Por Pablo Arosemena Marriott
Un zombi es un muerto viviente. Algo que se supone extinto de este mundo y sin embargo anda por ahí reanimado, cual autómata, como por arte de brujería. Será por eso que, en vísperas de Halloween, el socialismo del siglo XXI se aprovecha de una ley que nada tiene que ver: la de alianzas público-privadas, para resucitar un impuesto ya derogado, del 2 por mil al capital de las empresas domiciliadas en Guayaquil.
Todo comienza en el año 1970 con la Ley 70-06, que creó el mencionado impuesto sobre el patrimonio de las empresas dedicadas a actividades comerciales, bancarias e industriales, con la finalidad de contribuir al hospital de la Universidad de Guayaquil. Luego, para el año 2000, las normas relacionadas con el sistema del hospital de la Universidad fueron codificadas, esto es, ordenadas sistemáticamente, por la Comisión pertinente del anterior Congreso. Hasta que en 2014, con el Código Orgánico, Monetario y Financiero impulsado por este Gobierno, se determinó, en el numeral 27 del capítulo 2 de las Derogatorias, que “…se derogan expresamente las siguientes leyes con todos sus reformas y reglamentos”. En sencillo: el impuesto quedó derogado. Y valga la ocasión para mencionar que el impuesto solo el año pasado significó aproximadamente nueve millones de dólares en contribuciones de todas las empresas afectadas. No es pelo de rana.
Sin embargo, el socialismo argumenta que el artículo final de esa codificación exige que cualquier derogatoria a la misma sea expresa, por tanto, el impuesto sigue vigente. Pero conforme a la Constitución de 1998, codificar no equivale a modificar leyes, solo a organizarlas. Además, la Constitución vigente determina que las leyes orgánicas prevalecen sobre las leyes ordinarias y, como la derogatoria se realizó mediante el Código Orgánico, Monetario y Financiero, queda claro que la ley ordinaria con su respectivo impuesto fue derogada.
Todo esto sucede cuando en plena crisis el régimen dice querer trabajar en conjunto con el sector privado, y es justamente en el proyecto de ley de alianza público-privada que se pretende revivir este impuesto zombi. Se trata de una mala señal por parte del Poder Ejecutivo hacia el sector privado guayaquileño, pero una oportunidad para que los asambleístas ratifiquen que el impuesto del dos por mil se encuentra derogado.
A propósito, como Cámara de Comercio de Guayaquil ya el 29 de abril de este año enviamos un escrito al rector de la Universidad de Guayaquil manifestando la anomalía. Y el pasado 5 de octubre asistimos a la Comisión especializada en la Asamblea para ofrecer en detalle los argumentos que contribuyan a aclarar este tema.
Lo cierto es que los impuestos significan siempre el fracaso de la creatividad del sector público y si este impuesto existiera, implicaría que los costos para Guayaquil sean más altos como consecuencia de él. Así como el zombi asusta a la gente, el impuesto zombi espanta las inversiones en nuestra ciudad.
Ahora bien, sí podemos salir de la crisis. Para eso tenemos que comenzar por cambiar la conversación nacional. Pongámonos de acuerdo en que necesitamos de más libertad y menos impuestos. Con libertad podemos innovar. Crear más empleos formales de los que tanto necesita nuestro país. Las restricciones solo suman costos, restan productividad y significan una pérdida de tiempo y energía para el comerciante. Si algo debemos tener claro es que Guayaquil no necesita más impuestos. No permitamos entonces que este impuesto zombi siga mordiendo los cerebros productivos de nuestra ciudad, afectando así la competitividad.
