La visión de que el Estado debe garantizar la inamovilidad laboral adolece de serios problemas conceptuales. El primero es que dicha noción presupone que el empleador es un déspota que aprovecha de su posición para explotar a los empleados y que incluso disfruta de despedir y dejarlos sin trabajo. Lo cierto es que desde un punto de vista técnico, una alta rotación de empleados es perjudicial y costosa para una empresa.
Un despido obliga a invertir tiempo y dinero para encontrar un reemplazante, significa menor productividad durante el tiempo de aprendizaje y adaptación del nuevo empleado, implica incertidumbre sobre la capacidad y honradez del nuevo trabajador. Y estos costos son muy altos. Además despedir a alguien, desde un punto de vista afectivo y personal es en general algo desagradable. Por ello, el sueño de un empresario es tener a sus empleados por siempre, no porque la ley le prohíba botarlos, sino porque son productivos y honrados.
Un segundo problema conceptual es que si una empresa despide a alguien para contratar a otro en reemplazo, el efecto en el mercado de trabajo es nulo y no tiene fundamento acusar a tal empresa de atentar contra los trabajadores. Un tercer problema es que la inamovilidad laboral no protege a los buenos trabajadores, que por su profesionalismo, productividad y honradez no necesitan la protección de ninguna ley, y que más bien son cotizados y buscados por las mejores empresas, pero sí protege y fomenta a los mediocres, a los flojos y a los malandros. De hecho, la inamovilidad laboral forzada por el Estado hace que las empresas sean más cautas al contratar, hace que crezcan menos de su potencial y hace que muchos posibles emprendedores prefieran no arriesgar su capital y su tiempo en crear nuevas empresas.
El efecto de este freno al crecimiento es que los empleados tienen menos opciones para conseguir trabajo, tienen menores salarios de los posibles en un mercado más dinámico y existe mayor desempleo en el país.
La inamovilidad ralentiza el mercado laboral, deprimiendo los salarios y reduciendo la cantidad de empleos, promueve una fuerza laboral conformista, mediocre, chantajista y floja y protege a los empleados que merecen ser despedidos de sus empleos. La inamovilidad laboral reduce la productividad, desincentiva al crecimiento y creación de empresas, disminuye el crecimiento del país y aumenta el desempleo agregado. La inamovilidad laboral no protege a los trabajadores, los perjudica.
