Por Mario Vargas Llosa
El País, Madrid
Aunque no soy creyente, tengo muchos amigos católicos, sacerdotes y laicos, y un gran respeto por quienes tratan de vivir de acuerdo con sus convicciones religiosas. El cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, en cambio, me parece representar la peor tradición de la Iglesia, la autoritaria y oscurantista, la del Index, Torquemada, la Inquisición y las parrillas para el hereje y el apóstata, y su reciente autodefensa, “Los irrenunciables derechos humanos”, publicada el 1 de mayo en Lima, justifica todas las críticas que en nombre de la democracia y los derechos humanos recibe con frecuencia y, principalmente, de los sectores católicos más liberales.
En su texto, desmiente que dijera jamás que “los derechos humanos son una cojudez” (palabrota peruana equivalente a la española gilipollez) y afirma que, en realidad, a quien aplicó tal grosería fue solo a la Coordinadora de Derechos Humanos, una institución dirigida por una ex religiosa española, Pilar Coll, que durante los años de las grandes matanzas perpetradas por la dictadura fujimorista llevó a cabo una admirable campaña de denuncia de los crímenes, torturas y desapariciones que se cometían con el pretexto de la lucha contra Sendero Luminoso (la Comisión de la Verdad, que presidió el exrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner, ha documentado estas atrocidades).
El cardenal Cipriani desmiente, además, que durante la dictadura hubiera guardado silencio frente a uno de los crímenes colectivos más abyectos cometidos por Fujimori y sus cómplices: la esterilización, mediante engaños, de unas 300,000 campesinas a las que, por orden del dictador, los equipos del Ministerio de Salud ligaron las trompas o castraron, asegurándoles que se trataba de simples vacunas o de una medida que solo temporalmente les impediría concebir. ¿Cómo es que nadie se enteró en el Perú de que el arzobispo había encontrado reprobables estos atropellos? Porque en vez de protestar públicamente ¡se limitó a hacerlo en privado, es decir, susurrando con discreción su protesta en el pabellón de la oreja del dictador!
El cardenal no suele ser tan discreto cuando se trata de protestar contra los preservativos y no se diga el aborto, o, para el caso, contra quienes en esta segunda vuelta de las elecciones peruanas apoyamos a Ollanta Humala. Por ejemplo, por haberlo hecho yo, me ha amonestado de manera estentórea y nada menos que desde el púlpito de la catedral de Lima, durante un oficio. Me ha pedido “más seriedad” y ha clamado que cómo me atrevo a dar consejos por quién votar a los peruanos. El cardenal está nervioso y olvida que todavía hay libertad en el Perú y que cualquier ciudadano puede opinar sobre política sin pedirle permiso a él ni a nadie (claro que las cosas cambiarán si sale elegida la señora Fujimori, la candidata a la que él bendecía en aquel mismo oficio en el que me prohibía opinar).
No solo el arzobispo de Lima se excede en estos días de campaña y guerra sucia en el Perú. Una connotada fujimorista, también del Opus Dei, como monseñor Cipriani, Martha Chávez, ha amenazado públicamente al presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, eminente jurista que presidió el Tribunal que condenó a 25 años de cárcel a Fujimori por crímenes contra los derechos humanos, con esta frase profética: “Tendrá que responder en su momento”.
Pero acaso lo más inquietante sean los intentos de purgar a los medios de comunicación, principalmente los canales de televisión, de periodistas independientes y probos, que se resisten a convertirse en propagandistas de la candidatura de la hija del exdictador. El caso más sonado ha sido el de Patricia Montero, productora general, y José Jara, productor de un noticiero, ambos del Canal N, despedidos, según ha denunciado la primera de ellos, porque los directivos estimaron que habían “humanizado” al candidato Humala en los boletines (¿pretendían que lo animalizaran, más bien?). Estos despidos han provocado una verdadera tempestad de críticas, entre ellas de los más prestigiosos periodistas del propio Canal N, en defensa de sus colegas, y amenazas de renuncias masivas en caso de que continúe la caza de brujas. Lo cual parece haber paralizado por el momento el despido de la prestigiosa y experimentada periodista del Canal 4, Laura Puertas, a quien se reprocha también, por lo visto, padecer de total ineptitud para el servilismo.
Finalmente, una denuncia publicada el miércoles 4 de mayo en el diario La Primera, que dirige César Lévano, precisa que el gobierno, apoyado por empresarios mineros, habría encargado a los servicios de inteligencia del Estado un “Plan Sábana”, destinado a destruir la campaña de Ollanta Humala con los métodos delictuosos -espionaje telefónico, operaciones calumniosas y escandalosas filtradas a la prensa para minar su prestigio y el de su entorno familiar utilizando mercenarios y provocadores- con que, en 1990, el gobierno conspiró contra mí cuando yo fui candidato a la Presidencia. La denuncia proviene, al parecer, de militares y civiles del servicio de inteligencia indignados de que se los utilice para fines políticos ajenos a su misión específica.
Todo esto merece una reflexión. Si estas cosas comienzan a ocurrir ahora, en plena campaña electoral, ¿no es fácil imaginar lo que sucedería en el caso de que la señora Fujimori ganara las elecciones y la dictadura fuji-montesinista recuperara el poder oleada y sacramentada por los votos de los peruanos? Los periodistas decentes y responsables expulsados de sus puestos no serían cinco (también han sido despedidos tres de Radio Líder, Arequipa) sino decenas, y las radios, los canales y los periódicos convertidos, como lo estuvieron durante los ocho años de oprobio que vivió el Perú, en órganos de propaganda encargados de justificar todas las tropelías y tráficos del poder y de cubrir de injurias y calumnias a sus críticos. No solo el doctor César San Martín sería víctima de su probidad y entereza magisterial. Todo el Poder Judicial se vería una vez más sometido a una criba implacable para apartar de sus cargos, o reducirlos a la total inoperancia, a los jueces que se resistieran a ser meros instrumentos dóciles del gobierno. Reparticiones públicas, Fuerzas Armadas, empresas privadas, serían, otra vez, incorporadas al sistema autoritario para que, de nuevo, el país entero quedara a merced del puñadito de forajidos que, entre los años 1990 y 2000, perpetró el más espectacular saqueo de las arcas públicas y los más horrendos crímenes contra los derechos humanos de nuestra historia.
Quienes quieren semejante futuro para el Perú no son muchos, pero sí son poderosos y, como están asustados con la perspectiva de que Humala gane las elecciones y cometa los desafueros y horrores de Hugo Chávez en Venezuela, están dispuestos a cualquier cosa con tal de asegurar el triunfo de Keiko Fujimori. Extraordinaria paradoja: con tal de evitar el socialismo, que venga el fascismo. ¡Y todo eso, en nombre de la libertad, de la democracia y del mercado libre!
En verdad, la disyuntiva que tiene por delante el Perú en las elecciones del 5 de junio próximo es la de salvaguardar la imperfecta democracia política que tenemos desde hace diez años y una política de mercado y de apertura al mundo que ha hecho crecer nuestra economía de manera notable, o volver a un régimen dictatorial que, guardando ciertas formas institucionales, restablecería en el gobierno a quienes, en complicidad con Fujimori y Montesinos, destruyeron el estado de derecho, se enriquecieron cometiendo las más descaradas pillerías y durante ocho años perpetraron horrendos crímenes con el pretexto de combatir la subversión. A mi juicio en semejante disyuntiva la peor opción es Keiko Fujimori.
Ollanta Humala ha hecho un “Compromiso con el Pueblo Peruano” que conviene tener muy presente, no solo a la hora de votar por él, sino sobre todo una vez que acceda al gobierno, para recordárselo cada vez que parezca apartarse de alguna de sus promesas. No habrá reelección. Se cumplirá con los tratados firmados, no habrá estatizaciones, se respetará el derecho de propiedad y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la lucha contra la corrupción será implacable, habrá una política de apoyo social sostenida, sobre todo en los campos de la educación y la salud pública, para los sectores más desfavorecidos, así como estímulos y facilidades para la formalización de las empresas. El respeto al pluralismo informativo, a la independencia de la prensa y al derecho de crítica será total. Estos puntos han sido expresados, además, de viva voz, en las reuniones que ha celebrado el candidato con la confederación de empresarios y las asociaciones de prensa. Todo esto es perfectamente compatible con la democracia y con las políticas de mercado vigentes y tiende a perfeccionarlas, no a recortarlas ni menos suprimirlas. No solo depende de la voluntad de Ollanta Humala que este compromiso se cumpla. Depende, sobre todo, de que quienes lo apoyemos en la elección del 5 de junio dejemos claro que es a estas políticas a las que damos nuestro apoyo y que nos mantendremos firmes exigiendo su cumplimento.
