Por Jesús Ruiz Nestosa
SALAMANCA. - Dictó cátedra de democracia en una cumbre del Mercosur para justificar la suspensión de Paraguay dentro del grupo y lograr así que su mentor político, Hugo Chávez, pudiera entrar, de manera ilegal, claro está, pero entró. Se enrocó en su posición a la que arrastró al presidente uruguayo, Pepe Mujica, que pronunció una frase para la historia: “Pesaron más las razones políticas que las jurídicas”.
Si estas son las reglas del juego, ¿para qué seguir entonces fingiendo? Cristina Kirchner ha entrado así –o quizá haya entrado ya antes– en una turbulencia cuyo axioma es “contra el mundo, y si el mundo se opone”. Ir contra Paraguay ha sido solo un episodio más de los muchos que ha protagonizado en los últimos meses. No solo intentó declararle de nuevo la guerra a Inglaterra por las islas Malvinas, sin que tantas muertes en 1982 no le hayan servido de lección, sino también ha decidido denunciar, al mismo tiempo, a la Unión Europea, a Estados Unidos de Norteamérica y Japón ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por considerar que “le ponen trabas” a los productos argentinos. Este golpe ha sido un intento de golpear primero ante la denuncia que había hecho la Unión Europea ante el mismo organismo por las trabas puestas por Argentina a los productos europeos.
El concepto que tiene Kirchner de la democracia, y la idea que persigue, lo ilustra el ataque, ¿o la arremetida? contra el grupo “Clarín” porque el periódico se niega a reconocer la majestad que le rodea y las políticas que aplica; políticas que no deben ser muy acertadas ya que han llevado la inflación a un 25% (el Gobierno reconoce solo un 10%) y a dictar un “cepo cambiario” que impide a los argentinos tener acceso a la compra de moneda extranjera, especialmente el dólar.
El pasado viernes, bautizado dramáticamente por su Gobierno como el “D-7”, era el límite que le había fijado al grupo “Clarín” para deshacerse de sus empresas de comunicación (periódicos, radios, televisión por cable, internet) de modo que se ajustara a la Ley de Servicios Audiovisuales, aprobada por el Congreso con el apoyo de “kirchneristas”, socialistas y fuerzas de la izquierda en 2009. Una ley confeccionada a la medida de los deseos de Cristina Kirchner para deshacerse de sus adversarios. El grupo “Clarín” apeló la medida al considerarla anticonstitucional.
En este momento el juez de primera instancia Horacio Alfonso estudia si los artículos 145 y 161 de la ley son constitucionales o no. Pero como el juez no se expide, el Gobierno resolvió cortar por lo sano y aplicar la ley tal cual está, sea constitucional o no. El sentido profundo de todo el problema lo expuso Kirchner con mucha claridad en el discurso que pronunció el último lunes, retransmitido obligatoriamente por todas las radios y estaciones de televisión de todo el país. Pidió allí “independencia y respeto a la voluntad popular, a la voluntad del Parlamento. Porque si no se tiene respeto a la voluntad del Parlamento donde está representada la esencia de la democracia, en esa Cámara de Diputados donde se representa al pueblo, en esa Cámara de Senadores donde están representadas las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no se respetan las leyes que legalmente emanan de allí, de qué democracia estamos hablando”.
La señora Kirchner, dentro de su verborragia populista olvida que la legitimidad de una democracia no se basa únicamente en el Parlamento, sino también, que tiene por encima un documento que es la Constitución. Y si el Parlamento no la respeta, por más que haya representantes de las 23 provincias y de Buenos Aires, está el Poder Judicial que será el encargado de dar los estirones de orejas necesarios, así sean las orejas de la propia Kirchner. Quizá el único que le dé la razón es su colega Pepe Mujica para quien lo más importante son las “razones políticas” antes que las jurídicas. Como fiel bolivariana, Kirchner está empeñada en acallar las voces del disenso. Pero siempre habrá quien logre detenerla en su tromba de ir “contra el mundo, y si el mundo se opone”.
