En 2011 se registró una cifra récord de 213 denuncias de violación a la libertad de expresión en Venezuela, indicaron hoy ante la CIDH activistas y periodistas del país, que también denunciaron una mayor autocensura en los medios. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los denunciantes aseguraron que el pasado año fue "uno de los periodos más críticos para la libertad de expresión en la historia de Venezuela", en palabras de Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Además, en los tres primeros meses de 2012 se han registrado ya 24 denuncias documentadas de violación a la libertad de expresión, añadió Ruiz. La mayor parte de esas violaciones, un 28 por ciento, son agresiones físicas, seguidas de actos de intimidación y censura; y el 71 por ciento de todos los abusos los cometen funcionarios del Estado venezolano, según datos del sindicato.
Muchas de ellas ocurren "durante la cobertura de eventos desfavorables al Gobierno, como protestas", y "la impunidad sigue siendo la regla frente a todas las denuncias sobre la libertad de expresión", aseguró Ruiz.
Los medios venezolanos ejercen además una autocensura "cada vez mayor", como "producto del hostigamiento sistemático a los periodistas", denunció la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Silvia Alegrett.
"La autocensura es un flagelo para la democracia, y cuenta con el obstáculo de que la sociedad no la persigue, al ser difícil de demostrar y no ocurrir de manera violenta, sino en el día a día", afirmó Alegrett, que añadió que diversos medios del país "han cambiado su línea editorial para evitar ser sancionados".
Por su parte, el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, condenó el aumento del pirateo de cuentas de correo electrónico de periodistas por parte de "grupos no identificados", que después "revelan sus fuentes confidenciales al Ministerio Público".
Correa también denunció que el Gobierno de Hugo Chávez ordena la emisión de ciertos programas a todas las emisoras, algo que ocurre "hasta tres veces por semana" y que tiene una "clara relación con el contexto electoral de este año".
Por otra parte, Alegrett condenó que "sólo los medios de comunicación adscritos a estructura del Estado y algunos pocos medios privados tengan acceso a ruedas de prensa oficiales".
Esas "restricciones de acceso a la información pública" se agravan por el hecho de que "las instituciones publicas no responden a muchas de las peticiones de información" de los medios, añadió.
En nombre del Estado venezolano, el escritor y abogado Luis Britto García justificó en la audiencia esa limitación de acceso a los actos públicos, y negó que ésta repercuta en una restricción a la información. "No necesariamente todos los periodistas deben estar en un acto público, ya que siempre que se produce uno se emite un comunicado y se transmite por las radios y televisiones estatales. Todo el que quiera informarse puede recurrir a esos medios", aseguró Britto.
El abogado defendió la premisa del Gobierno de que todas las informaciones de los medios deben ser veraces e imparciales, y estar "fundamentadas en verificaciones de una autoridad competente".
El relator para Venezuela en la CIDH, Felipe González, cuestionó este extremo al considerar que mezclar la veracidad con la imparcialidad "es parte del peligro para la libertad de expresión". "Los medios no tienen por qué ser imparciales, pueden estar a favor o en contra el Gobierno", indicó González.
