Por Danilo Arbilla
La cumbre presidencial del MERCOSUR celebrada la pasada semana en Montevideo sirvió de escenario, entre otras cosas, para lanzamiento de temporada de los últimos modelos democráticos latinoamericanos progresistas y populistas, cumpliendo con lo que ya se ha hecho casi una costumbre desde septiembre de 2001, cuando en Lima se aprobó la Carta Democrática Interamericana.
En aquella ocasión, tras la reciente experiencia fujimorista y las tristes memorias de las dictaduras militares y las dictaduras “electas” como las somocistas y stroessneristas, se resolvió reafirmar la democracia republicana ortodoxa, la de la separación de los poderes y de la vigencia de las libertades y de la soberanía popular. Lamentablemente la intención fue buena, pero en la práctica no funcionó y la Carta pasó a legitimar gobiernos que fueron elegidos democráticamente pero luego no ajustaron su proceder a las prácticas democráticas y republicanas; esto es, no respetaron las libertades ni los derechos de los ciudadanos, no respetaron la separación de poderes y acabaron con el Estado de Derecho.
En los hechos la Carta defiende a los presidentes y solo pueden recurrir a ella los Jefes de Estado. Chávez domina y no respeta al Poder Judicial, ataca la libertad de prensa y ensucia las elecciones y no pasa nada. Correa lo mismo, Cristina Kirchner igual, Ortega peor y no pasa nada. Zelaya viola todas las normas legales, lo sacan y es un golpe de estado.
Hay innovaciones sorprendentes. En Nicaragua, para que Daniel Ortega fuera ilegítimamente electo por tercera vez fue declarada inconstitucional la Constitución que sigue vigente. En Perú los dos vicepresidentes de Humala juraron por una Constitución que no está vigente y por la cual no fueron electos. En Argentina Cristina Fernández de Kirchner al asumir su segundo mandato juró “por Dios, por la Patria y por Él” (su fallecido marido) y recibió los símbolos de mando de su hija y no del ejecutivo saliente que correspondía.
Pero como la “protección presidencial” de la Carta ya resulta demasiado flagrante –hasta el propio Insulza ha hablado de ello y la necesidad de “adecuarla”– los actuales Jefes de Estado se han preocupado de establecer mecanismos de blindaje para asegurarse en el poder contra “golpes de estado”, según dicen. Ese plan de autodefensa o de permanencia en el poder se plasmó en la UNASUR y en la recientemente conformada CELAC. Pero como lo que abunda no daña también en la reunión del MERCOSUR de Montevideo se aprobó una resolución por la cual ante amenaza o ruptura del orden democrático en alguno de los países de la asociación habrá acciones de los restantes: será suspendido o podrá llegarse al cierre de fronteras. Por supuesto que se habla de problemas con los Jefes de Estado; en la misma reunión hubo un intento liderado por el presidente uruguayo José Mujica de forzar el ingreso de Venezuela, tratando de eludir el hecho de que el Senado de Paraguay no lo ha aprobado, al que el presidente Chávez calificó de “un pequeño grupo con intereses inconfesables” detrás de los cuales “tiene que haber una mano muy poderosa”.
No hay duda que cuando esta gente habla o piensa en modelos democráticos o democracia no está pensando en un senado, en la libertad e prensa, en un poder judicial o legislativo. Se trata de un guardarropa para ellos nada más.
