Por Amy Payne
Dentro de dos días, los empleadores de todo Estados Unidos serán más vulnerables a las aplastantes penalizaciones del gobierno por ejercitar su libertad religiosa. Esto no es exactamente lo que advirtieron los legisladores cuando impulsaron Obamacare, pero es parte de la agenda de la administración Obama, que obliga a casi todos los empleadores a pagar por los medicamentos abortivos, la contracepción y los servicios de esterilización.
A partir del 1 de agosto, los empleadores deben modificar sus ofrecimientos de seguros médicos para incluir estos medicamentos y servicios. ¿Y si no lo hacen? Pues recibirán una multa de $100 por empleado y día de no conformidad. Esta indignante normativa hace imposible que los empleadores puedan afrontar la multa, lo que significa que deben cambiar sus políticas de seguros o dejar de ofrecer cobertura médica para sus trabajadores.
Pero para muchos empleadores, ofrecer el tipo de servicios requeridos con el mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) viola sus conciencias. Este está en conflicto con sus creencias religiosas profundamente mantenidas. Y el gobierno les está diciendo que eso no tiene importancia, es más, les está diciendo que sus creencias son intranscendentes y que deben pagar.
Justo el viernes pasado, un juez de Colorado dio a los propietarios de una empresa el primer rayo de esperanza de que su libertad religiosa puede sobrevivir a este ataque. Los analistas de la Fundación Heritage John Malcolm y Dominique Ludvigson explican que:
El juez de la Corte Federal de Distrito de Estados Unidos John Kane, nombrado por Carter, concedió un amparo judicial preliminar en nombre de Hercules Industries, frenando la capacidad del gobierno para obligar al mandato anticonciencia contra la compañía mientras la demanda que desafía al mandato continúe en la corte…El caso está en sus etapas iniciales y avanzará hasta convertirse en un juicio sobre esta cuestión.
Hercules es una empresa comercial de propiedad familiar con un plan médico de autoseguros para sus 265 empleados. Sus propietarios ven el mensaje de la administración Obama como “o lo acatamos y abandonamos nuestra fe o resistimos y somos castigados”, comentó William Newland, uno de los propietarios.
“Tenemos un presidente que, creo, no sabe mucho sobre levantar una empresa, pero que ciertamente tiene buenas ideas sobre cómo echarla por tierra”, comentó Newland.
El juez Kane concluyó que el perjuicio para el gobierno por no hacer cumplir el mandato “palidece en comparación con el posible incumplimiento según los derechos constitucionales y legales de los demandantes” de operar sus empresas de forma coherente con sus convicciones. El juez Kane concluyó que los intereses del gobierno en el cumplimiento del mandato estaban debilitados por las numerosas excepciones al mandato que la administración ya había creado para otras entidades. “Estos intereses se contrarrestan y, de hecho, se ven superados por el interés público del libre ejercicio de la religión”, afirmó.
Sin embargo, según la administración Obama, el libre ejercicio de la religión es algo que sólo se hace un día a la semana en una casa de culto. Esta argumentó que “la reivindicación del libre ejercicio de los demandantes tiene una falla de base debido a que los empleadores laicos con ánimo de lucro generalmente no incurren en ningún ejercicio de religión protegido por la Primera Enmienda”.
Rigiéndose por esta creencia, Obamacare no aporta nada salvo penalizaciones a los propietarios de empresas que piensan de otra manera. Las analistas de la Fundación Heritage Jennifer Marshall y Dominique Ludvigson desglosan el costo monetario:
Con 265 empleados, la multa de Hercules habría sumado hasta $800,000 cada mes, casi $10 millones anuales. Si Hercules tuviera que tomar la decisión más probable de quitar la cobertura de atención médica para no facilitar el mandato, obligando por tanto a sus empleados a los intercambios operados por el gobierno, esta se enfrentaría a una multa a la fe de aproximadamente $2,000 por empleado y año, lo que hace un total de $530,000 anuales.
Esos serían los costos monetarios, pero el costo para la libertad sería mucho mayor. Marshall y Ludvigson observan que:
Aunque la orden de la corte se limita a Hercules y no alivia a otras empresas familiares o a las muchas organizaciones religiosas sin ánimo de lucro con objeciones morales a tener que acatar la carga del mandato, el análisis del juez Kane ofrece esperanzas de que sus súplicas para la restitución de su libertad religiosa sean oídas de manera justa.
¿Cómo se llegó a esta situación? Durante la batalla legislativa por Obamacare, la entonces vocera de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (D-CA) hizo la famosa afirmación de que el Congreso necesitaría aprobar la ley para ver lo que había en ella. Y tenía razón sobre una cosa: cuando se aprobó Obamacare esta no estaba totalmente formada. La ley concedió nuevos poderes sin precedentes al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para registrar incontables detalles, dirigiendo así el modo en el que Obamacare afectaría a los americanos. Y la secretaria Kathleen Sebelius ha estado trabajando duro tratando de convencer a los americanos de que todo esto es en el mejor de sus intereses.
No hay motivo para creer que esto vaya a acabar aquí, que es por lo que es vital detener este ataque a la libertad religiosa tan rápido como sea posible. Como explica Ludvigson, este primer mandato del HHS “plantea preguntas significativas acerca de qué más requerirá Obamacare sobre otras cuestiones de significación moral y religiosa profundamente personales, tales como la atención prenatal, los temas relacionados con el fin de la vida y la autoridad paterna para las decisiones médicas menores”.
Más de 50 demandantes (con y sin ánimo de lucro por igual) han acudido a la corte contra el mandato del HHS. Al obtener un amparo judicial que impide el cumplimiento del mandato sobre su empresa mientras el caso llega al juicio, Hercules ha demostrado la fortaleza del desafío de la libertad religiosa contra Obamacare.
