Por Mauricio Ríos García
Madrid. - El desarrollo de la crisis económica de España acaba de marcar en noviembre dos puntos muy importantes para Bolivia, cuando el nuevo esquema del Estado autonómico boliviano supone ser el más próximo al español, y cuando España apunta a la reforma autonómica y constitucional como parte del diagnóstico de su crisis: Mariano Rajoy cumple un año como Presidente de Gobierno y la renovada aspiración independentista catalana que en la imagen de Artur Mas aprovecha del agravamiento de la crisis, recibe un duro revés. ¿Bolivia advierte lo que hoy parece ser un evento altamente improbable, pero que de ocurrir podría tener efectos desastrosos si la crisis llega eventualmente?
El primer punto es que en el primer año de mandato de Mariano Rajoy la crisis solamente ha empeorado. La administración del Partido Popular ha argumentado mayores dificultades para tratar la crisis que sigue a Grecia, Irlanda y Portugal, porque resultó haber un déficit fiscal mayor al reportado por el anterior gobierno socialista, y entonces rompió la promesa de no financiar aquel déficit mediante el incrementos de impuestos, tal y como lo había estando haciendo la administración previa. Además, incurre en todavía tímidos recortes para salir de la crisis y se resiste al rescate o la intervención de la troika no por principios de soberanía, sino porque implicaría adoptar reformas estructurales dolorosas pero necesarias e impostergables para honrar deudas.
El segundo punto es la renovada aspiración independentista catalana que a medida que la crisis española se agrava, parecía haberse fortalecido cuando Cataluña presentaba el argumento de ser la comunidad que más aporta pero la que menos recibe. Hoy Cataluña es la comunidad más endeudada de España, está en la bancarrota y ha solicitado a Madrid la ayuda de más de 5.000 millones de euros, mientras al mismo tiempo pretende separarse de España convencida de que además podría seguir permaneciendo dentro del euro y la Unión Europea. No obstante, el proyecto de Artur Mas, al no ser más que el reemplazo de un nacionalismo de derechas (o de izquierdas, da lo mismo) por otro igual en el territorio catalán, ahora podría presentar cada vez menores posibilidades de conseguir pronto la independencia que antes de las elecciones autonómicas del pasado 25 de noviembre.
Bien. Para quienes la crisis económica de España y en particular la que tiene con el independentismo catalán no resulta suficientemente evidente para Bolivia, las autonomías departamentales podrían convertirse en aquella auténtica bomba de tiempo que en su momento fueron las Comunidades Autonómicas que nadie o muy pocos advirtieron hasta que simplemente reventó, pero al ser Santa Cruz la abanderada del movimiento autonómico e incluso independentista de Bolivia, la analogía con Cataluña no sólo cobra mucho mayor sentido, sino que ésta podría ser el auténtico recuerdo español del futuro boliviano.
Santa Cruz no sólo es la región autónoma que mayor contribución fiscal y menor coparticipación tributaria representa, es el departamento cuya cartera de créditos es la que en toda Bolivia se encuentra más orientada al sector productivo e inmobiliario en particular, con los riesgos que esto implica si acaso fuese el exceso de crédito y no la falta del mismo lo que desencadena una burbuja económica. Además, es el departamento cuya economía concentra la mayoría de créditos cuando La Paz es la que concentra la mayoría de los depósitos. Por todo esto e incluso más, en caso de una eventual bancarrota cruceña, esta tomaría la forma más próxima a la catalana.
En caso de que la crisis económica eventualmente llegase a Bolivia y el Gobierno Central aplicase una liberticida huida hacia adelante en vez de realizar ajustes y reformas estructurales, para que Santa Cruz se proteja de este proceso de empobrecimiento y no caiga en la tentación nacionalista de simplemente remplazar una institucionalidad de coacción sistemática (la de Plaza Murillo) por otra (la de la Plaza 24 de Septiembre), debe trascender de la consolidación del principio de subsidiariedad de la Ley de Participación Popular de 1994, al legítimo derecho de secesión, esto es, de limitar el poder estatal al nivel mínimo y que al mismo tiempo todo asunto público deba ser resuelto por la autoridad más próxima al objeto del problema, a la construcción de una nueva organización competitiva de adscripción voluntaria en cuanto a la definición y defensa de los derechos de propiedad, como único mecanismo para evitar que las mayorías coaccionen contra las minorías: la libre determinación, el libre comercio, el principio de libre migración y una moneda única no intervenida.
El autor es economista.
