Por Juan Ramón Rallo
Libertad Digital, Madrid
La reforma laboral del Gobierno, sin ser en todos sus aspectos la que necesitaba el país, supone una mejora muy sustancial con respecto a la legislación precedente; sin ser la reforma laboral que uno hubiese rubricado, es una reforma laboral aceptable. Sindicatos y partidos de izquierdas, empero, han optado por abrazar el populismo más primario para forzar, huelga general mediante, la retirada de estos tímidos pero decididos avances en la dirección adecuada.
Este jueves 29 de marzo los trabajadores españoles, aquellos que todavía no hayan perdido su empleo como consecuencia de la espantosa política económica socialista promovida hasta hace tres cuartos de hora por los convocantes y simpatizantes de la huelga, han sido llamados a no acudir a sus puestos de trabajo para protestar contra la los principales progresos de esta reforma.
Personalmente, el ‘derecho’ de huelga me parece un privilegio estatista que viola de manera flagrante los auténticos derechos nacidos de los contratos voluntarios, pero dejando de lado este importante debate, lo cierto es que quienes secunden este 29 de marzo la huelga general estarán a su vez secundando un programa político, ideológico y (anti)económico muy concreto: el de la extrema izquierda. Quienes muestren su apoyo al paro sindical deberían, por consiguiente, ser muy conscientes de aquello que promueven y de aquello a lo que se oponen.
En particular, dado que el propósito de la huelga es enmendar la totalidad de la reforma laboral del Gobierno, sólo deberían adherirse a la misma aquellas personas que muestren su devota aceptación de la legislación laboral anterior y de sus consecuencias económicas y sociales. Dicho de otro modo, sólo deberían secundar la huelga aquellas personas que vean con buenos ojos las siguientes disfuncionalidades de nuestro mercado de trabajo (a las que, mejor o peor, pretende poner fin la reforma del Gobierno):
- Que la situación laboral de una parte de nuestros trabajadores esté ultraprecarizada (trabajadores temporales) porque la de otra parte está ultraprotegida (trabajadores indefinidos).
- Que los aumentos del paro se ceben siempre de manera extraordinaria en los jóvenes y en los trabajadores temporales: Desde el primer trimestre de 2007 al último de 2011, el número de ocupados de entre 16 a 25 años se redujo un 52%, mientras que el de personas mayores se 25 apenas cayó un 7%; asimismo, el número de ocupados con contrato temporal disminuyó un 30%, mientras que el de ocupados con contrato indefinido apenas lo hizo un 1%.
- Que un trabajador con contrato indefinido y que lleve muchos años dentro de la empresa pueda cobrar un salario muy superior a un recién llegado aun cuando sea mucho menos productivo.
- Que la reorganización funcional o geográfica de los trabajadores con el propósito de que una empresa capee el temporal o gane competitividad se vuelva prohibitivamente cara y, en numerosos casos, del todo inmanejable.
- Que, en consecuencia, el despido sea el remedio más rápido y flexible al que puede recurrir una empresa ante una caída severa de sus ingresos.
- Que si una empresa en graves dificultades intenta acogerse al despido por causas económicas, los juzgados de lo social puedan encarecer astronómicamente, vía salarios de tramitación, el coste final del despido únicamente retrasando su (en muchas ocasiones arbitraria) resolución sobre la procedencia o no del despido.
- Que todas las empresas sitas en un mismo territorio y dentro de un mismo sector estén sometidas a una misma normativa laboral en materias tan diversas como los salarios, bases de contratación, jornada laboral, horas extras, pensiones o incentivos a la productividad: es decir, un restaurante ubicado en la zona residencial rica de una ciudad o provincia soportará el mismo convenio colectivo que un restaurante situado en la zona residencial pobre de esa misma ciudad o provincia.
- Que los sindicatos puedan recurrir caprichosamente a la ultraactividad de los convenios para prorrogar de manera indefinida las condiciones laborales negociadas en un convenio colectivo aun cuando el contexto económico de esa negociación haya cambiado radicalmente (pasando, por ejemplo, de expansión artificial a profunda crisis).
- Que, por tanto, los salarios de la mayoría de trabajadores sigan aumentando automáticamente aun cuando los ingresos de la empresa se desmoronen, abocando a muchos más trabajadores de lo necesario al desempleo.
- Que los representantes de los trabajadores de una empresa no tengan permitido en muchas ocasiones alterar las condiciones laborales impuestas a esa empresa por un convenio de ámbito superior, aun cuando lo consideren imprescindible para la supervivencia de esa compañía.
Si usted otorga su bendición a la totalidad o a la mayoría de los puntos anteriores y si, además, usted aspira a que España se vaya helenizando poco a poco, entonces sí: debe secundar la huelga general. En caso contrario, piénseselo mejor. No vaya a ser que esté siendo utilizado como ariete político por la extrema izquierda contra la, de momento, única reforma sensata de este Gobierno.
El Sr. Rallo es profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos I. Su último libro publicado es Los errores de la vieja economía (Unión Editorial, 2012). Editor de Economía del programa Es la Noche de César, de esRadio. Miembro del Panel de Opinión de Libertad Digital.
