Por Mónica Mullor
Ideas - Libertad Digital, Madrid
Ante la evidencia de la insostenibilidad del modelo laboral español, y luego de que la barrera de los 5 millones de parados haya saltado por los aires, el Gobierno aprobó el pasado viernes nuevas medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Lamentablemente, Rajoy no se atrevió a tocar al funcionariado ni a cuestionar su monopolio sobre la prestación de servicios de responsabilidad pública.
El modelo funcionarial español está inspirado en el francés, que da al funcionario una plaza vitalicia que lo blinda de posibles arbitrariedades del poder político. Esto no deja de ser un fin encomiable, pero ya sabemos que el fin no justifica los medios: en este caso, la creación de una casta inamovible que tiene a su cargo funciones públicas esenciales.
Son varios los países europeos que han iniciado un camino de reformas con el objeto de debilitar los privilegios de la casta funcionarial, como bien se desprende del informe La Administración y el empleo público en los 27 Estados miembros de la UE, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de Francia, país que anda buscando salir del entuerto que le ha generado su modelo funcionarial.
En Alemania, el Gobierno central y los länder, junto con los sindicatos, acordaron en 2005 una reforma para instaurar horarios flexibles y un sistema de retribución basado en el rendimiento y la experiencia; dos años más tarde se aprobó el sistema de pago por objetivos. En Finlandia, en los últimos ocho años se han desarrollado más de 200 proyectos centrados en aumentar la productividad de los trabajadores públicos, cuyo número se ha reducido. En Holanda, a partir de las reformas introducidas en 2008, que favorecieron la movilidad y flexibilidad de los funcionarios, las condiciones laborales en los sectores público y privado son ya muy parecidas. También tiene interés la reforma italiana de 2009, que ha permitido, entre otras cosas, el despido de funcionarios absentistas.
En España, el problema no es que sobren empleados públicos, es decir, trabajadores remunerados por las Administraciones para cumplir diversas labores necesarias. No: el problema es que muchos de ellos disfrutan de unos privilegios que los separan del resto de los trabajadores; unos privilegios que les confieren una seguridad laboral dañina. Suecia tiene muchos más empleados públicos per cápita que España, pero se rigen por las mismas leyes laborales que los demás trabajadores.
La dificultad de tocar al funcionariado en España es evidente, y el Gobierno lo sabe. Intentar desfuncionarizar la educación o la sanidad habría creado grandes resistencias mentales, corporativas y políticas, provocado protestas callejeras y aireado todo tipo de argumentos demagógicos. Ahora bien, el Gobierno podría haber dado al menos un primer paso reformista ofreciendo vías de transición; podría, por ejemplo, haber fomentado el abandono voluntario del estatus de funcionario y puesto sobre la mesa estímulos económicos que faciliten el camino a un mercado de trabajo más sensato. Ya que el grueso de los empleados públicos de las comunidades autónomas son profesionales de las áreas sanitaria y educativa (77% del total), se podría haber potenciado el abandono voluntario de la condición funcionarial a cambio de un fuerte apoyo financiero para la creación de centros educativos o de atención sanitaria gestionados por esos mismos individuos (colaboración público-privada), lo que por otra parte redundaría en una mejora de la calidad de los centros que se mantuviesen ligados a formas de gestión burocrático-funcionarial (competencia).
La experiencia de otros países muestra que este camino es posible... y que a los que lo han seguido les ha ido muy bien. Una medida así no solo habría permitido dar un paso de suma importancia hacia la modernización de nuestro anquilosado mercado laboral, también hubiese significado un fuerte impulso a la competitividad y al crecimiento económico de nuestra economía mediante la dinamización de sectores vitales como la educación y la sanidad.
