Por Oscar Ortiz Antelo
El Deber, Santa Cruz
En las últimas seis décadas el mundo ha generado más riqueza que a lo largo de la historia universal. Sin embargo, 4.000 millones de pobres continúan aún excluidos del desarrollo. Para la Comisión para el Empoderamiento Legal de los Pobres, esto se debe a que están excluidos del Estado de Derecho, lo que los limita en sus oportunidades de salir de la pobreza debido a que sus principales recursos y los frutos de su trabajo son inseguros y están desprotegidos.
Esta comisión, impulsada por NNUU y presidida por la ex secretaria de Estado Madeleine Albright y el famoso economista Hernando de Soto, presentó un informe valiosísimo para la definición de políticas públicas para el desarrollo y la lucha contra la pobreza.
La idea central del informe es que no hay soluciones técnicas para el desarrollo, pero si los pobres y excluidos son capaces de utilizar la ley, el sistema legal y los servicios jurídicos con el fin de proteger y fomentar sus derechos e intereses, se podrá generar un entorno propicio para que florezca toda la creatividad humana y se pueda generar prosperidad. De esta forma, el Estado de Derecho se convierte en una fuente de progreso y deja de ser concepto teórico.
Para lograr un empoderamiento legal que permita a los pobres sentirse incluidos y beneficiados por aquel, la comisión plantea cuatro pilares:
El acceso a la justicia y al Estado de Derecho, que exige un sistema judicial que funcione con eficacia y leyes justas que consagren las obligaciones y derechos del conjunto de la sociedad, garantizando el acceso igualitario a la justicia.
Los derechos de propiedad: la comisión destaca que la propiedad privada es un derecho humano que, para garantizarse adecuadamente, requiere que los derechos individuales y colectivos están reconocidos en registros estándares, títulos de propiedad y contratos respaldados por la ley. De esta manera, la seguridad en la tenencia de los bienes permitirá a los pobres utilizar su propiedad como garantía real para sacar créditos, tanto para la atención de sus necesidades básicas (vivienda) como para progresar buscando su independencia económica.
Derechos laborales: para el empoderamiento legal, el trabajo es, generalmente, el mayor patrimonio que los pobres poseen, por lo que debe ser protegido al igual que sus bienes, en el marco de una economía de mercado que les ofrezca oportunidades de progreso y movilidad social.
Derechos comerciales: los derechos de los pobres no solo deben estar protegidos cuando trabajan para otros, sino también cuando desarrollan sus propios negocios, facilitándoles la constitución de empresas, el acceso a créditos y una definición amplia de personalidad jurídica que les permita separar sus bienes personales de los comerciales.
La lucha contra la pobreza trasciende las buenas intenciones y los discursos políticos, demandando esencialmente un entorno que dé a las personas las condiciones y oportunidades de explotar su esfuerzo y creatividad para salir adelante.
El autor fue presidente del Senado de Bolivia.
Twitter: @OscarOrtizA
