Por Alvaro Vargas Llosa
La muerte de Bin Laden a manos de comandos de elite (Navy Seals) de la Marina estadounidense en Pakistán ha disparado un intenso debate legal que va creciendo con los días, a medida que el impacto de la noticia se va diluyendo en el imaginario de los ciudadanos. Es un debate que arreció sobre todo en Europa durante parte de esta semana, pero que pronto saltó a Estados Unidos, donde, con menos intensidad y mucha mayor impopularidad, un grupo de medios y de juristas trata de cuestionar la legalidad de la muerte de quien era el terrorista más buscado del mundo. En cierta forma, este debate es la prolongación del que tiene lugar desde hace años en torno al uso de la Base Naval de Guantánamo, los métodos empleados en interrogatorios y otros aspectos de la guerra contra el terrorismo.
En Europa, la reacción fue casi instantánea. El semanario Der Spiegel, muy influyente en Alemania y otros países europeos, tituló así su principal nota: "¿Fue legal la muerte de Bin Laden?". La BBC de Londres, por su parte, apeló al profesor Eric Freedman, de Hofstra University, en Nueva York, para sostener que se trató de un hecho no apegado a la Constitución estadounidense ni al derecho internacional, porque la premisa básica -que Estados Unidos está en guerra con Al Qaeda- no tiene validez al no ser Al Qaeda un Estado. Los juristas norteamericanos que cuestionaron la legalidad del operativo usaron medios europeos en una primera instancia.
Dentro de Estados Unidos, el primero en romper la unanimidad en los medios fue Michael Moore, el documentalista conocido por sus posiciones radicales de izquierda en este país. Moore habló de "ejecución" y atacó a quienes fueron a celebrar a Ground Zero, el lugar donde estuvieron las Torres Gemelas en Nueva York antes del ataque del 11 de septiembre de 2001, la muerte del cerebro de la masacre que gatilló la guerra contra el terrorismo. "Perdimos algo de nuestra alma en este país", afirmó Moore, "algo que nos separa de otros países cuando decimos que todo el mundo tiene derecho a acudir ante un tribunal por malvado que sea".
Algunos juristas entrevistados por la cadena ABC, como Kenneth Anderson, catedrático experto en derecho de guerra, sostuvieron en los días siguientes que Eric Holder, el fiscal general y secretario de Justicia, "no defendió bien la acción del gobierno, porque no explicó con claridad desde el comienzo si fue necesario usar fuerza letal, si hubo una advertencia previa a Bin Laden, o si se lo invitó a entregarse antes de matarlo".
El gobierno de Barack Obama, como el de George W. Bush, con respecto a la guerra contra el terror en su momento, basa su argumento jurídico para justificar el abatimiento de Bin Laden en dos leyes fundamentales. Una es la "Autorización para el uso de la fuerza", otorgada por el Congreso el 18 de septiembre de 2001, inmediatamente después de los atentados de Al Qaeda en Nueva York, Washington y Filadelfia. En ella, se autoriza al gobierno a usar "toda la fuerza apropiada y necesaria" contra quienes autorizaron, planificaron y ejecutaron los atentados. Fue esta la ley que usó Bush para lanzar el ataque contra Afganistán en respuesta a los atentados. La otra ley es la Resolución de Poderes de Guerra, aprobada en 1973 y según la cual el presidente sólo puede ir a la guerra con permiso del Congreso.
Estos dos instrumentos jurídicos, según el Departamento de Justicia, son compatibles con el Derecho Internacional, pues Naciones Unidas y los distintos tratados relativos a la guerra permiten a un Ejército matar a un combatiente enemigo. Pero el problema está, según los críticos, en si se trata propiamente de una guerra tal y como el propio derecho internacional la define. La Administración Obama dice que "hay una guerra continua contra Al Qaeda" y que se trata de un conflicto que le declaró abiertamente Bin Laden a Estados Unidos usando esa misma palabra. Por ello, el propio Presidente Obama aseveró, el día en que hizo público que los Navy Seals habían matado a Bin Laden: "Se hizo justicia".
Los críticos, sin embargo, sostienen que Al Qaeda no es un Estado y que no hay evidencias de que Bin Laden fuese un comandante directamente en condiciones de dar órdenes para acciones militares contra Estados Unidos desde su refugio. Si lo era, probablemente caía dentro de la definición del "enemigo combatiente", pero su rol era más bien simbólico, o si había abandonado toda participación operativa desde hacía años, ya no podía, en 2011, ser considerado un jefe militar y, por tanto, tratado como un enemigo capaz de atacar a Estados Unidos.
Se suma a este cuestionamiento una segunda línea argumental, que expuso un par de días después del operativo el Ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Salman Bashir. Según el gobierno de Islamabad, Estados Unidos violó el derecho internacional, porque violentó la soberanía de ese país al no pedir un consentimiento previamente. Como es muy sabido, Estados Unidos, que desconfía de la Inter Services Intelligence, los servicios de espionaje paquistaníes, ocultó al gobierno de ese país todo lo relativo a la operación. El Presidente Zardari se enteró de lo que había sucedido a apenas 50 kilómetros de Islamabad, donde está la sede de su gobierno, después de los hechos.
Sin embargo, los congresistas estadounidenses que defienden la legalidad de este ocultamiento sostienen que la complicidad de los servicios de inteligencia de Pakistán con Al Qaeda, que Washington denuncia desde hace tiempo, introducen un elemento modificador de la premisa en que se basan quienes creen que la violación de soberanía resta legalidad a la operación. Esencialmente, argumentan lo mismo que el gobierno colombiano de Alvaro Uribe, cuando el 1 de marzo de 2008 ordenó la incursión de tropas de su país en Ecuador para atacar el campamento de Raúl Reyes, comandante de las Farc. Esa incursión fue duramente cuestionada desde el punto de vista jurídico en aquel momento (Ecuador llegó a abrir proceso penal contra Juan Manuel Santos, entonces ministro de Justicia colombiano). Pero Colombia argumentó que la persistente renuencia de Ecuador a actuar contra los campamentos de la guerrilla terrorista en la zona de frontera con Colombia habían suspendido la validez del principio de soberanía. Luego ofreció disculpas, lo que hizo todavía más compleja la argumentación legal.
La discusión jurídica sobre el disparo en la cabeza que mató a Bin Laden entronca con el debate, que lleva ya muchos años, sobre el uso de la Base Naval de Guantánamo para mantener con derechos suspendidos a los sospechosos de pertenecer o colaborar con Al Qaeda. El argumento de Bush en su día fue que los detenidos eran "enemigos combatientes" en medio de una guerra y que, por tanto, mientras no se acabara el conflicto no había ninguna violación del derecho internacional en el hecho de no someterlos a juicio. La premisa era, por tanto, la misma que ahora: Estados Unidos trata a la organización de Al Qaeda como trataría a un país enemigo.
Pero esto, precisamente, es lo que juristas como Eric Freedman consideran que es estirar demasiado los conceptos, habida cuenta de que el derecho internacional, que no es finalmente otra cosa que un conjunto de tratados y precedentes, no prevé una guerra contra una organización que no sea un Estado. Si esta interpretación es correcta, Bin Laden era un criminal, pero no un "enemigo combatiente" y, por tanto, no había autorización legal para matarlo, a menos que fuese en defensa propia.
Sobre este último punto -la defensa propia o el temor legítimo a ser atacado- hay también mucho debate. En parte, porque la versión original de la Casa Blanca -que Bin Laden se resistió y que hubo un intercambio de fuego, en el que aparentemente él o quienes estaban en la habitación con él participaron- fue luego corregida por el propio gobierno. Se supo poco después que hubo intercambio de disparos en el primer piso, no donde estaba Bin Laden, y que éste no estaba armado. Por tanto, sólo el argumento de la guerra, mas no el de la defensa propia, permite hoy a la Casa Blanca asegurar que se trató de un acto legal. Según Eric Holder, "la operación en la que Osama bin Laden fue abatido fue legal. Era la cabeza de Al Qaeda, organización que condujo los ataques del 11 de septiembre. El mismo admitió su participación".
La ironía política de esta discusión, más allá de los aspectos legales, es que haya sido Barack Obama, el archienemigo de Guantánamo que prometió cerrar la base porque lo que allí ocurría violaba el derecho internacional, quien ahora se haya visto obligado a emplear los mismos argumentos para justificar el abatimiento de Bin Laden. La suya es una posición política más sólida, sin embargo, que la de Bush, porque tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano lo respaldan. Su ex rival en las elecciones presidenciales, John McCain, que tanto cuestionó las credenciales de Obama como futuro comandante en jefe, hoy lo respalda por su actuación. Sólo sectores académicos y alguna figura mediática lo cuestionan, pero tiene su flanco derecho ampliamente cubierto por quienes antes lo consideraban un peligro para la seguridad nacional. En cierta forma, la guerra contra el terrorismo ha acercado a Obama y Bush como ninguno de los dos sospechó que lo estarían. De hecho, fue a Bush, antes que a Clinton, a quien Obama llamó para darle la noticia del operativo el domingo pasado.
En términos políticos, lo sucedido no tiene el menor riesgo para Obama. Nadie en el escenario político cuestiona en lo mas mínimo la operación en sí. El fervor patriótico desatado por ella garantiza a Obama que durante los próximos meses su posición de cara a la campaña electoral para la reelección sea muy firme. Parece a estas alturas inconcebible que se cuestione, en esa campaña, la juridicidad de la operación. De hecho, las únicas críticas que sus adversarios se han atrevido a esgrimir en estos días desde el bando republicano han sido enteramente tangenciales. Por ejemplo, Sarah Palin, la ex candidata a la vicepresidencia en el ticket de McCain, ha dicho que Obama hace muy mal en no publicar las fotos del cadáver de Bin Laden. Palin se aferra a este asunto precisamente porque ninguna otra línea de cuestionamiento sería políticamente rentable. Y ello ha dado pie a otra ironía política: Obama ha respondido que hacerlo sería poner en peligro la seguridad nacional. ¿Quién hubiera pensado, en 2008, en plena campaña electoral, cuando los republicanos advertían al país el grave riesgo que para la seguridad nacional de Estados Unidos constituía el candidato Barack Obama, que algún día el acusado se volvería contra ellos y los acusaría exactamente de lo mismo?
