Por María Dolores Arias
Anteriormente cuando escuchábamos o leíamos “privados de libertad”, uno pensaba en alguien que había sido secuestrado o retenido de manera indebida, en contra de su voluntad sin ninguna causa legítima. Sin embargo ahora el lenguaje “políticamente correcto” se refiere a aquellas personas que se encuentran en la cárcel cumpliendo una condena por algún delito que hayan cometido.
Se ha llegado al absurdo de pensar que es el “Estado quien los ha privado de su libertad”, obviando el hecho que son las acciones de estos reos las que los tienen en la cárcel. Con este lenguaje “políticamente correcto” se le quita todo el peso de la responsabilidad a quien actúa y cae en consecuencia en un abstracto llamado “Estado”.
Cada vez que les quitamos la responsabilidad de sus acciones, olvidamos a las víctimas de estos delincuentes que sufrieron su conducta antisocial, algunos pagaron con su vida el haberse cruzado en su camino.
Sólo recordemos a principios de mes cuando nos conmocionó la noticia de un atentado con granada a un camión repartidor de agua por parte de un adolescente de 17 años. Como resultado de este ataque criminal falleció una mujer y por lo menos 10 personas resultaron heridas, además de los daños materiales. En la semana siguiente hubo más atentados por parte de estos criminales a instalaciones y camiones repartidores de empresas de bebidas.
Según las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público, concluyeron que el objetivo de estos atentados era reclamar el pago de las extorsiones a empresarios para vender libremente sus mercancías. También descubrieron que los ataques fueron planeados y dirigidos a través de llamadas a celulares por pandilleros recluidos en las cárceles metropolitanas, incluida una cárcel de “máxima seguridad”.
Uno no puede evitar hacer cuestionamientos respecto al funcionamiento de las cárceles y en especial de aquellas que ostentan el adjetivo “máxima seguridad”. ¿Cómo puede un “privado de libertad” tener acceso a celulares para llamar cuantas veces lo desee para organizar atentados, extorsiones y quien sabe cuántos otros crímenes más? ¿Cómo llegan estos celulares a su poder?
Las cárceles del sistema penitenciario han sido por mucho tiempo olvidadas por los burócratas en el gobierno, a quienes no les interesa en lo más mínimo su eficiencia. Para lo que han servido estas cárceles es para jugosos contratos en la construcción de “cárceles de cartón” o “cárceles de máxima inseguridad”, como quiera usted llamarlas. Cárceles que no pasarían la más mínima revisión según estándares internacionales. Cárceles en donde la corrupción permea en todos los niveles, donde todo tiene un precio desde el ingreso en algún sector hasta el ingreso de celulares, chips, televisores y drogas por solo mencionar algunas de las cosas encontradas en cada requisa. Requisas que sólo sirven para evidenciar la falta de controles en estos presidios.
Es en estas cárceles donde los privados de libertad nos privan a los demás, a quienes “estamos afuera” de los más mínimos derechos individuales como la vida y la propiedad. Quienes estamos “privados de la libertad” somos nosotros al ser coaccionados por las extorsiones de estos criminales que dirigen sus bandas desde las cárceles.
Somos nosotros los que estamos “privados de nuestra propiedad” al tener que cerrar nuestros negocios por las extorsiones o por las granadas y balas que recibimos. Somos nosotros los “privados de libertad” de caminar tranquilamente por nuestro barrio sin el miedo a ser víctimas mortales de sus atentados.
Es hora que el gobierno cumpla con su función principal de seguridad y justicia, si queremos cambiar las cosas empecemos por preguntarnos en nuestro país, ¿realmente quiénes son los que están privados de libertad?
