El caso de Jacob Ostreicher sin duda conmueve por el sufrimiento de un inocente extorsionado por funcionarios del Poder Ejecutivo, pero no es un caso aislado. Más del 70% de los presos en Bolivia no tienen sentencia. Algunos son presos políticos de notoriedad como Leopoldo Fernández con 4 años de prisión sin juicio ni sentencia. Otros viven en el olvido el calvario de las injusticias de la justicia boliviana. Lo que le ha sucedido a Ostreicher no es la excepción sino la norma de cómo funciona la justicia en Bolivia. Quienquiera que ha tenido la desgracia de requerir el auxilio del sistema judicial en este país puede atestiguar sobre la corrupción del mismo. Sean procesos civiles o penales, sean trámites administrativos o denuncias a la policía, para que un proceso llegue a buen término es casi obligatorio coimear.
Las víctimas del sistema de justicia boliviano somos todos los habitantes de este país, pero en su mayoría somos víctimas calladas, silenciosas o cuyo quejido no tiene mayor repercusión. El boliviano evita en lo posible acudir ante la policía o ante la justicia porque es consciente de los altos costos que esto significa, tanto legales como extralegales a menudo sin obtener ningún resultado. Ocasionalmente, cuando un extranjero es víctima del sistema de justicia boliviano, la prensa internacional toma nota sobre lo que aquí ocurre y si la presión internacional es suficientemente incómoda, pues se le devuelve su vehículo robado a un brasilero o la libertad injustamente quitada a un norteamericano. Pero para el resto de los bolivianos nada cambia: siguen los presos sin sentencia, siguen los jueces corruptos, siguen los abogados inescrupulosos enriqueciéndose a costa del pueblo.
Es necesario notar que la corrupción que inunda el sistema de justicia boliviano no nace con el actual gobierno pero que desde que Evo Morales es presidente las cosas han empeorado. Y es que más allá de los discursos, las acciones del gobierno son propicias para fomentar la corrupción. Por ejemplo al inicio de su gestión Evo Morales designó a Jorge Alvarado como presidente de la estatal petrolera YPFB. Al evidenciarse malos manejos por parte de Alvarado, Evo Morales lo premió con una embajada y despidió a las dos personas que hicieron la acusación. Casos como este donde el mismo presidente Morales premiaba a los presuntos corruptos y castigaba a los denunciantes han sido frecuentes. A parte de eso el Ejecutivo ha llenado de interinatos las instituciones del Estado, ha presionado a jueces y fiscales para que fallen según sus designios y a perseguido a jueces que se han negado a ser sumisos. Así no se puede hablar de mejor justicia y lucha contra la corrupción.
