Nueva York. – En el primer aniversario de su encarcelamiento, la Human Rights Foundation (HRF) declara a Rubén González prisionero de conciencia y pide su liberación inmediata.
González, un líder sindical venezolano (51), fue encarcelado luego de liderar una huelga de 15 días en la empresa estatal CVG Ferrominera Orinoco C.A. (Ferrominera), en reclamo del incumplimiento de una convención colectiva de trabajo. La declaración de la HRF fue realizada junto con la publicación de un informe jurídico que concluye que González fue acusado, detenido, encarcelado y juzgado exclusivamente por haber ejercido su derecho a la libertad sindical en Venezuela. Su caso es el séptimo de los “Caracas Nine”.
“El gobierno de Chávez dice estar a favor de los derechos de los trabajadores, pero pareciera que estos derechos no aplican a las docenas de miles de venezolanos que trabajan en las empresas estatales”, dijo Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la HRF. “En su calidad de principal dirigente sindical de Ferrominera, González lideró a miles de trabajadores durante una huelga pacífica. La respuesta del gobierno consistió en meterlo a la cárcel para enjuiciarlo penalmente”, apuntó Halvorssen.
El 12 de agosto de 2009, González, secretario general del mayor sindicato de Ferrominera (Sintraferrominera), lideró una huelga pacífica de aproximadamente 2 000 trabajadores, en reclamo del incumplimiento de una convención colectiva firmada el 5 de enero de 2009 y homologada el 1 de junio de ese año. La huelga concluyó dos semanas después, luego de que Radwan Sabbagh, presidente de Ferrominera, y Rubén González, suscribieran un “acta convenio” en la que se acordó la finalización de la huelga a cambio del compromiso de la compañía de cumplir con sus obligaciones. El 24 de septiembre de 2009, luego de casi 27 años de trabajo en Ferrominera, González fue detenido como sospechoso de la comisión de los delitos de agavillamiento, instigación pública a delinquir, restricción a la libertad del trabajo, y violación de la zona de seguridad. Dos días después, un juez decretó el arresto domiciliario de González, y éste permaneció en esa condición hasta el 21 de enero de 2010, fecha en que otro juez ordenó su prisión preventiva en la cárcel de la sede policial Patrulleros del Caroní.
“El juicio que se está realizando contra González es un ejemplo más de la creciente criminalización de las actividades sindicales en Venezuela. Con la finalidad de servir los propósitos del actual gobierno, fiscales y jueces trabajan codo a codo para desproveer a las leyes venezolanas de cualquier sentido protector de derechos”, afirmó El-Hage, director jurídico de la HRF. “El caso está clarísimo: el juicio contra González es una represalia contra una actividad sindical legítima y viola el estándar de protección de la libertad sindical de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos”, concluyó El-Hage.
El 22 de enero de 2010, el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (SUNEP-C.V.G.) presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a raíz del caso de González. El 19 de noviembre de 2010, este Comité de la OIT determinó “que los hechos imputados contra este dirigente sindical no justifican su detención provisional o arresto domiciliario desde septiembre de 2009”, y pidió al Estado venezolano “que se le libere sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos”. En la actualidad, González continúa encarcelado mientras se desarrolla el juicio contra él.
La persecución que sufren muchos trabajadores y dirigentes sindicales por ejercer el derecho de huelga en Venezuela es apenas un tipo de violación de derechos humanos que ocurre en un contexto de sistemática criminalización de la protesta social. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado “al Estado [venezolano] a abstenerse de someter a procesos judiciales a dirigentes sindicales que de manera legítima y pacífica ejercen [el] derecho [de huelga]”. Según cifras del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en los últimos cinco años se registraron más de 2 240 manifestantes sometidos a procesos penales, la mayoría sujetos a diversas medidas restrictivas, sustitutivas de la prisión preventiva. Sólo en el año 2009, se contabilizaron 3 297 manifestaciones públicas, y en ellas se detuvieron a 754 manifestantes.
“El caso de González es emblemático de la grave situación de los derechos humanos en Venezuela y del alto grado de erosión de la democracia en ese país”, dijo Thor Halvorssen. “El gobierno debe liberarlo y dejar de tratar el disenso como si fuera un crimen”, concluyó.
Thomas R. Donahue, ex presidente y actual presidente honorario de la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), y presidente del directorio del Comité para la Libertad Sindical (CFTU, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado a través del cual “se une a la protesta de la HRF” y pide al Estado venezolano “dejar de burlarse de su propio sistema judicial y liberar a Rubén González”.
El caso de Rubén González es el séptimo que la HRF ha documentado a través de su proyecto Caracas Nine (www.CaracasNine.com), el cual tiene como finalidad dar a conocer al mundo los casos de personas que son víctimas de acoso, persecución judicial o encarcelamiento por expresar opiniones críticas o ejercer sus derechos humanos contra la voluntad del gobierno venezolano.
La Human Rights Foundation (HRF) es una organización internacional, apolítica, dedicada a defender los derechos humanos en el continente americano. La Fundación centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión, de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de la HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. La HRF no justifica ni aboga por la violencia. El Consejo Internacional de la HRF está constituido por individuos que fueron presos de conciencia como Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel, Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel, y Harry Wu.
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