Por Mario Vargas Llosa
El País, Madrid
El harakiri es una noble tradición japonesa en la que militares, políticos, empresarios y a veces escritores (como Yukio Mishima), avergonzados por fracasos o acciones que, creían, los deshonraban, se despanzurraban en una ceremonia sangrienta. En estos tiempos, en que la idea del honor se ha devaluado a mínimos, los caballeros nipones ya no se suicidan. Pero el ritual de la inmolación se mantiene en el mundo y es ahora colectivo: lo practican los países que, presa de un desvarío pasajero o prolongado, deciden empobrecerse, barbarizarse, corromperse, o todas esas cosas a la vez.
América Latina abunda en semejantes ejemplos trágicos. El más notable es el de Argentina, que hace tres cuartos de siglo era un país del primer mundo, próspero, culto, abierto, con un sistema educativo modélico y que, de pronto, presa de la fiebre peronista, decidió retroceder y arruinarse, una larga agonía que, apoyada por sucesivos golpes militares y una heroica perseverancia en el error de sus electores, continúa todavía. Esperemos que algún día los dioses o el azar devuelvan la sensatez y la lucidez a la tierra de Sarmiento y de Borges.
Otro caso emblemático del harakiri político es el de Venezuela. Tenía una democracia imperfecta, cierto, pero real, con prensa libre, elecciones genuinas, partidos políticos diversos, y, mal que mal, el país progresaba. Abundaban la corrupción y el despilfarro, por desgracia, y esto llevó a una mayoría de venezolanos a descreer de la democracia y confiar su suerte a un caudillo mesiánico: el comandante Hugo Chávez. Hasta en ocho oportunidades tuvieron la posibilidad de enmendar su error y no lo hicieron, votando una y otra vez por un régimen que los llevaba al precipicio. Hoy pagan cara su ceguera. La dictadura es una realidad asfixiante, ha clausurado estaciones de televisión, radios y periódicos, llenado las cárceles de disidentes, multiplicado la corrupción a extremos vertiginosos —uno de los principales dirigentes militares del régimen dirige el narcotráfico, la única industria que florece en un país donde la economía se ha desfondado y la pobreza triplicado— y donde las instituciones, desde los jueces hasta el Consejo Nacional Electoral, son sirvientes del poder. Aunque hay una significativa mayoría de venezolanos que quiere volver a la libertad, no será fácil: el Gobierno de Maduro ha demostrado que, aunque inepto para todo lo demás, a la hora de fraguar elecciones y de encarcelar, torturar y asesinar opositores no le tiembla la mano.
El harakiri no es una especialidad tercermundista, también la civilizada Europa lo practica, de tanto en tanto. Hitler y Mussolini llegaron al poder por vías legales y buen número de países centroeuropeos se echaron en brazos de Stalin sin mayores remilgos. El caso más reciente parece ser el de Grecia, que, en elecciones libres, acaba de llevar al poder —con el 36% de los votos— a Syriza, un partido demagógico y populista de extrema izquierda que se ha aliado para gobernar con una pequeña organización de derecha ultranacionalista y antieuropea. Syriza prometió a los griegos una revolución y el paraíso. En el catastrófico estado en el que se encuentra el país que fue cuna de la democracia y de la cultura occidental tal vez sea comprensible esta catarsis sombría del electorado griego. Pero, en vez de superar las plagas que los asolan, estas podrían recrudecer ahora si el nuevo Gobierno se empeña en poner en práctica lo que ofreció a sus electores.
Aquellas plagas son una deuda pública vertiginosa de 317.000 millones de euros con la Unión Europea y el sistema financiero internacional que rescataron a Grecia de la quiebra y que equivale al 175% del producto interior bruto. Desde el inicio de la crisis el PIB de Grecia ha caído un 25% y la tasa de desempleo ha llegado casi al 26%. Esto significa el colapso de los servicios públicos, una caída atroz de los niveles de vida y un crecimiento canceroso de la pobreza. Si uno escucha a los dirigentes de Syriza y a su inspirado líder —el nuevo primer ministro Alexis Tsipras— esta situación no se debe a la ineptitud y a la corrupción desenfrenada de los Gobiernos griegos a lo largo de varias décadas, que, con irresponsabilidad delirante, llegaron a presentar balances e informes económicos fraguados a la Unión Europea para disimular sus entuertos, sino a las medidas de austeridad impuestas por los organismos internacionales y Europa a Grecia para rescatarla de la indefensión a que las malas políticas la habían conducido.
Syriza proponía acabar con la austeridad y con las privatizaciones, renegociar el pago de la deuda a condición de que hubiera una “quita” (o condonación) importante de ella, y reactivar la economía, el empleo y los servicios con inversiones públicas sostenidas. Un milagro equivalente al de curar a un enfermo terminal haciéndole correr maratones. De este modo, el pueblo griego recuperaría una “soberanía” que, al parecer, Europa en general, la troika y el Gobierno de la señora Merkel en particular, le habrían arrebatado.
Lo mejor que podría pasar es que estas bravatas de la campaña electoral fueran archivadas ahora que Syriza ya tiene responsabilidades de gobierno y, como hizo François Hollande en Francia, reconozca que prometió cosas mentirosas e imposibles y rectifique su programa con espíritu pragmático, lo cual, sin duda, provocará una decepción terrible entre sus ingenuos electores. Si no lo hace, Grecia se enfrenta a la bancarrota, a salir del Euro y de la Unión Europea y a hundirse en el subdesarrollo. Hay síntomas contradictorios y no está claro aún si el nuevo Gobierno griego dará marcha atrás. Acaba de proponer, en vez de la condonación, una fórmula picaresca y tramposa, consistente en convertir su deuda en dos clases de bonos, unos reales, que se irían pagando a medida que creciera su economía, y otros fantasmas, que se irían renovando a lo largo de la eternidad. Francia e Italia, víctimas también de graves problemas económicos, han manifestado no ver con malos ojos semejante propuesta. Ella no prosperará, sin duda, porque no todos los países europeos han perdido todavía el sentido de la realidad.
En primer lugar, y con mucha razón, varios miembros de la Unión Europea, además de Alemania, han recordado a Grecia que no aceptan “quitas”, ni explícitas ni disimuladas, y que los países deben cumplir sus compromisos. Quienes han sido más severos al respecto han sido Portugal, España e Irlanda, que, después de grandes sacrificios, están saliendo de la crisis luego de cumplir escrupulosamente con sus obligaciones. Grecia debe a España 26.000 millones de euros. La recuperación española ha costado sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué tendrían los españoles que pagar de sus bolsillos las malas políticas de los Gobiernos griegos, además de estar pagando ya por las de los suyos?
Alemania no es la culpable de que buen número de países de la Europa comunitaria tengan su economía hecha una ruina. Alemania ha tenido Gobiernos prudentes y competentes, austeros y honrados y, por eso, mientras otros países se desbarataban, ella crecía y se fortalecía. Y no hay que olvidar que Alemania debió absorber y resucitar a un cadáver —la Alemania comunista— a costa, también, de formidables esfuerzos, sin quejarse, ni pedir ayuda a nadie, sólo mediante el empeño y estoicismo de sus ciudadanos. Por otra parte, el Gobierno alemán de la señora Merkel es un europeísta decidido y la mejor prueba de ello es la manera generosa y constante en que apoya, con sus recursos y sus iniciativas, la construcción europea. Sólo la proliferación de los estereotipos y mitos ideológicos explica ese fenómeno de transferencia freudiana que lleva a Grecia (no es el único) a culpar al más eficiente país de la Unión Europea de los desastres que provocaron los políticos a los que durante tantos años el pueblo griego envió al Gobierno con sus votos y que lo han dejado en la pavorosa condición en que se encuentra.
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