Por María Dolores Arias
El viernes anterior, en conferencia de prensa, Thelma Aldana e Iván Velásquez titulares del Ministerio Público –MP- y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- informaron de la solicitud de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina y de la captura de Roxana Baldetti –ex vicepresidenta- debido al resultado del seguimiento a las investigaciones del caso “La línea” –el caso de la SAT-.
La respuesta a este anuncio por parte de varios ciudadanos fue celebrar la captura de Baldetti y protestar en su contra frente al hospital privado donde se encontraba y posteriormente fue llevada a una “cárcel especial”. La respuesta de los mandantes fue exigir la renuncia del presidente y dejar claro que será intolerante a la corrupción a través de las redes y manifestaciones.
La respuesta de algunos funcionarios entre ellos ministros, viceministros y comisionados fue presentar su renuncia, aduciendo incompatibilidad de valores y decepción por lo sucedido durante este gobierno. Eso sí, se deslindaron de cualquier complicidad y aclararon la transparencia de su gestión. Esta indignación -tardía- es poco creíble por quienes observamos las acciones del gabinete en cuestión, acuerpando decisiones poco transparentes como las compras por excepción y los estados de calamidad decretados, entre otras muchas decisiones poco transparentes en el gobierno.
La respuesta de quienes integran el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF- fue pedir la renuncia del presidente aduciendo su nula respuesta a las denuncias cuando se dio a conocer el caso.
La respuesta del presidente fue transmitir un mensaje a la nación. En este mensaje, el presidente se notaba cansado y resentido por las acusaciones en su contra. Reconoció el botín que se ha convertido el dinero de los impuestos pero negó rotundamente encabezar la estructura de “La línea” y haber recibido dinero de “esa” defraudación aduanera. ¿Será acaso una declaración parecida a la que en su momento hizo Baldetti al asegurar que no se había robado un solo centavo y lo juraba por la vida de su madre muerta?
La respuesta del presidente fue acusar al MP y a la CICIG de investigaciones parcializadas ya que sólo se habían presentado denuncias en contra de las estructuras –quienes cobraban- y no en contra de los empresarios –quienes pagaban- además señaló que la corrupción enraizada en el “sector empresarial” es de carácter histórico. Esa corrupción histórica que señala el presidente ha estado en connivencia no sólo en este gobierno sino en todos los anteriores. Él que la señala y acusa no ha hecho nada por eliminarla, no ha actuado para limitar el poder del gobierno y por ende cerrar la puerta a los privilegios y prebendas sino por el contrario durante su gobierno se emitieron leyes y acuerdos donde el poder fue cada vez más discrecional a todo nivel y en todo sentido.
La respuesta del presidente fue pedir disculpas y perdón a los guatemaltecos porque en su gobierno, funcionarios allegados o nombrados por él han sido acusados de corrupción. Lo que no dijo fue que no hizo nada por impedirlo y menos por prevenirlo, lo que no dijo fue que defendió cada proceso anómalo de compra por excepción o estado de calamidad. Lo que no dijo fue que él aprobó la intervención de aduanas y los resultados fueron casi nulos. Que fue él y sus ministros de finanzas quienes abogaron por préstamos con la excusa de que no alcanzaba el dinero recaudado.
La respuesta del presidente fue desviar la atención de lo importante hacia un enemigo imaginario llamado “comunidad internacional” o “estrategia intervencionista”. Enemigo a quien no tuvo empacho en cederle el estrado en una conferencia de prensa o sentarse a negociar la ayuda económica para combatir el “flagelo de la violencia o desnutrición”. Enemigo a quien en su momento indicó haberle pedido iniciara las investigaciones en la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- cuando se dio a conocer el caso de “La línea”.
La respuesta del presidente fue desviar la atención de la denuncia de corrupción en su contra con el proceso eleccionario al señalar la intervención de sectores de la comunidad internacional en contra de algunos candidatos. Lo que el presidente no dijo fue qué ha hecho para defender la autonomía del Tribunal Supremo Electoral a fin de fortalecer la transparencia en el proceso, qué ha hecho para consolidar el sistema de justicia con el propósito de que las denuncias sigan el debido proceso que asegure la justicia e independencia. Qué ha hecho para fortalecer al Ministerio Público y de este modo se mantenga independiente de cualquier intervención local o externa.
Al final de su mensaje la respuesta del presidente es que no renuncia, que se mantiene en el cargo. La respuesta del presidente fue poco afortunada, una clara muestra de la miopía de los politiquillos que llegan al poder y convenientemente se llaman autoridades, se olvidan –también convenientemente- que son mandatarios.
La oportunidad de todo esto es que de una vez por toda entendamos que nuestra lucha es por cambiar el sistema y no personas, es cambiar el sistema benefactor-mercantilista por uno republicano, es limitar el gobierno y no al ciudadano. Nuestra respuesta debería ser asumir el papel de mandantes y asumir la responsabilidad de entender qué es y luchar por una República.