Por Mary Anastasia O'Grady
The Wall Street Journal Americas
Un policía colombiano organiza paquetes de marihuana conficados antes de ser presentados a la prensa en Cali, Colombia.
Los grandes carteles son cosa del pasado, pero la producción de cocaína es mayor que en 1990
Las autoridades del aeropuerto Charles de Gaulle anunciaron la semana pasada la confiscación de 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo de Air France proveniente de Caracas. No cabe más que felicitar al inspector Clouseau.
Sin embargo, la megaoperación es más una señal de que los productores latinoamericanos de cocaína se han vuelto cada vez más osados que una muestra de que la victoria en la guerra contra las drogas está al alcance de la mano. Es una realidad triste porque el conflicto ya ha cobrado cientos de miles de vidas y ha impuesto una miseria indescriptible sobre decenas de países pobres. Salvo que se produzca un cambio de política, el número de víctimas seguirá en aumento.
El caso de Colombia es particularmente trágico y su presidente, Juan Manuel Santos, busca un cambio de rumbo. En una entrevista realizada la semana pasada con editores de The Wall Street Journal en Nueva York, el mandatario dijo que Colombia ha sido probablemente el país que ha incurrido en el mayor costo en esta guerra contra las drogas. "Hemos perdido a nuestros mejores líderes, nuestros mejores jueces, nuestros mejores policías y nuestros mejores periodistas". Ha sido, señaló, "mucha sangre, el costo de esta guerra contra las drogas".
Y el conflicto está lejos de terminar. "Los grandes carteles dejaron de existir", indicó en referencia al éxito del ejército y la policía colombiana para desmantelar ese particular modelo de negocios. "Pero el negocio continúa porque sigue habiendo demanda".
La presidencia de Santos ha estado inmersa en la controversia desde que decidió iniciar negociaciones de paz en La Habana con el grupo guerrillero narcotraficante conocido como las Farc. No obstante, otra iniciativa que Santos se acredita haber comenzado, un diálogo multilateral en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre alternativas a la fracasada guerra contra las drogas, podría ser mucho más importante.
Las Farc han estado lanzando ataques contra la población colombiana durante más de medio siglo. El grupo terrorista, que en su momento fue financiado por la Unión Soviética, ha seguido siendo viable en el mundo post-Guerra Fría gracias a las ganancias que obtiene del tráfico de coca y de cocaína. Los conservadores colombianos dudan de la buena fe de las Farc en las negociaciones de paz y Santos reconoce que el plazo que impuso y que se vence en noviembre parece "difícil" de cumplir.
Uno de los principales obstáculos en las negociaciones es la insistencia de las Farc en realizar una asamblea para enmendar la Constitución. Se trata de un camino peligroso, a juzgar por el ejemplo de Hugo Chávez en Venezuela, y Santos ha dicho que les ha informado a los rebeldes que es una demanda que no aceptará. Pero las Farc siguen siendo intransigentes. Un colapso de las negociaciones le podría costar a Santos la reelección el próximo año y el mandatario podría echarle la culpa a la guerra contra las drogas.
Colombia ha realizado grandes avances desde los años 90, cuando pudo haber sido considerada un Estado fallido. Pese a todo, el negocio de la cocaína en la región andina sigue siendo robusto. Según estimaciones de Naciones Unidas, la producción de cocaína ha crecido desde 2005 en Perú y Bolivia. En el caso de Colombia, ha bajado desde 2005, pero sigue siendo más alta que en 1990. Asimismo, la producción total de cocaína en la región andina está más o menos en el mismo nivel que en 1990.
Los delincuentes colombianos han cambiado su modelo de negocios. Ya no están los Pablo Escobar de los años 80, los grandes capos de la droga que se convirtieron en héroes populares y desafiaron la autoridad del Estado. Su lugar ha sido ocupado por traficantes menos prominentes que mantienen el sigilo y pagan a las Farc a cambio de su protección.
Santos dijo que Colombia ha capturado a numerosos jefes de bandas criminales regionales y de menor escala, pero que "seguir siendo muy agresivos es para nosotros un asunto de supervivencia nacional". En otras palabras, la guerra en Colombia está lejos de llegar a su fin, pese a los miles de millones de dólares en ayuda de Estados Unidos que ha recibido desde fines de los años 90.
Las recientes manifestaciones de los agricultores colombianos que piden subsidios del gobierno reflejan la baja productividad como consecuencia de una inversión inadecuada, señala Santos. Poner fin al conflicto con las Farc, que hace que los inversionistas teman las zonas rurales, es necesario para que los agricultores puedan competir en una economía colombiana cada vez más abierta.
Sin embargo, alcanzar un acuerdo de paz con el liderazgo de las Farc no equivale a acabar con las poderosas redes criminales que dependen del consumo de estupefacientes en las economías desarrolladas. Incluso si las Farc pueden ser usadas para combatir el tráfico de drogas, como espera Santos, los incentivos para satisfacer la demanda de los consumidores seguirán existiendo.
Esa es la razón por la que el presidente colombiano propuso en abril de 2012 el diálogo en la OEA. Cuando ya han transcurrido 50 años desde el lanzamiento de la guerra contra las drogas, el mundo no está mejor y la guerra no se ha ganado, dice Santos. "Entonces, ¿vamos a seguir por otros 50 años? ¿O hay mejores alternativas?", pregunta.
El informe de la OEA, titulado "Escenarios para el problema de drogas en las Américas" fue publicado en mayo, pero no resolvió el problema. Se limitó a analizar los costos y beneficios de una variedad de escenarios. Pero al romper el tabú de que los gobiernos hablen abiertamente sobre el alto precio de la prohibición, le ha dado voz a millones de víctimas inocentes. El legado más importante de Santos podría ser ese, no las negociaciones en La Habana.
