Por Luis Pazos
La ONU, comisiones de derechos humanos, “intelectuales”, asociaciones civiles y los padres de los 43, piden justicia por el injustificable asesinato de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Me adhiero a esa petición, sin embargo, a un año de sucedido ese repugnante crimen, casi ninguno de esos peticionarios de justicia pide aclarar las verdaderas causas por las que el viernes 26 de septiembre de 2014 en la noche, un grupo de estudiantes, en su mayoría de primer ingreso, fueran enviados sin ningún motivo académico a una ciudad lejana de la normal, Iguala, que se encuentra más cerca de la ciudad de México, 190 kms, (2 horas), que de la Normal de Ayotzinapa, 246 kms. (3 horas).
Ni la Procuraduría General de la República, ni Gobernación, ni ninguna comisión de derechos humanos, han dado una versión clara de quiénes y para qué enviaron a los 43 estudiantes a Iguala. Algunos dicen que fueron a “tomar”, camiones, lo que podían haber hecho en la capital del Estado, Chilpancingo, a menos de 2 horas de la normal (145 kms).
Otros dicen que fueron a “botear”, pedir dinero a carros que pasan, o a protestar en contra de la esposa del “narcoalcalde” de esa ciudad. Una versión de los “expertos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que ”por equivocación y sin saberlo, tomaron un camión con droga”, o quizá fue por una orden de sus líderes, que si sabían lo que llevaba el camión que secuestraron, hay que investigarlo.
Ninguna autoridad ni comisión de derechos humanos ha interrogado a los líderes de la normal sobre los motivos por los cuales enviaron a esos estudiantes a secuestrar camiones a Iguala, a una “una guerra de narcos” o a utilizar a esos estudiantes como protección para robar droga a un cartel por encomienda de otro, pues las autoridades cuidan a los camiones secuestrados por “estudiantes”.
Ya es tiempo que la PGR abra una línea de investigación sobre las verdaderas causas por las que 43 estudiantes fueron enviados a la muerte, acto que condenamos, al igual que a quienes se montan sobre esas muertes para sacar beneficios políticos, económicos y darles banderas e impunidad en sus delitos a grupos de radicales.
