Por Cecilia Fernández Taladríz
En televisión nacional el ministro de educación de Bachelet ha declarado: “Voy a decir con toda claridad: las universidades estatales son aquellas que representan el lugar donde se construye la cultura, donde se construye el futuro, donde se construye el pensamiento, en el que el mandante es el conjunto del país. Por tanto nosotros privilegiamos las universidades estatales en materia del portafolio de investigación país, como el lugar más natural donde aquello se verifique.”[1]
Las declaraciones del ministro expresan un objetivo político y no una realidad, ya que en Chile ―al igual que en otros países del mundo― la cultura, el pensamiento y la investigación que se desarrolla en el ámbito universitario se logra (bien o mal) sin distinción de la naturaleza y orientación de la institución. Hablar de “construir el futuro” y de “investigación país” son expresiones ideológicas típicas del denominado progresismo, que bajo una aparente neutralidad esconden un prejuicio: la superioridad del proyecto estatal para servir las necesidades colectivas de un mandante anónimo, que es “el conjunto del país”.
La sociedad en su conjunto espera de las universidades educación de calidad, profesionales con altos estándares éticos, investigación pura y aplicada, que a su vez se traduzca en innovación tecnológica, patentes y colaboración con las empresas, y un largo etcétera, incluyendo virtudes cívicas y el amor a la patria. Pero es un despropósito mayúsculo, es una falsedad histórica y es también querer tapar el sol con la mano, suponer que dichos fines deben radicarse en universidades estatales como su lugar natural. Porque en Chile “desde hace más de 125 años, el sistema de educación superior no estatal ha sido parte fundamental del desarrollo universitario que podemos observar hoy” (carta abierta, Red de Universidades Públicas no Estatales, El Mercurio, 29 de marzo de 2014). En la actualidad las universidades no estatales aportan 46% de la investigación científica del país contra 41% de las estatales.
Identificar la legitimidad que emerge de las urnas con una visión o voluntad del Ministro es desnaturalizar el mismo proceso democrático. En las urnas se ha elegido un gobierno, y éste ―producto de una coalición circunstancial― tiene como aglutinantes la figura de su presidenta y un programa cuyo común denominador es la ambigüedad, también en este ámbito. En el pasado Chile sufrió experiencias traumáticas cuando desde el poder ejecutivo se promovieron, a partir de una mayoría relativa, cambios radicales y rupturistas.
Por otra parte, Aldo Valle, Presidente del Consejo de Universidades del Estado, declara en El Mercurio (29 de marzo): “Una universidad pública jamás podría adherir a una confesión religiosa, a una ortodoxia moral o doctrina filosófica determinada.” La declaración representa una determinada “ortodoxia laica” y entronca con el iluminismo europeo del siglo XVIII, que es una doctrina filosófica. Legítima, siempre que en sus aulas no se cierren las puertas a académicos en razón de sus convicciones morales, religiosas, políticas o filosóficas.
En el mismo artículo señala que “la sociedad requiere de la existencia de una red de universidades públicas para impedir que el sistema educacional sea una mera yuxtaposición o uniformidad de proyectos corporativos privados, que prescindan de ciertos valores y virtudes cívicas irrenunciables para la construcción de la sociedad democrática como decisión colectiva vinculante”. Precisamente la diversidad de proyectos asegura la pluralidad de enfoques. Asimismo, suponer que los proyectos privados prescinden de valores y virtudes cívicas constituye un prejuicio y una descalificación a-priori que se contradice con los principios de una democracia. No es el estado quien creó esta nación y sus valores; no es el estado el garante de su propia subsistencia. Sostener que la sociedad democrática requiere de “decisiones colectivas vinculantes” cuyo necesario aglutinante es la universidad estatal, recuerda los proyectos totalitarios que emergieron en Europa durante los años 30 del siglo pasado. El señor Valle parece tirar la piedra y esconder la mano cuando agrega que “nadie ha sostenido algo en detrimento del aporte que entregan las instituciones privadas”.
Las declaraciones tanto del ministro como del señor Valle esconden una visión ideológica no neutral. ¿Insinúan, por ejemplo, que una universidad pontificia está en desventaja intelectual, por el solo hecho de su confesionalidad? ¿Que una institución cercana a la masonería no contribuye a la construcción de una sociedad democrática? La otra cara de la moneda: ¿esperan que un profesional, por el solo hecho de egresar de una universidad estatal, estará inoculado contra el individualismo que amenaza con destruir las bases de una sociedad democrática e inclusiva? ¿o que un egresado de una universidad privada está menos capacitado para ejercer cargos públicos? Ello representaría la irrupción de tendencias totalitarias con ropaje democrático.
La ambigüedad de la presidenta parece alentar las posiciones más radicales de su coalición de gobierno. El ministro es una persona inteligente que no desconoce la realidad de este país. Sus palabras sintonizan con la “ortodoxia programática” que caracteriza a este gobierno, pero ¿son fiel reflejo de sus convicciones o está más bien privilegiando su supervivencia política?
El pragmatismo obsecuente de los servidores públicos solo puede presagiar el gobierno de los peores.[2]
[1] http://www.24horas.cl/programas/elinformante/el-informante-comienza-segunda-temporada-1147230
[2] F.A. Hayek, Camino de servidumbre, capítulo X.
