Por Álvaro Vargas Llosa
No se han apagado los rescoldos del referéndum soberanista de Escocia y ya crepita el fuego de la consulta que el gobierno de Cataluña (región del noreste de España) ha anunciado para el 9 de noviembre y el gobierno nacional de Mariano Rajoy ha jurado prohibir. Un verdadero choque de trenes.
El independentismo catalán, que era minoritario y no había contaminado a Convergencia y Unión, la gran fuerza nacionalista catalana, es hoy el eje alrededor del cual rota la política en esa comunidad autonómica. Aunque los primeros síntomas de que esta causa transitaba de la marginalidad al corazón de la política catalana se dieron hacia 2005 cuando se diseñó el nuevo estatuto autonómico, han sido los años de la crisis (2008-2014) los que han visto crecer el fenómeno exponencialmente de la mano de políticos del “mainstream” que decidieron agitar las pasiones para justificar su ineptitud y cargar contra Madrid.
El resultado ha sido un enfrentamiento perenne entre una región que significa la quinta parte de la economía española y un gobierno nacional al que lo único que le faltaba, en medio de la crisis, era que el secesionismo quisiera partirle el país.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Rajoy para impedir la consulta del 9 de noviembre y hasta dónde está dispuesto el gobierno catalán de Artur Mas para realizarlo o sacarle partido a una eventual prohibición?
Por ahora, Rajoy recurre al Tribunal Constitucional, que con toda seguridad declarará inconstitucional el armazón legal que Mas está construyendo para ese referéndum soberanista que no dice su nombre (usan la palabra “consulta” para eludir el artículo de la Constitución española que impide celebrarlos porque la soberanía reside en el conjunto de los españoles y no en una porción). Ya en 2008 ese mismo órgano jurisdiccional impidió celebrar el referéndum que pretendía el gobierno del País Vasco y en 2010 cercenó varios elementos del estatuto catalán que apuntaban a la soberanía.
Pero ¿qué hará Rajoy si Mas decide seguir adelante?
La razón jurídica y la razón de Estado lo obligarán a usar la fuerza para impedir la consulta, retirando las urnas. Pero si Mas persiste, Madrid se expondrá a que las escenas tumultuosas y violentas den la vuelta al mundo y ganen para la causa independendista adeptos universales. Además, los radicales, empezando por Esquerra Republicana, que ya han ganado terreno, probablemente desplazarán a Convergencia y Unión como principal fuerza catalana: en circunstancias extremas, el radicalismo legitima sus objetivos. Los catalanes enfurecidos con el “autoritarismo” de Madrid se cobijarán bajo los radicales independentistas. Mas juega con un fuego que puede devorarlos a él y al gran referente de la política catalana desde la transición a la democracia a finales de los 70.
No está muy claro lo que puede hacer Madrid contra Mas si, ante una decisión adversa del Tribunal Constitucional, éste sigue adelante. Ese desacato de la ley, según algunos, sería punible con la cárcel. Otros dicen que sólo se lo podría inhabilitar. Tampoco es seguro que Mas quiera llevar el enfrentamiento al punto de colocarse fuera del Código Penal; quizás pretenda mostrar a los catalanes que estuvo dispuesto a llevarlos a la independencia y Madrid lo impidió.
La crisis ha extendido el populismo por Europa. En algunos países a través de la extrema derecha, en otros la extrema izquierda. En España, también ha ocurrido lo segundo (Podemos, estrella emergente, hijo de eso) pero el fenómeno populista preponderante ha sido la radicalización de los nacionalistas. Delicado asunto.
