Por Alberto Benegas Lynch (h)
El Tratado de Asunción de 1991 establece como eje central la libre circulación de personas, bienes, servicios y factores de producción entre sus miembros y asociados. Pues bien, eso no existe ni remotamente. Los controles aduaneros, las pesquisas, las trabas y los recargos están a la orden del día como si el antedicho compromiso no se hubiera firmado, especialmente por parte de gobiernos como el argentino y el venezolano.
Ahora resulta que como un buen guión de Woody Allen el parlamento argentino aprueba una ley al efecto de otorgar inmunidad de arresto a quienes se elijan para ejercer el cargo en el 2020 pero con aplicación efectiva desde su elección.
Como se ha señalado este escándalo contradice la Constitución argentina y las disposiciones del mismo Mercosur, pero independientemente de ello, subrayamos que se discute acaloradamente sobre una cáscara sin contenido al solo efecto de proteger y dar inmunidad –en realidad impunidad– a gobernantes que supuestamente han delinquido abusando de la representatividad otorgada por la gente al efecto de proteger sus derechos.
Todo este aspaviento y esperpento es realmente cómico si no fuera dramático por la desfachatez con que se opera. Pero volvamos al fondo referido al incumplimiento del tratado de marras. La sandez de vivir con lo nuestro típico de trogloditas, sigue influyendo sobre no pocos políticos.
Los aranceles, tarifas y demás obstáculos al comercio exterior inexorablemente significan mayor inversión por unidad de producto, es decir, fuerzan a destinar mayor proporción de la riqueza disponible que la que hubiera resultado de no mediar las aludidas trabas, lo cual, a su turno, significa menor nivel de vida.
Se suele repetir el archiconocido argumento falaz de Friedrich List sobre la llamada industria incipiente que apunta a que se proteja a ciertas actividades empresarias locales hasta que estén en condiciones de competir. Sin embargo, si se trata de un proyecto rentable que arroja quebrantos durante los primeros períodos para luego ser más que compensados por ganancias, el tramo de pérdidas lo debe sufragar el empresario en cuestión vendiendo su proyecto a terceros si no dispusiera de los suficientes fondos. Si nadie lo compra es por uno de dos motivos: o se trata de un cuento chino o, siendo rentable, resulta que hay otros emprendimientos que se estima son prioritarios y, como los recursos son escasos, todo no puede encararse simultáneamente, por ende, la situación comentada debe dejarse para otra oportunidad.
Pero en ningún caso debe imponerse la traslación de los costos sobre las espaldas ajenas vía gravámenes que empobrecen a todos y solo enriquecen a empresarios prebendarios. Ingresar bienes y servicios más baratos, libera recursos humanos y materiales para ser asignados en otras faenas, del mismo modo que ocurrió con el hombre de la barra de hielo cuando irrumpió la heladera o con el fogonero cuando aparecieron las locomotoras modernas.
Resulta triste observar un cuadro de situación en donde los funcionarios debaten acerca de cargos burocráticos de una entidad más bien fantasmal que no existe ni cumple funciones relevantes. Varios de nuestros socios del Mercosur se han quejado airadamente por los controles y trabas en las fronteras que imponemos a pesar del compromiso de eliminarlas, pero, eso si, las remuneraciones y las pretendidas impunidades están siempre a la cabeza de buena parte de las agendas políticas.
