En artículos anteriores, publicados en este mismo espacio, he abordado en varias ocasiones el tema del impuesto a los "grandes capitales", que pretende impulsar el Ejecutivo bajo el argumento de necesitar fondos extraordinarios para financiar el funcionamiento del aparato de seguridad.
Según las declaraciones públicas del presidente Funes, la idea de implementar esta tasa impositiva se la dio el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien le explicó la experiencia exitosa de su país en relación a una iniciativa impulsada por su administración. Considerando este detalle, en reiteradas ocasiones he recalcado que la situación del país suramericano es diferente a la que actualmente atraviesa El Salvador. La más grave discrepancia es la relación del Ejecutivo con el sector privado.
El presidente no tiene una relación como la que tenía Uribe con los empresarios colombianos, por el contrario, tiene una similar a la que tuvo el exalcalde de Detroit Coleman Young con el sector productivo de su ciudad, durante sus casi veinte años como edil. Young, al igual que Funes, se caracterizó por su discurso populista, en el que fustigaba verbalmente a los empresarios y prometía instaurar impuestos dirigidos a ellos, utilizando razonamientos similares a los que actualmente emplea el Ejecutivo y el partido oficial en nuestro país.
Las empresas y el capital se terminó reubicando en localidades circunvecinas para escapar a los ataques e impuestos de Young, dejando a la ciudad sin tener a quien cobrarle tributos y, en consecuencia, indirectamente se debilitó el presupuesto del cuerpo policial y su capacidad para combatir la delincuencia. La falta de fondos llevó a que los policías fueran mal remunerados, lo que los convirtió en objetivos vulnerables de la pujante criminalidad que agobiaba a Detroit en medio de la epidemia del crack, incrementándose así los niveles de corrupción policial. Esto, como lo he explicado anteriormente, es lo que le puede pasar a El Salvador.
La inminencia de esta posibilidad se acentúa aún más al escuchar de boca de Álvaro Uribe la experiencia de su país y contrastarla con cómo se está desarrollando el tema del impuesto en el nuestro. Este martes, Uribe fue entrevistado por un canal nacional y explicó que antes de implementar el tributo para la seguridad en Colombia se aseguró de tener el apoyo pleno de la empresa privada, presentándoles un plan detallado de cómo se pretendía atacar el problema de seguridad e invertir el dinero recaudado, y ofreciéndoles la fiscalización de trabajo correspondiente y el uso de los fondos a través de la creación de un consejo supervisor. Ninguno de estos elementos está presente en El Salvador.
El relato del exmandatario revela que las claves del éxito en el impuesto de Colombia estuvieron en la concertación, sinceridad, apertura y participación con el que se abordó el tema desde su concepción hasta su ejecución. Ninguna de estas características es evidente en nuestro país.
Lejos de ello, hasta la fecha no se ha conocido el plan que pretende impulsar el gabinete de seguridad y las declaraciones públicas de los funcionarios del ramo son maliciosamente engañosas. Según las cifras publicadas por los diferentes medios de comunicación, por ejemplo, hasta el 28 de agosto se registraron 2828 homicidios durante 2011, y 2634 y 2371 en el mismo período de 2010 y 2009, respectivamente. Esto equivale a incrementos de 7% y 4% en relación al año pasado y antepasado, correspondientemente. Sin embargo, el director de la Policía y el ministro de Justicia aseguraron en público que el aumento era insignificante y que sólo alcanzaba el 1%.
Si el presidente y su partido están decididos a implementar su proyecto, pero quieren evitar que el país siga la experiencia de Detroit, es necesario que adopten un abordaje diferente y concedan, garanticen y faciliten al sector privado las condiciones que establezca.
El autor es Máster en Criminología y Ciencias Policíacas.
