Por Alberto Benegas Lynch (h)
A raíz de una encuesta que tuvo gran repercusión en nuestro medio relativa a la opinión sobre la entrega de fondos o equivalentes a funcionarios públicos, es pertinente alguna reflexión que va más allá de consideraciones estrictamente lingüísticas.
El engrosamiento injustificado de los aparatos estatales que invaden y atropellan los derechos de la gente, abre las puertas a las dádivas como defensa propia. ¿Quién en su sano juicio condenaría que un padre haya sobornado a un oficial de la SS para salvar a su hijo escondido en su casa de los criminales nazis?
Cuanto mayor sea el espacio que abarca el Leviatán, mayor será el estímulo para proceder a la defensa a través del cohecho a funcionarios para que dejen en paz a la gente. Por eso hay un correlato tan estrecho entre regímenes estatistas y los sobornos (no hay más que repasar las inauditas disposiciones stalinistas y hitlerianas para ilustrar el punto).
El que los recibe es siempre y en toda circunstancia un inmoral puesto que está recibiendo algo por hacer lo que debe hacer o para hacer lo que no debe hacer. Sin embargo, el que entrega es también un inmoral si está entregando sobornos para torcer lo que es el deber del funcionario hacer o, de lo contrario, está sobornando a quien, de no mediar el soborno, le arrebataría un derecho debido a regulaciones confiscatorias.
Lo dicho nada tiene que ver con los ladrones de guantes blancos (o no tan blancos) que la juegan de empresarios pero que cuentan con el respaldo del poder para explotar a sus semejantes a través de protecciones al efecto de no tener que competir.
Sin duda que muchos empresarios genuinos no permiten el cohecho debido a que el no registro contable los hace perder el control de la gestión, pero otros se avienen a este proceder para poder existir en el comercio, la industria o el sector bancario.
James Madison, el padre de la Constitución estadounidense, consignó que la función del gobierno consiste esencialmente en la protección de la propiedad privada y un gobierno que no cumple con esta función es ilegítimo. De modo similar opinaba el padre de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi.
Hay mucho de hipocresía en este tema tan delicado y sensible. Gobernantes despotrican contra el soborno mientras se alzan con los dineros públicos y no son pocos los gobernados que públicamente se escandalizan frente al cohecho mientra proceden en dirección opuesta a sus declamaciones.
Y no es cuestión de preguntarse donde está el límite en este espinoso asunto, se trata de que el monopolio de la fuerza concentre su atención primordialmente en la seguridad y la justicia que es lo que habitualmente no hace. No hay mucho misterio en percatarse que lo adquirido lícitamente no debe ser robado por más que el hecho esté apoyado en una orden gubernamental.
Doy un ejemplo de la hipocresía reinante. En este contexto no es infrecuente la doble cara. ¿Cuántas personas se pronuncian apasionadamente por las sandeces nacionalistas y cuando pasan por una aduana esconden en los lugares más increíbles del cuerpo productos extranjeros mejores y más baratos que los locales? y así sucesivamente.
En resumen, el tema no consiste en hacerse el sorprendido con los sobornos en sistemas estatistas sino en recortar las funciones gubernamentales para amoldarse a las mejores tradiciones de la sociedad abierta que hacen posible el progreso.
