Por María Dolores Arias
La semana pasada fue una semana de denuncias y capturas de funcionarios, ex funcionarios y cómplices acusados de corrupción. El primer caso se dio a conocer el martes pasado en conferencia de prensa donde Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público –MP-; Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y Elmer Sosa, viceministro de Gobernación –MinGob- informaron sobre la investigación que hicieron en la Policía Nacional Civil –PNC- donde determinaron el robo de más de Q52 millones a través de “empresas fantasmas”.
Según las investigaciones, el ex subdirector de apoyo logístico de la PNC y otras personas –por lo menos once ya capturadas- crearon una red para robarse los recursos asignados a esta institución. La red constaba de siete “empresas fantasmas” que mediante compras directas –menores de Q90 mil- facturaban a la PNC servicios y productos que no realizaban o entregaban, tales como: reparaciones a las autopatrullas, mantenimiento a las sedes policiales en diferentes partes del país, así como la venta de repuestos para los vehículos.
El segundo caso, se dio a conocer el jueves cuando, nuevamente en conferencia de prensa, dan a conocer las investigaciones ahora en el Congreso y la solicitud de antejuicio en contra del diputado Pedro Muadi Menéndez –ex diputado oficialista y ex presidente del Congreso- por sospechas de su participación en el robo de más de Q600 mil al Congreso.
Según las investigaciones, durante la gestión de Muadi como presidente del Congreso en 2013, éste tenía quince guardias asignados a su seguridad. A éstos les ofrecieron pagarle Q2 mil adicionales a su salario a cambio de firmar un contrato de “plazas fantasmas” por Q8 mil -cada uno- en el Legislativo. Cada agente de seguridad tenía una cuenta bancaria donde se depositaba el dinero de la plaza y era retirado por la administradora de la empresa propiedad del diputado Muadi, Productos, Servicios y Equipos –PSE-. Con este dinero, la administradora pagaba en efectivo los Q2 mil acordados y el resto –Q6 mil- los depositaba en la cuenta de PSE.
Estos dos casos son sólo un pequeño ejemplo del país de fantasmas en que lo han convertido los politiquillos y burócratas corruptos. Es tal la corrupción que en casi cualquier institución de gobierno que se investigue se encontrarán “plaza fantasmas” con “empleados fantasmas” que realizan “actividades fantasmas” y que como fantasmas en Halloween se “aparecen” cada quincena a buscar su cheque, y a veces ni esto es necesario cuando se transfieren electrónicamente los recursos, esos sí, reales.
Las “plazas fantasmas” son un secreto a voces en el Legislativo pero por alguna “extraña razón” no había habido la voluntad, los recursos o las agallas de investigar por parte de las autoridades correspondientes, ya no digamos dentro del mismo Congreso. Lo irónico del asunto es que, precisamente los encargados de fiscalizar el actuar del ejecutivo, sean iguales o más corruptos que aquéllos que fiscalizan.
Muchas han sido las ocasiones que diferentes medios de comunicación y asociaciones fiscalizadoras han solicitado la información respecto al personal contratado en el Congreso, no sólo por la sospecha de robo mediante “plazas fantasmas”, sino por nepotismo al contratar a los parientes del politiquillo en la curul. La negativa –en términos reales- de parte de ésta y las anteriores Juntas Directivas para entregar esta información pública genera muchas sospechas, aunque ellos lo disfracen de seguridad para quienes están contratados.
Nuestro país está lleno de “fantasmas” que sangran el dinero que a usted y a mí nos quitan a través de impuestos. Las “plazas fantasmas” que solo cambian de beneficiario conforme cambia la pandilla en el poder. Las “obras fantasmas” que nos cuestan más que si efectivamente se hubieran hecho. Los “medicamentos fantasmas” que entran y salen en la bodega para registrar doble compra. Las “remesas fantasmas” que se entregan a medias pero se cobran al doble y así podríamos seguir en este país lleno de fantasmas. Fantasmas creados por politiquillos y burócratas corruptos para robarse nuestro dinero.
Lo rescatable de todo esto es que por fin hay denuncias, investigaciones y capturas de los presuntos responsables. Ahora corresponde al MP realizar investigaciones de fondo que aporten las pruebas necesarias para condenar a quienes sean culpables de estos delitos. Corresponde también a los partidos políticos, denunciar y no sólo reaccionar –cual marido engañado que se entera al final- en contra de los miembros de su partido sospechosos de corrupción.
Nos corresponde poner atención en la actuación de las autoridades, denunciar y exigir reformas de fondo que le quiten poder al gobernante y se lo devuelvan al ciudadano, asumir el papel de mandante informado y consciente de su poder.
