Por Andrés Oppenheimer
Aunque las nuevas restricciones de visas a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos anunciadas por Estados Unidos han sido recibidas con entusiastas aplausos por muchos en Venezuela y en Miami, me temo que estas nuevas medidas no tendrán un mayor impacto.
Antes de que les diga por qué, quisiera aclarar que no comparto en absoluto los disparatados argumentos del gobierno venezolano de que estas sanciones, dirigidas exclusivamente contra funcionarios vinculados con la sangrienta represión de las protestas estudiantiles, constituyen una intervención en los asuntos internos de Venezuela.
Cualquier país tiene el legítimo derecho de decidir a quién darle o retirarle una visa. Estas no son sanciones económicas contra Venezuela, sino contra dos docenas de funcionarios específicos, que ya no podrán viajar a Disney World.
Según funcionarios estadounidenses, la lista de funcionarios venezolanos no identificados incluye a ministros, asesores presidenciales y jueces que estuvieron vinculados a la represión de las manifestaciones estudiantiles de principios de año. Las manifestaciones dejaron un saldo de al menos 43 muertos, 50 casos documentados de tortura y más de 2,000 arrestos ilegales, según Human Rights Watch.
Pero hay varias razones por las que temo que estas sanciones individuales son demasiado tímidas, y demasiado vagas para ser efectivas.
En primer lugar, no incluyen medidas para congelar las cuentas bancarias de estos funcionarios venezolanos en el exterior. Las sanciones deberían incluir el congelamiento de sus bienes y acciones en la bolsa de valores de Estados Unidos y, sobre todo, la difusión pública de las fortunas que han amasado desde que el difunto presidente Hugo Chávez asumió el poder 14 años atrás.
Es algo que puede hacerse: cuando la Casa Blanca anunció en marzo sanciones similares contra 11 funcionarios y oligarcas rusos involucrados en la anexión de Crimea, la orden ejecutiva del presidente Barack Obama específicamente incluyó retiros de visas y congelamiento de bienes.
Un proyecto de ley del congreso estadounidense, copatrocinado por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio que podría ser votado esta semana en el Senado, pide el congelamiento de las cuentas bancarias, acciones estadounidenses y propiedades inmobiliarias en Estados Unidos de los funcionarios venezolanos involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Hay varios casos de millonarios chavistas —o “boliburgueses”— con mansiones en Florida, algunos de ellos mencionados por su nombre en el libro de Casto Ocando “ Chavistas en el Imperio”. Otros aparecen en una lista de 23 “boliburgueses” dada a conocer por el Senador Rubio en mayo.
Según activistas de los derechos humanos, así como hizo falta revelar la docena de cuentas bancarias internacionales del difunto dictador chileno Augusto Pinochet para convencer a muchos de sus partidarios en Chile de que no era un líder digno de apoyo, lo mismo debería hacerse con los millonarios seudo-revolucionarios del gobierno venezolano.
La segunda razón de mi escepticismo es que las restricciones de viaje a los funcionarios venezolanos anunciadas por el Departamento de Estado no los identifican por su nombre, y no especifican si incluyen a sus familiares.
Un funcionario estadounidense me dijo que según las leyes de inmigración usadas para revocar las visas de los funcionarios venezolanos, estos no pueden ser identificados. Sin embargo, cuando la Casa Blanca anunció la revocación de las visas de los funcionarios rusos durante la crisis de Crimea, los identificó por su nombre.
La tercera razón de mi escepticismo es que —en ausencia de medidas para revelar y congelar las millonarias cuentas extranjeras de los funcionarios venezolanos— las restricciones de visas le darán una excusa al presidente venezolano Nicolás Maduro para “internacionalizar” la crisis venezolana, que es exactamente lo que busca.
O sea, le dará una nueva excusa a Maduro para tratar de cambiar el eje de la conversación, y hacer que en lugar de que se vea la crisis venezolana como un conflicto interno entre un gobierno dudosamente electo y la oposición, muchos la vean como una disputa entre Venezuela y el “imperio”.
El régimen venezolano vive de hacerse la víctima, en parte para justificar el hecho de que ha dejado a Venezuela en ruinas pese a ser uno de los países más ricos del mundo, y de haberse beneficiado de la mayor bonanza petrolera de la historia reciente del país.
Mi opinión: No hay nada de malo con dictar sanciones focalizadas contra funcionarios violadores de los derechos humanos, tales como negarles visas para entrar al país.
El asunto es si las restricciones de visas, sin medidas destinadas a congelar los bienes de estos funcionarios en el exterior, serán suficientemente efectivas como para justificar el haberle dado a Maduro otra excusa para su campaña de victimización.
Mientras las sanciones de Estados Unidos sean focalizadas y dirigidas a los funcionarios venezolanos, y no afecten al pueblo venezolano, bienvenidas sean. Pero deberían ir más lejos, e incluir la congelación de los bienes de esos funcionarios en el exterior, y los de sus testaferros.
