Por Carlos Malamud
Madrid. - Tras la violenta represión policial contra la marcha indígena que intentaba paralizar la construcción de una carretera en el parque natural de TIPNIS (Territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure), las reacciones nacionales e internacionales no se hicieron esperar. Fernando Gualdoni, en “El País” de Madrid, acababa su análisis de forma concluyente y señalando a Evo Morales dictaminaba que el “modelo de desarrollo del presidente ya no es de izquierdas ni indigenista”.
Internamente, como señaló Fernando Molina en Infolatam, la oposición se lanzó a la yugular del mandatario tras la ruptura de Morales con una parte importante de lo que habían sido sus bases naturales. La Confederación Obrera Boliviana (COB) llamó a una huelga general y muchos sectores, de la más diversa índole, se movilizaron en defensa de los derechos indígenas. Y si bien otros alzaron su voz contra el gobierno de Evo Morales, lo que evidentemente no es igual a lo anterior, todo esto ocurre ante una opinión pública indignada o, cuanto menos, desconcertada por la acción gubernamental.
El confuso panorama surgido en las profundidades de Yucumo deteriora aún más la popularidad del máximo líder cocalero y erosiona su imagen de autoridad y buen gobierno, proyectada desde el Palacio Quemado. Quien aparecía como un líder incuestionable debe afrontar desde el estallido del “gasolinazo” el embate de numerosos y diversos movimientos sociales, que al comprobar la creciente debilidad del poder han elevado el tono de sus reivindicaciones.
La represión policial se ha saldado al menos con un manifestante muerto y una violencia extrema por parte de los uniformados. Según ciertas versiones, recogidas entre otros por la Fundación Tierra (Talleres de iniciativas en estudios rurales y reforma agraria), se detectó junto a la policía a algunos venezolanos. Fuera como fuera, la fuerte reacción popular frente a la dureza de la represión, la crudeza de las imágenes difundidas y un conflicto que había ido escalando en virulencia con el paso de las semanas a partir de las declaraciones oficiales, ha provocado una nueva rectificación de Morales y su gobierno.
La renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón agravó la crisis. Esto explica, porque tras haber jaleado durante semanas a grupos afines contra los “marchistas” indígenas, el gobierno ha tenido que condenar en bloque la represión. Tras suspender la construcción de la ruta y convocar a un referéndum sobre su futuro, aunque sin demasiados detalles y propuestas contradictorias, Morales tomó distancia de la represión, sin vincularse ni responsabilizarse de la misma.
Así, repudió los excesos represivos policiales, que no gubernamentales, calificándolos de acto “imperdonable”: “Hubo exceso, abuso hacia los hermanos indígenas… Nunca el presidente ha instruido el abuso policial”. En la misma línea que Morales, el ministro del Interior, Sacha Llorenti, intentó lavarse las manos responsabilizando a un fiscal por la intervención policial y abriendo la posibilidad de castigar a los policías responsables. Se trataba de una jugada dirigida a no admitir ninguna responsabilidad propia ni del gobierno en la gestión del conflicto.
Habría que ser un especialista en el pensamiento y el discurso de Morales para saber si el presidente instruyó o no el abuso policial, pero a la vista de lo actuado por las fuerzas gubernamentales y el acoso permanente a que fueron sometidos quienes marchaban contra la construcción de la carretera por los fieles al presidente y representantes del MAS, aparece clara la responsabilidad del gobierno en el desarrollo de los hechos.
En los últimos meses Morales ha incrementado el tono de sus diatribas contra sus “enemigos” políticos. Ante los comicios del próximo 16 de octubre para elegir autoridades judiciales, a fines de agosto consideró “enemigos de Bolivia” y definió como “delincuentes confesos” a quienes apoyan el NO o la abstención.
En las mismas fechas se mostraba contundente contra la marcha indígena por el TIPNIS. Una vez más acudió a la idea del complot externo y la manipulación de Estados Unidos para descalificar a los opositores a sus proyectos. Morales dijo tener pruebas de que dirigentes de la CIDOB y la Confederación Nacional de Mallkus y Ayllus del Qollasuyu (CONAMAQ) mantienen contactos con el responsable de asuntos indígenas de la embajada de Estados Unidos. Como recoge Rogelio Núñez, Morales manifestó que las movilizaciones eran alentadas “nacional e internacionalmente”, en “una estrategia del imperialismo y de Estados Unidos a través de sus agencias para impedir la integración nacional y provocar un enfrentamiento entre los pueblos”.
Morales fue más allá y acusó al capitalismo y algunas ONG de conspirar contra el gobierno y utilizar “a dirigentes indígenas instándoles a llevar adelante marchas bajo el argumento que defienden la naturaleza”. El director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) y ex ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, apuntó contra la agencia oficial estadounidense de cooperación, USAID.
Según Quintana, USAID opera en algunas regiones del país para movilizar a los indígenas contra el gobierno: “la estrategia, llamada Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina, pone a la CIDOB como al actor más importante, el caballo de batalla de la estrategia de la transnacionalización”. “El dinero es usado para una estrategia de desestabilización… Con el mismo coraje, con la misma templanza, tenemos que expulsar inmediatamente a Usaid. Éste es un acto patriótico; la expulsión de Usaid tiene que convertirse en un mecanismo de autodefensa de nuestro territorio”.
Resulta curiosa la interpretación de Morales, Quintana y otros destacados miembros del MAS y del gobierno de la movilización indígena. Según ellos los movimientos sociales que protestan contra ciertas medidas gubernamentales han sido manipulados por el imperialismo. Flaca memoria de unos líderes autoproclamados populares y que en su momento se ponían a la cabeza de movilizaciones similares. Entonces ellos obraban en conciencia y sin ser manipulados ni comprados por nadie. Lo interesante de estas acusaciones es que, siguiendo el razonamiento presidencial, se convierte a los indígenas en menores de edad, fácilmente manipulables por los poderosos, o por el poder. ¿Es este el indigenismo de Evo Morales?
