Por Manuel A. Solanet
La economía y la política tienen relación entre sí, aunque esto se hace más notorio en momentos de crisis. Puede ocurrir que el origen del problema esté de uno o de otro lado. Por ejemplo que sea un debilitamiento político el que finalmente lleve a una situación de descontrol o debilidad económica, o bien que sea una grave circunstancia económica la que desemboque en una crisis política. A veces se hace difícil distinguir cual fue la causa y cual el efecto.
Por ejemplo, hay un círculo clásico en los gobiernos populistas. Primero se busca agrandar la base de poder mediante concesiones demagógicas que implican un aumento sostenido del gasto público. Aparece así un déficit fiscal creciente que se financia con deuda cada vez más onerosa, o con emisión. Esto encuentra un límite cuando se llega a una deuda impagable o a una inflación descontrolada. En esas circunstancias al mismo gobierno de vocación populista se le hace difícil realizar un ajuste preventivo y planificado, por lo tanto se genera inevitablemente un ajuste incontrolado y doloroso. Una corrida cambiaria - bancaria suele acompañar ese episodio y esto habitualmente lleva a una crisis política. Este caso es bien conocido en la historia Argentina.
Después de los resultados del 14 de agosto que hacen muy probable la reelección de Cristina Kirchner, muchos ciudadanos se preguntan si el modelo económico, cuyo sostenimiento ha sido ratificado, puede agotarse.
Si este fuera el caso, la pregunta es qué ocurriría y cuáles serían las consecuencias políticas. Los datos de agotamiento gradual del modelo son hoy más que abundantes. El déficit fiscal, bien medido, crece sostenidamente. Sin acceso al crédito, ese desequilibrio se financia con el Banco Central y con la Anses, aunque esta última agotó su resto. La expansión monetaria impulsa la inflación. Se utiliza el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. El superávit comercial decrece y ya se verifica un saldo negativo en el balance de pagos. Hay un faltante energético que se resuelve con costosas importaciones. Hay fuga de capitales y las reservas comenzaron a decrecer.
Sin duda hay correcciones posibles, pero no parecen estar en el libreto oficial, sea por razones ideológicas o por el temor a desmentir el sueño que se creó. Cualquier recorte de gastos o reducción de subsidios sería considerada como un ajuste, palabra que ha sido enfáticamente repudiada por el ideario kirchnerista y particularmente por quienes hoy rodean a la Presidente. Hay aún cajas posibles de atacar y arbitrios forzosos para captar recursos, pero no sin dolor y resistencias. La confianza de los empresarios e inversores está mellada, el crédito para inversión es escaso y el gobierno resiste el restablecimiento de las relaciones financieras con el mundo. Se pierde gradualmente la competitividad, pero una devaluación hoy aceleraría riesgosamente la inflación y rápidamente perdería su efecto. Los controles de importaciones o de cambios, o los desdoblamientos cambiarios, serían de efecto real limitado pero de impactos psicológicos negativos.
La historia argentina muestra un par de casos recientes de gobernantes que debieron ceder su posición en medio de situaciones desbordadas de la economía. Alfonsín debió acelerar el traspaso de su gobierno frente a una hiperinflación incontrolable. De la Rúa renunció en medio de una situación de caos social, frente a un cercano default y con una corrida cambiaria y bancaria. El corralito fue su última medida desesperada. Estos fenómenos se espiralizan rápidamente. Una vez desatados, la gente corre toda en el mismo sentido huyendo del riesgo, sea de los depósitos bancarios o del dinero local. Si no se detiene, se corta la cadena de pagos, desaparece el crédito y se paraliza el comercio y la producción. De ahí a los saqueos, la hiper recesión y al caos social hay solo un paso. Las experiencias citadas mostraron que el poder político se diluyó y que no siendo posible un cambio contundente y creíble de políticas, fueron los gobernantes los que tuvieron que reemplazarse. Los resortes constitucionales en cada caso determinaron la forma en que eso sucedió.
La sociedad argentina ha transitado por esos y otros acontecimientos de huida del dinero, por lo tanto no es una novedad que no puedan volver a repetirse ante condiciones similares. El gobierno debe saber advertir los síntomas para prevenir las situaciones y evitarlas. Hoy los síntomas están incipientemente presentes. Atarse a pruritos ideológicos o a un populismo destructivo sería el peor camino a seguir.
Manuel A. Solanet es Director de la Fundación Libertad y Progreso.
