Por Álvaro Vargas Llosa
Dicen mucho sobre la Argentina de hoy estas cuatro cosas relacionadas con la muerte del fiscal Alberto Nisman horas antes de presentarse en el Congreso para acusar de encubrimiento a la Presidenta Cristina Kirchner y a varios colaboradores y personajes cercanos a su gobierno, a propósito del atentado terrorista de 1994 contra un centro judío: 1) Que no sabremos tal vez nunca si al fiscal lo mandó a matar alguien del gobierno o alguien cercano a él. 2) Que aun si el gobierno no es responsable directo de su muerte, millones de argentinos lo creen perfectamente capaz de haberlo matado y murmuran su sospecha en todos los rincones del país. 3) Que todo lo ocurrido desde el 18 de enero, el día en que fue encontrado muerto, ha sido esperpéntico, desde la actuación de la Casa Rosada hasta el funcionamiento de las instituciones jurisdiccionales. 4) Que cada día que pasa, como dijo en La Nación Carlos Pagni, se sabe menos, en vez más, sobre lo sucedido.
Recapitulo, para quienes no conocen los antecedentes del caso, lo esencial. Después de investigar el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) que costó la vida a 85 personas y causó más de 300 heridos, el fiscal Alberto Nisman hizo una denuncia muy grave contra la Presidenta Kirchner y mucha gente cercana a ella, a la que atribuyó distintos tipos de responsabilidad en el encubrimiento de los autores de aquella masacre, miembros de la dictadura de Irán. Se refirió en términos inequívocos a que “la decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní acusados por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, como surge de las evidencias halladas, fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Héctor Marcos Timerman”.
Se dice fácil, pero llegar hasta allí había tomado al fiscal encargado de las pesquisas del caso Amia muchos años. En realidad, todo el proceso había sido interminable. Sólo en 2006, 12 años después del atentado, se había ordenado la captura internacional de los funcionarios israelíes a quienes se imputó como responsables del atentado, cuyo brazo ejecutor fue Hezbolá, la milicia terrorista chiita que opera en el Líbano pero tiene lazos umbilicales con Teherán. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se respaldó con denuncias contra Irán en foros internacionales la actuación de la judicatura argentina.
Pero súbitamente todo cambió a partir de 2012 cuando la Presidenta, que había enviudado un par de años antes, entabló negociaciones con el régimen teocrático de Irán. El gobierno de Mahmud Ajmadinejad era un aliado estrecho de los países del Alba, especialmente de Venezuela, a su vez amigo muy cercano (y en un momento dado, financista) del Estado argentino.
En 2013, el Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán cumplió, según la justificación oficial, la misión de “destrabar el estado de la causa judicial” relacionada con el atentado. En este caso, “destrabar” significaba que se renunciaba a que un atentado cometido en Argentina fuera juzgado en Argentina. La dictadura iraní se encargaría de enjuiciar a sus propios miembros…
Lo que estaba detrás de este cambio de actitud es parte de lo que Nisman investigó. Los cientos de miles de folios de la causa contienen los detalles que lo llevaron a concluir que el gobierno, empezando por la Presidenta, revirtieron lo avanzado por la judicatura en relación con la conexión iraní del atentado, incluyendo el levantamiento de las órdenes de captura internacionales. Pertenece al dominio de lo misterioso, que es muy espacioso en el caso de la política argentina, la razón de este cambio de actitud del gobierno de Kirchner. Las hipótesis van desde la necesidad de congraciarse con Venezuela, Cuba y compañía hasta la urgencia de cubrir el déficit energético, que es considerable. No se sabe, sólo se conjetura.
Pero lo que Nisman sí estaba convencido de saber es lo que ya no podrá sustentar nunca ante el Congreso de su país: que ese acuerdo político protegió a los autores del atentado terrorista más atroz de la república argentina.
Los argentinos se hacen muchas preguntas que no tendrán respuesta. Algunas tienen que ver con la conducta errática de la Presidenta, que el lunes 19, en un texto que colgó en Facebook, sostuvo la tesis del suicidio de Nisman y tres días más tarde dijo estar “convencida” de que no se quitó la vida. También quieren saber por qué no hay rastro de pólvora en las manos del cadáver, por qué una puerta de su apartamento en Puerto Madero estaba abierta, por qué había un pasadizo secreto que conectaba su vivienda con otro inmueble, por qué el secretario de Seguridad llegó mucho antes que el juez al lugar de los hechos y por qué fue rechazada dos veces la ambulancia del Same (Sistema de Atención Médica de Emergencias) si nadie había decretado la muerte.
No menos interés tienen en saber más acerca del colaborador del fiscal, Diego Lagomarsino, que le prestó una Bersa calibre 22 para defenderse a pesar de que Nisman ya tenía un arma de bastante mayor calibre. También se preguntan si hay alguna conexión entre todo esto y lo sucedido con el ex director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, la persona que más lo había ayudado durante su pesquisa, pero que fue apartado de su cargo a raíz de una reestructuración ordenada por la incomodidad del gobierno ante una actitud que consideraban sospechosa. Stiuso dijo haber sido amenazado.
Todo esto -y la autoría intelectual y material del crimen, si fue un crimen y no un suicidio- tendría respuestas serias si la judicatura argentina pudiese actuar con independencia, autoridad y seguridad.
Pero ese no es el caso. Aunque de un tiempo a esta parte se suceden en distintas instancias -por parte de fiscales y jueces- actos de temeridad frente al gobierno, por lo general el kirchnerismo se las arregla para maniatar, subordinar o simplemente contrarrestar en otras instancias a los magistrados que no obran de acuerdo con su conveniencia. Falta saber ahora, independientemente de si fue o no un crimen, el efecto psicológico y anímico que tendrá la muerte de Nisman en los magistrados argentinos. Hay varias causas judiciales relacionadas con el kirchnerismo.
Como cunde la sospecha de que la muerte fue un crimen, la sensación de que hay métodos mafiosos en acción ya sea ordenados o tolerados por el gobierno difícilmente dejará incólume la voluntad de saber la verdad en jueces o fiscales temerosos de amanecer un día en las mismas condiciones que Nisman. El peronismo tiene una larga tradición de métodos ilegales, incluyendo los que utilizó la Triple A en los años 70 cuando los montoneros pasaron a la clandestinidad.
La relación del kirchnerismo con la justicia es la de una permanente interferencia. Al inicio de la etapa “K”, se celebró que el nuevo inquilino de la Casa Rosada corrigiera los abusos de la época de Carlos Menem, cuando la Corte Suprema fue ampliada de cinco a nueve miembros y el entonces mandatario eligió a la mitad más uno de la institución. Pero muy pronto se notó que esto era un espejismo y que el esquema de poder del kirchnerismo pretendía el control del sistema jurisdiccional. Así, en 2006 el gobierno reformó el Consejo de la Magistratura, el órgano que había sido creado a fines de los años 90 gracias a la reforma constitucional de 1994 para seleccionar y remover jueces, y para administrar el Poder Judicial. Con esa reforma se dotó a sí mismo de un poder de veto a través de la representación del Ejecutivo en dicho órgano que le aseguró el control de los nombramientos y despidos.
Pero allí no acabó la interferencia estructural en todo el sistema. En 2013 Kirchner pretendió “democratizar” la justicia con normas diseñadas para someter del todo a los magistrados, pero la Corte Suprema acabó declarando algunas de ellas inconstitucionales (para entonces la fuerte contestación social y política al gobierno, traducida en reveses electorales, permitía que ciertas instancias judiciales se atrevieran a desafiar al gobierno). Sin embargo, en 2014 Kirchner se las arregló para vaciar de contenido la reforma constitucional de 1994 que había creado el Consejo de la Magistratura: una reforma del Código Procesal Penal trasladó el poder de investigar de los jueces a los fiscales, quienes, a diferencia de aquéllos, no están sujetos a la elección o remoción por parte de dicho órgano. A ellos los elige el Poder Ejecutivo bajo recomendación de la procuradora general, controlada por el kirchnerismo.
No es una ironía menor de esta reforma el hecho de que, en el caso de la Amia, el fiscal Nisman, nombrado antes de esa modificación, resultara tan o más indagador que los propios jueces que a los que se les quitó el poder de investigar.
La república argentina se está deshaciendo, institucionalmente hablando. Ese gran país, que fue el más libre y próspero de América Latina, ha entrado en un estado de descomposición política e institucional que es el resultado directo de todo lo que hizo el kirchnerismo desde 2003 para concentrar el poder en sus manos y arrebatárselo a quien estuviese fuera de su órbita.
Lo que pretendían no era, desde luego, la descomposición sino el poder total. Pero ese proceso, en parte por la asfixia ciudadana ante tanta podredumbre y en parte por el caos económico tras el fin de la bonanza de la soya, no pudo ser controlado como pretendían pues hubo resistencia. Todo se complicó y enredó, y el gobierno, en una permanente huida hacia adelante, siguió empeñado en hacer cosas que la realidad ya no permitía. El efecto no fue el de crear un régimen perfectamente autoritario sino el que ahora conocemos: la destrucción de las instituciones, de la moral pública, del respeto elemental a la condición de ciudadanos de millones de argentinos acostumbrados, desde hace unos años, al deterioro constante de su país.
El gobierno creyó que construía su eternidad y en verdad se destruía a sí mismo y de paso el armazón institucional.
Por eso es que nunca sabremos exactamente qué pasó en el apartamento de Alberto Nisman, en el edificio Torre del Río en Puerto Madero, el 18 de enero de 2015. Ya es muy tarde: las instituciones de la república argentina ya no tienen la fuerza para averiguarlo a ciencia cierta y para hacer prevalecer esa verdad por sobre los intentos de oscurecerla.
¿Está todo perdido? No, claro que no: está en el horizonte la única salvación posible: las elecciones de octubre. No hay garantía de que el gobierno que salga de ellas resuelva la herencia macabra que recibirá el próximo mandatario, pero sí una posibilidad. La posibilidad que ahora no existe. Así de grave es la responsabilidad de la oposición, que esta semana no tuvo la capacidad ni siquiera para hablar con una voz común frente al caso trágico de Nisman. Ojalá que reaccionen a tiempo porque el kirchnerismo ya mueve sus fichas para intentar impedir el cambio que millones de argentinos desesperados tanto reclaman.
