El problema fiscal asociado con las pensiones se ha convertido en un tema muy discutido en los últimos días. Supuestamente no hay dinero para pagar las pensiones.
Es un problema muy mal comprendido. La manera en la que muchas veces se plantea deja varias impresiones muy equivocadas. Primero, que el aspecto más importante de las pensiones es el fiscal, y que por eso las decisiones con respecto a ellas tienen que ser tomadas de acuerdo a las necesidades fiscales. Esta idea se expresa de tal forma que parece que los ahorros de las pensiones están allí para que el gobierno las use para financiarse y en los términos en los que él desee, desde apropiárselos para gastárselos como quiera (como lo hacía con el sistema que existía antes de la reforma de 1998) hasta tomarlos prestados pagando a sus dueños (los afiliados) tasas miserables de interés que les reducen sustancialmente sus futuras pensiones.
Esto es un abuso de poder en el que el Estado se apropia de recursos que no son suyos usando su potestad para normar económicamente al país. Los ahorros de las pensiones no son del Estado sino de los futuros pensionados. Si el Estado toma prestado de ellos, tiene que pagar la tasa de interés de mercado. Apropiárselos equivale a una expropiación.
La segunda impresión equivocada es que la deuda asociada con las pensiones se generó con la reforma de 1998. Muy al contrario, el sistema anterior era el que estaba generando una enorme deuda fiscal que es de la que se queja el gobierno ahora. Se generó porque existía un sistema así llamado de reparto, en el que los afiliados daban sus contribuciones mensuales al gobierno contra la promesa de éste de darles en el futuro una pensión. El gobierno prometió mil cosas y se malgastó el dinero de los afiliados. Cuando hubo que pagar las pensiones el dinero de los afiliados no estaba.
Para fines del siglo pasado era ya claro que las obligaciones pensionales no estaban cubiertas por reservas, por lo que estaban generando una gigantesca deuda que el gobierno tendría que pagar. Fue para resolver este problema que en 1998 el gobierno creó un nuevo sistema basado en la capitalización individual con cuentas personales de ahorros de pensiones. En este sistema, el gobierno no tiene nada qué ver porque la pensión de cada uno está garantizada por sus propios ahorros.
Por supuesto, el Estado ya había adquirido las obligaciones del viejo sistema, que son las que han causado la deuda de la que hoy se queja el gobierno. La deuda es del viejo sistema, no del nuevo.
La tercera impresión equivocada es que el gobierno está haciendo un favor a los pensionados del viejo sistema cuando les paga sus pensiones. Dice que si no fuera por las pensiones el déficit fiscal no existiría, como si los culpables del déficit fueran los pensionados. Pero esto no es así. Como dijo un famoso consultor de pensiones, los afiliados no le deben al gobierno. El gobierno le debe a los afiliados.
La obligación de pagar las pensiones del sistema viejo es exactamente igual a la de pagar salarios a los trabajadores del gobierno. Hacienda no puede decir que no tendría déficit si no fuera por los salarios, y no puede tampoco decir que no tiene dinero para pagar las pensiones porque no puede usar las contribuciones de afiliados jóvenes para pagar las pensiones de los viejos.
Pero, ¿por qué puede alguien querer volver al sistema de reparto? La respuesta es apropiarse de $400 millones anuales de las contribuciones de los afiliados más los 8.5 mil millones de dólares ya acumulados de sus ahorros, malgastarlos en proyectos populistas para ganar más poder político, y dejar que sean otros políticos en el lejano futuro los que incumplan las promesas de pagar las pensiones sin dinero, o los que suban los impuestos para que los mismos pensionados tengan que pagar dos veces sus propias pensiones, con sus contribuciones y con los impuestos. Ríase si alguien le dice que hay que regresar al sistema de reparto.
El autor es Máster en Economía, Northwestern University y columnista de El Diario de Hoy.
