Por Álvaro Vargas Llosa
La noticia de que el capitán de corbeta venezolano Leamsy Salazar ha llegado a Estados Unidos como testigo protegido para brindar información sobre los nexos de Diosdado Cabello, hombre clave del régimen chavista, y el narcotráfico es el golpe más fuerte que ha recibido desde el exterior y tal vez desde el interior del país. Salazar fue el jefe de seguridad de Hugo Chávez y, a su muerte, del actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al que se conoce como “número dos” del chavismo y cuya fortuna es motivo de habladurías.
En algún momento del gobierno de George W. Bush, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a instancias de Tom Shannon, su excelente jefe de temas hemisféricos, decidió dejar de polemizar en público con Caracas. Fue una decisión políticamente inteligente. Y también engañosa: paralelamente, otras instancias de EE.UU. hicieron un trabajo, que lleva años, para infligir al chavismo un castigo inapelable. El resultado es la información acumulada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, de la que el testimonio del capitán venezolano será ahora parte esencial, para imputar a las máximas autoridades de Venezuela por narcotráfico.
En todo este tiempo, ha habido ya alguna noticia de la relación entre el chavismo y el tráfico de estupefacientes en EE.UU., incluyendo imputaciones a un general, un juez y un ex jefe de Interpol en Caracas, así como una lista negra del Departamento del Tesoro que incluye a algunos militares y civiles.
Pero esto tiene otro alcance: que el sistema jurisdiccional estadounidense impute formalmente a los jefazos del chavismo, como casi con toda seguridad sucederá a partir de testimonios y pruebas como las otorgadas por Leamsy Salazar, es un torpedo en la línea de flotación de la estructura del régimen.
A partir de ese momento, será imposible para otros gobiernos latinoamericanos y de otras partes mantener relaciones normales con Maduro o, como ha ocurrido sistemáticamente, darle cobertura política en organismos internacionales. De hecho, ese frente se le está complicando a Caracas en cualquier caso, como hemos visto con el comunicado del gobierno colombiano esta semana pidiendo la liberación de Leopoldo López y defendiendo a los ex Presidentes -Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe Calderón- que fueron vejados por Nicolás Maduro en Caracas.
La reacción del chavismo ha sido muy parecida a la del panameño Manuel Antonio Noriega en su día. Aunque no hay aquí probabilidad alguna de que Estados Unidos invada Venezuela como sucedió en el caso panameño, es previsible un cerco internacional que, por lo pronto, impida a quienes resulten imputados circular y tener propiedades y fondos fuera de Venezuela.
Decía al inicio que este es un golpe duro también interno. Que el hombre que dirigía el primer anillo de seguridad de Chávez y protegía a Cabello hasta su deserción en diciembre haya tomado la decisión de volverse testigo protegido en EE.UU. es un síntoma de descomposición elocuente. Nada sorprendente, por otra parte, tratándose de ese tipo de régimen en circunstancias como las actuales, que no es exagerado describir como de descalabro político, económico y social.
Durante un largo tiempo el discurso antiimperialista sirvió los propósitos del chavismo. Pero a juzgar por la considerable merma que ha sufrido la popularidad del régimen, la eficacia de esa arma también ha decaído mucho. Por tanto, la capacidad de movilizar el fervor o incluso la lealtad de los chavistas ante lo que se viene desde la Fiscalía de Nueva York ya no es la que era. Maduro debe estar sudando frío.
