Por Pablo Guido
En las últimas semanas el mundo entero ha sido testigo de la negociación entre los líderes del Partido Demócrata y los del Partido Republicano para elevar el límite legal de la deuda pública, que actualmente se ubica en 14,3 billones de dólares (hace una década el límite era de 6 billones de dólares). Obama propone que el ajuste fiscal se distribuya entre un menor gasto público (un billón de dólares), ahorro de servicios de la deuda (otro billón) y menores gastos (dos billones). Los republicanos no quieren incrementos de impuestos, sólo recortes de gastos. Pero, en definitiva, todos los que están negociando en la mesa están de acuerdo con una extensión del "techo" de la deuda. Lo que se discute es la distribución del ajuste fiscal para permitir continuar endeudándose, si el peso recaerá más en los contribuyentes o en los beneficiarios del gasto. El presidente Obama ha dicho que la alternativa a no acordar un incremento del límite legal de endeudamiento es el default, es decir, la suspensión de pago de los servicios de la deuda pública.
Pero el problema de fondo en EE.UU. no es la deuda pública. Ésta es la consecuencia del verdadero problema fiscal que enfrenta la sociedad estadounidense: el aumento del tamaño del Estado con su correlato en términos de gasto público creciente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, el gasto federal alcanzaba casi el 10% del Producto Bruto Interno; actualmente llega al 25,3%. Desde 1945 a la actualidad se han registrado 55 años (82% del período) de déficits fiscales, lo cual ha tenido como resultado obvio el incremento de la deuda pública para financiar dicho desequilibrio. Si en 1981 la deuda federal alcanzaba un 31% del PBI, hoy se ubica en aproximadamente un 100% del producto. La deuda pública por habitante (en dólares del 2009) era de 6.000 dólares en 1940 y de 40.000 en el 2010. Esto significa que cada estadounidense carga hoy con una deuda estatal casi siete veces mayor que sus antepasados, cuando el país estaba a punto de embarcarse en la última guerra mundial.
Si bien las cifras fiscales de los últimos 70 años son preocupantes, mucho más lo son las de la última década. La administración Bush (hijo) incrementó el gasto público nominal desde 1,8 a 3,5 billones de dólares, significando en términos reales un 55% de aumento, porcentaje mucho mayor que el crecimiento de la economía en el mismo lapso. Y la administración de Obama no ha reducido el presupuesto sino todo lo contrario, alcanzando los gastos el equivalente al 25% del PBI.
Entonces, ¿qué hacer? El 60% del gasto total recae en las erogaciones "sociales": Medicare, Medicaid, Seguridad Social, seguro de desempleo, subsidios alimenticios, vivienda, etcétera. Se calcula que para el 2050 estos gastos "sociales" se consumirán todos los recursos tributarios del gobierno, pasando del 10 al 18,2% del PBI. Se estima que, sin reformas, para el 2056 el gasto público federal se consumirá la mitad del PBI estadounidense. En función de esto habría que duplicar prácticamente las tasas de los impuestos a los ingresos que actualmente se cobran a los individuos. Además, se calcula que para el 2050 la deuda por habitante se multiplicará nueve veces (ajustado por inflación).
Claramente, el sendero fiscal de las últimas décadas en EE.UU. es insostenible. Se habla de un acuerdo, entre demócratas y republicanos, consistente en recortar gastos por unos dos billones de dólares para los próximos diez años, lo cual significaría un promedio de tan sólo 200.000 millones anuales. La oficina de presupuesto del Congreso calcula que en la próxima década el déficit fiscal acumulado sería de unos 12 billones de dólares y el gasto total acumulado, de casi 50 billones de dólares. Está claro que una promesa de ajuste de dos billones de dólares frente a las cifras anteriores luce demasiado poco. Es querer matar un elefante con una flecha de cartón.
Para no terminar, dentro de unos años, como Argentina en el 2001 o Grecia en la actualidad, el gobierno de EE.UU. no puede seguir gastando a cuenta por encima de sus posibilidades. La idea de la mayoría de los políticos estadounidenses de continuar emitiendo deuda o incrementando los impuestos para financiar un creciente sector público no puede terminar bien. El objetivo debería estar puesto en eliminar lo antes posible el déficit fiscal a través de una fenomenal reducción del gasto público que vaya permitiendo reducir la carga tributaria y hacer más competitiva la economía. La única manera de bajar el gasto en la magnitud requerida es mediante un programa de reformas del Estado de bienestar (Medicare, Medicaid y Seguro Social) que se consume casi las dos terceras partes del presupuesto. De la misma manera, el gasto en defensa debería ser un "candidato" para reestructurarse ya que alcanza la friolera de 700.000 millones de dólares (20% del presupuesto total). Permitir aumentar el "techo" de la deuda es lo mismo que comprarse un cinturón de un talle más grande para poder continuar comiendo en exceso. A la larga tampoco funciona.
Pablo Guido es Dorctor en Economía, profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) y Director Académico de la Fundación Progreso y Libertad.
