Por José Raúl González Merlo
El trabajo de investigación periodística realizado por Silvia Gereda y Pedro Trujilo, junto con la opinión de Humberto Preti, han causado revuelo. Finalmente se nos informa cómo la “cooperación internacional” de Suecia y Noruega es usada para desestabilizar a las comunidades de San Juan Sacatepéquez. El trabajo no cayó bien entre diplomáticos y agitadores. Por ello, la estrategia para silenciar futuras investigaciones en esta línea es denunciar a los periodistas por el delito de “discriminación por razones étnicas”.
A Humberto Preti lo acusan de usar su columna de prensa para ir “preparando al público para un ambiente de ataque sistemático debidamente planificado…”. Dicen que los periodistas Gereda y Trujillo se refirieron a los denunciantes como “grupos indígenas” para “incentivar el odio racial”. ¿Qué tal? Agregan que “se configura la discriminación racial, al participar activamente personas ladinas en el programa, dando la idea que ellos son los dueños de una verdad absoluta haciendo eco de una superioridad ficticia de un grupo ladino sobre un grupo indígena…”. Son ellos quienes discriminan a quienes no les conviene. Desconocen la identidad indígena de los señores Tepeu y Raxón, víctimas entrevistadas en el programa donde declararon la forma en que sus parientes fueron brutalmente asesinados por grupos armados en San Juan Sacatepéquez.
El problema es que pobladores indígenas son aterrorizados por otros pobladores indígenas con el patrocinio de la “cooperación” de “países amigos”. Una realidad que, por primera vez, es hecha del conocimiento público en un trabajo periodístico sólidamente respaldado por evidencias documentales y testimonios de los directamente afectados por la violencia que esos grupos han promovido. Un verdadero escándalo que debería de haber sacudido a nuestra diplomacia guatemalteca. La acusación de “discriminación racial” es una cortina de humo lanzada para salirse por la tangente. La táctica no es mala. Apostar a que les pueda “sonar la flauta”, con ese truco, no tiene costo y, quien quita, se sacan la lotería.
La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala tiene que tomar una decisión importante. Por una parte puede tomar esta payasada legal, y concluir que hubo delito de discriminación racial. Si ese fuera el caso, se habrá constituido en una “policía para la corrección política de la libre expresión”. El siguiente paso debería ser ir a Ecuador, Cuba o Corea del Norte para mejorar sus capacidades en el viejo arte del control y destrucción de la libertad de prensa.
Por otra, si desestiman la “denuncia”, se habrá sentado un precedente importante. La discriminación y el racismo son vicios demasiado importantes como para que una queja tan frívola e improcedente sea tomada en serio. La Comisión no puede darse el lujo de perder tiempo y recursos públicos en cacerías de brujas, venganzas personales y ataques personales al legítimo ejercicio de la profesión del periodismo investigativo y de opinión. Ojalá así sea y se siente ese precedente.
