Por Daniel Sticco
A fines de 2011, la presidente Cristina Kirchner sorprendió a la ciudadanía con un singular giro de la política económica. Pese a que se crecía a buen ritmo y los empresarios esperaban flexibilización de los controles y sinceramiento de las variables tras las presidenciables, dispuso reafirmar la"administración de los precios" y extender las regulaciones a la actividad privada del comercio, las finanzas y la producción.
A contramano de la indisciplina y discrecionalidad que siguió con la aprobación de aumento del gasto público, nadie imaginaba el curso recesivo que generó, inédito en el mundo en ese período.
Los indicadores habituales de consultoras económicas y medios periodísticos ponen el acento en la depreciación del peso en 50% nominal según el tipo de cambio oficial por dólar, porque con $4,28 que regía a fines de octubre de 2011, ahora apenas se pueden adquirir cincuenta centavos de dólar, para quien no sufre quitas por retenciones sobre las exportaciones o debe pagar impuestos anticipados en el caso de los autorizados para ahorrar en divisas o compran moneda extranjera para viajar al exterior. Y en el caso del dólar libre, la desvalorización se acentuó a casi 70 por ciento.
Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron a la mitad, porque la predicada política de desendeudamiento se hizo con uso de esas divisas en forma discrecional por parte de la secretaría de Hacienda, sin desprenderse de pesos captados por la vía de impuestos. ¿Por qué? Éstos quedaron a mitad de camino para poder cubrir un gasto público que creció más, incluso superando la inflación y la expansión de base monetaria.
También se resalta cómo el cepo cambiario a las importaciones -bajo el ingenuo argumento de que con ello se alentaba la producción nacional y el empleo privado-, determinó atrasos en los pagos a proveedores del exterior por más de u$s5.000 millones, que contribuyen a atenuar la real caída de las reservas en divisas del Banco Central, aun al costo de haber deprimido exportaciones por generar trabas a un proceso productivo altamente dependiente de insumos y partes foráneas y provocar pérdida de competitividad cambiaria.
Y ni que hablar cómo el cierre de la economía derivó en la escalada del ritmo inflacionario, de 10 a 23% al año en el caso de la nueva canasta del Indec y de 25 a más de 40% en los cálculos privados, por efecto del aumento de los costos en dólares, pues suben por ascensor en pesos, mientras el tipo de cambio oficial para el comercio sube por la escalera.
Estanflación creciente
Pero pocos parecen reparar que el paso de una economía que en el caso de la industria crecía a un ritmo de 5% al año, y del PBI total al 10%, en las mediciones de Indec, a otra que, según esa fuente pasó a declinar 1,3% en el primer caso y 1,2% en el segundo, adquirió una relevancia singular en términos de su valoración en moneda extranjera.
En ese punto, la Dirección Nacional de Cuentas Nacional estimó que a fines del segundo trimestre de 2014 el PBI en dólares era de 539.542 millones de dólares, y un valor levemente menor se puede estimar para los tres meses siguientes al cambio oficial, cuando tres años antes lo ubicaba en el equivalente anual de 569.086 millones, cayó en casi 30.000 millones de dólares.
Al generar un clima antinegocios, el cepo cambiario condujo al país al último puesto en la captación de inversión extranjera directa en América Latina, y resulta sustancialmente mayor cuando se localcula al tipo de cambio libre. Si se utiliza esa variable de cálculo, el PBI a fines de 2011 era de u$s528.000 millones, y en la actualidad descendió hasta los u$s310.000 millones.
Semejante destrucción de riqueza entre extremos fue aún mayor si se agrega lo que se perdió en los dos años previos y más aún en términos relativos por habitante. Con todo, el PBI per cápita volvió a niveles de 2006 al tipo de cambio libre, con poco más de 7.000 dólares por año.
No obstante la contundencia de esos datos y el costo social que implicó en términos de destrucción de empleos privados y ampliación de las suspensiones de personal y recorte de la jornada laboral, con vacaciones anticipadas, el equipo económico insistió en profundizar los controles, las regulaciones y el cepo cambiario.
Desde su implementación no sólo se contrajo la actividad productiva y el comercio exterior, y se aceleró la inflación, sino que también se inició un creciente desequilibrio fiscal que llevó a interrumpir la predicada política de desendeudamiento y generar presiones sobre el mercado de cambios, con una brecha entre el oficial y libre que pasó de un insignificante 5% a un consolidado 70 por ciento.
