos burocráticos, comparado con los 13 días que este proceso tarda en el mundo desarrollado. Brasil tiene una de las leyes laborales más rígidas en América Latina, una región de por sí conocida por sus mercados laborales inflexibles. Los impuestos asfixiantes, la rigidez en el empleo y una burocracia abrumadora son los responsables de un sector informal que emplea a más del 50% de la fuerza laboral brasileña. Además, las barreras comerciales siguen siendo altas, especialmente sobre los productos industriales. También hay un amplio espacio para reformas en esta área.
Lamentablemente ninguno de los principales candidatos a la presidencia habla de la necesidad de un cambio. Si algo distingue a Rousseff de Lula es que parece inclinarse más por la intervención estatal en la economía. Y esto no parece importarles a los brasileños. En gran medida están contentos con la dirección –y velocidad– en que se dirige su país. Esto es comprensible ya que la estabilidad y prosperidad actuales contrastan marcadamente con las crisis y el estancamiento del pasado. Sin embargo, las aspiraciones de Brasil de convertirse en una potencia económica mundial solo podrán materializarse si logra superar su autocomplacencia respecto a las reformas necesarias que necesita para convertirse en una verdadera economía de mercado.
Juan Carlos Hidalgo es coordinador de proyectos para América Latina en el Cato Institute (www.elcato.org).
