Por Carlos Rodríguez Braun
Libre Mercado, Madrid
El economista Alberto Garzón Espinosa, diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, tuiteó en un mismo día estas tres reflexiones:
- La troika busca neutralizar antidemocráticamente cualquier autoprotección de la sociedad ante el apetito criminal del capitalismo.
- En el capitalismo la democracia real es imposible. Votamos al Gobierno, pero no al Poder. El Poder chantajea y decide; el Gobierno dispone.
- Los teólogos del libre mercado, fieles a su fe, se felicitan porque una institución antidemocrática quiera parar el decreto antidesahucios.
Nada revela con más claridad el antiliberalismo que su frenesí democrático. Los comunistas, como los nazis, insisten siempre en que ellos son el pueblo trabajador; nuestros socialistas, por ejemplo, llevan la palabra obrero en sus siglas. El contraste con la realidad no puede ser más llamativo. En efecto, nadie ha dañado más a los trabajadores que los fascistas, los comunistas y los socialistas. Y, por supuesto, nadie les ha impedido con más saña el poder elegir libremente. Se recordará que cuando había dos Alemanias, la que era una dictadura, la Alemania donde los trabajadores no podían elegir, se llamaba Democrática.
Por lo tanto, cuando un antiliberal vocee solemnemente la democracia, conviene tener presente que no se refiere a la defensa de la libertad de elección de los ciudadanos, una libertad que tanto en la teoría como en la práctica se mostrará siempre dispuesto a avasallar, y para hacerlo recurrirá a la estratagema fundamental del totalitarismo: negar la existencia de la comunidad de mujeres y hombres libres. Para los antiliberales no existe la sociedad civil: sólo existe el poder político. Así, cuando el señor Garzón habla de "autoprotección de la sociedad" no se refiere a la sociedad, no se refiere a las mujeres y los hombres libres que viven en una comunidad.
Su primer comentario procura enfrentar unos políticos y burócratas con otros (la troika vs. el poder autonómico en Andalucía), apelando a la supuesta superioridad democrática de unos que, como vimos, no pretenden respetar la libertad de elección del pueblo, que ha de limitarse a votar y a obedecer, pero cuyos derechos en realidad no valen. La justificación de don Alberto es que las autoridades andaluzas protegerán al pueblo del "apetito criminal del capitalismo". En ningún caso se plantea qué clase de apetito exhibe el poder allí donde no hay capitalismo. Un siglo de experiencia sugiere que ese apetito no es moderado ni benéfico.
Esto reaparece en el segundo tuit, que niega que en el capitalismo podamos elegir. Cabría secundar a don Alberto si entendemos por capitalismo las sociedades occidentales democráticas, ampliamente intervenidas por la política y la legislación. En efecto, en España, la invasión de las Administraciones Públicas sobre los derechos y libertades de los ciudadanos ha sido notable, y yo sería el primero en apoyar a don Alberto si se propusiera defenderlos, por ejemplo, exigiendo el fin de los impuestos que pagan millones de trabajadores, y de las prohibiciones, controles, regulaciones y multas que lastran su libertad.
Todo indica, empero, que no es así, y que el diputado de IU quiere aumentar todavía más las usurpaciones del poder. Su inquietante uso de la expresión democracia real se parece al socialismo real. Apoya mi hipótesis el que incurra en la vieja ficción de que hay un Poder por encima del Estado, que mueve los hilos, etc. Vamos, como si creyese que aquí nos ha subido los impuestos Amancio Ortega o ha prohibido fumar en los bares El Corte Inglés.
Hablando de creer, el tercer tuit condensa viejas fábulas pseudoprogresistas. Ante todo, el utilizar adjetivos religiosos para atacar a los liberales: "teólogos", "fieles a su fe", etc. En realidad, la izquierda odia a la Iglesia porque odia la libertad, pero no quiere solo acabar con ella, sino ocupar su lugar. Como sentenció el liberal catalán decimonónico Laureano Figuerola: "Los socialistas son los frailes del siglo XIX". El tono de socialistas y comunistas, en efecto, tiene mucho de religioso, mientras que, paradójicamente, la relación de la propia Iglesia con los liberales ha sido siempre tensa, como sabe cualquiera que conozca su Doctrina Social.
Otra creencia infundada que condensa el mensaje del señor Garzón, además de la reiterada distorsión de la democracia, que ya hemos señalado, es la propia falacia del "decreto antidesahucios", que sugiere que los políticos pueden resolver los problemas de los ciudadanos con sus intervenciones, de modo simple: como los desahucios son una cosa mala, se prohíben por decreto y ya está. Nadie puede oponerse porque sería como apoyar los desahucios. Nadie puede plantear ninguna objeción, por ejemplo, a las consecuencias perjudiciales que ello puede ocasionar a los trabajadores que sí pagan sus hipotecas viejas, o que quieren comprar una vivienda solicitando una nueva. La coacción no tiene ningún efecto negativo. Puestos a creer, eso sí que es tener fe.
