Por Mary Anastasia O'Grady
The Wall Street Journal Americas
Una corte francesa ratificó el fallo de un tribunal de arbitraje que obliga a El Salvador a respetar un contrato que firmó en 2002 con la compañía italiana de energía renovable Enel Green Power (EGP). El contrato, que designó a la corte francesa para que dirimiera las disputas, permite que EGP obtenga una participación mayoritaria en la sociedad termoeléctrica público-privada salvadoreña La Geo elevando su inversión en la compañía.
En otras palabras, la corte le indicó a El Salvador que no puede evitar que EGP lleve más conocimiento técnico al empobrecido país y que sume US$127 millones a una inversión de US$100 millones en su infraestructura eléctrica. El dictamen emitido el 18 de septiembre en París agota los caminos legales que le quedaban a El Salvador para detener la inversión, lo cual ha estado intentando desde 2008. Sin embargo, eso no necesariamente altera lo que ocurre en el terreno.
La idea de un país pobre decidido a bloquear una inyección de capital parece una locura si se desconoce que El Salvador tiene otras formas de obtener dólares sin ceder poder al sector privado. Por ejemplo, mañana la agencia federal independiente de Estados Unidos conocida como la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) completará un paquete de ayuda extranjera por US$277 millones para este gobierno antidesarrollo y antiestadounidense. Este será el segundo "compacto" de la MCC para El Salvador, después de un paquete de 2007 de cerca de US$450 millones a lo largo de cinco años.
El aliado de Cuba también recibe envíos regulares de petróleo subsidiado de Venezuela, el cual es canalizado a través de una compañía sin transparencia controlada por el gobierno, llamada Alba, un acrónimo inventando por Hugo Chávez para su Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Alba ahora dirige una gama de negocios a lo largo y ancho de la economía, desde estaciones de gasolina hasta tiendas de alimentos.
¿Por qué molestarse con el fastidioso Estado de derecho cuando la fuente de una de las mayores reservas de petróleo del mundo e incluso el Gran Satanás del norte están listos a aportar dinero gratis?
El terreno volcánico de Centroamérica hace que El Salvador sea un candidato perfecto para proyectos de energía geotérmica. En una entrevista en Nueva York el miércoles, Francesco Starace, presidente ejecutivo de la casa matriz de EGP, Enel, me dijo que la demora en su inversión "es una lástima" porque El Salvador tiene un gran potencial. "Pero las cosas han estado estancadas por cuatro años y en cuatro años las cosas no han mejorado".
El ejecutivo se refería al tiempo que ha pasado desde la primera decisión del tribunal de arbitraje francés en 2011 a favor de EGP, la cual ha sido ratificada en dos apelaciones independientes. Él no se hace ilusiones respecto al futuro. "Si usted firma un acuerdo, tiene que ser responsable por sus compromisos. Pero no se puede trabajar en un país que no te quiere".
Es una lástima que El Salvador no adopte la misma postura con el regalo de US$277 millones del gobierno estadounidense. El desperdicio es lo de menos. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén (un ex aliado soviético y guerrillero), desea desesperadamente el nuevo paquete de ayuda y la aprobación de EE.UU. que eso implica. Cerca de 22% de los salvadoreños vive en EE.UU. y muchos dependen de una concesión especial de inmigración que les ha permitido saltarse la fila para solicitar la residencia. Un gobierno salvadoreño que no pueda entenderse con los yanquis pone en peligro su situación en casa, donde muchos dependen de las remesas.
La MCC está aún más desesperada por ver que El Salvador obtenga el dinero. La entidad asegura que administra la ayuda extranjera de manera diferente que las burocracias tradicionales. Bajo sus directrices, sólo los candidatos que demuestran un compromiso con el buen gobierno y el Estado de derecho pueden recibir las subvenciones. Sin embargo, debido a que los países que superan ese obstáculo, y por lo tanto atraen capital, crecen por sí mismos, encontrar "clientes" es un desafío para la MCC.
Por ende, ignora las directrices. El año pasado, el senador demócrata Patrick Leahy notó la enorme brecha entre las reglas de la MCC y el dudoso perfil de El Salvador, llamándolo "un país con débiles instituciones democráticas donde la independencia del poder judicial ha sido atacada, la corrupción es generalizada y las organizaciones criminales transnacionales han florecido".
Los inversionistas extranjeros parecen estar de acuerdo. El informe más reciente del Departamento de Estado de EE.UU. sobre el clima de inversión en El Salvador indica que la inversión extranjera directa "alcanzó apenas US$140 millones en 2013, una caída de 71% frente a los US$481,9 millones recibidos en 2012".
Los inversionistas tienen buenas razones para mantenerse al margen. En el índice "Doing Business" de 2007 del Banco Mundial, El Salvador aparece en el puesto 71 (entre 175) en el índice de los países con mayor facilidad para crear, operar y cerrar un negocio. En la encuesta de 2014 (que ahora mide a 189 países) El Salvador se encuentra en el puesto 170 en la categoría de "protección de los inversionistas" (bajando un escalón frente al año pasado), 154 en "obtención de electricidad" (bajando siete lugares) y 118 en general (perdiendo tres puestos). Sume a todo esto la extorsión generalizada por parte de bandas criminales que operan con impunidad y la percepción pública en El Salvador de que el país está dirigido por una élite política corrupta.
Si EE.UU. quiere apuntalar a un mal gobierno por alguna razón política, debería decirlo. La farsa de la MCC no sólo desperdicia dinero, sino que también apoya la represión económica.
