Por Gabriela Calderón de Burgos
Los sindicatos (o asociaciones profesionales o comités de empresa) suelen ser percibidos como defensores de los derechos de todos los trabajadores. Ellos son los “valientes” que renuncian a trabajar para lograr “conquistas” para su grupo. Ellos suelen olvidar que la peor alternativa a un trabajo de salario bajo es no tener un trabajo.
Pero en un país con una alta tasa de subempleo, muchos trabajadores valoran el hecho de tener un trabajo, incluso cuando no les pagan lo que quisieran. Además, el simple hecho de recibir una remuneración por debajo de lo que uno quisiera no constituye la violación de un derecho.
María Augusta Gómez junto con 130 de sus compañeros viajaron a Quito la semana pasada para expresar su deseo de trabajar, aún sin que la empresa Continental Tires Andina (anteriormente Erco) se someta a las demandas del Comité de Empresa. Ella se pagó su pasaje desde Cuenca a Quito para manifestarse frente al Ministerio de Relaciones Laborales porque “estamos cansados de no recibir sueldo”.
El derecho a organizarse en sindicatos u otro tipo de grupo para negociar colectivamente los contratos es perfectamente consistente con la libertad de cada individuo, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de otros y la correspondiente libertad de no asociarse. Gómez es una de más de 700 trabajadores de Conti a quienes un grupo de 330 personas les prohibieron trabajar durante más de 70 días. Entre 2009 y 2010, el Comité de Empresa de Conti se tomó las instalaciones durante un total de 162 días. Por esos días de inactividad, la fábrica dejó de vender 42 millones de dólares. Así se destruye riqueza.
El Comité de Empresa viene tomando estas medidas arbitrarias desde marzo de 2005: cada vez demandan mayores beneficios y cada vez que sucede la empresa deja de producir. Aunque a corto plazo le generan aumentos salariales a los trabajadores, ¿de dónde creen los huelguistas que vendrán sus “conquistas sociales” cuando ya haya sido esquilmada la riqueza de la empresa o cuando esta se haya ido a otro país?
Frente a los actos de coacción –tomarse la propiedad de otro y prohibirle a otros trabajar– las autoridades no han endosado responsabilidad alguna para aquellos trabajadores que violaron los derechos fundamentales de otros. Al contrario, el Ministro de Relaciones Laborales llegó a mencionar la posibilidad de expropiar la empresa.
Imagínese si lo sucedido con Conti empezará a suceder con más empresas alrededor del país. Las autoridades ya han demostrado de qué lado están. Así se podría llegar a paralizar la producción del país.
El economista austriaco Ludwig von Mises decía que en la economía de mercado las ganancias acumuladas y reinvertidas por los empresarios benefician al hombre común y corriente de manera doble: primero ofreciéndole una plaza de trabajo y segundo satisfaciendo sus necesidades como consumidor. La paralización arbitraria de la producción por parte de un grupo de trabajadores, con el aparente aval de las autoridades del Estado, destruye riqueza. Eventualmente los creadores de riqueza huyen y el hombre común se queda sin trabajo y sin ingreso para consumir. La historia se ha repetido varias veces durante los últimos 30 años en nuestro país.
