Por Mary Anastasia O'Grady
Un día antes de los atentados terroristas de la semana pasada en Bruselas, John Kerry se reunió con los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana.
El encuentro produjo fotos de los criminales de guerra colombianos vistiendo guayaberas en punto de blanco alrededor de una larga mesa junto al Secretario de Estado de Estados Unidos. Las FARC no perdieron tiempo para usar las imágenes como propaganda. “Esperamos que en consecuencia, nos reconozcan como una fuerza política empeñada en la expansión de la democracia y el progreso social de Colombia”, anunciaron.
Cuatro días después, Kerry se encontraba en la capital belga para ofrecer condolencias al primer ministro Charles Michel y prometer que nunca cederá ante Estado Islámico: “No descansaremos hasta que hayamos eliminado sus creencias nihilistas y su cobardía de la faz de la Tierra”, señaló.
Un buen número de colombianos se sienten de la misma forma respecto de las FARC. El grupo respaldado por Castro ha librado una insurgencia contra la democracia colombiana que ha cobrado cerca de 220.000 vidas. Es uno de los mayores carteles de la droga del mundo. El Departamento de Estado incluye a las FARC en su lista de organizaciones terroristas. Dos de los líderes del grupo guerrillero que se reunieron con Kerry han sido sentenciados en ausencia, en cortes colombianas, a 13 años de prisión por reclutar menores, incluyendo niñas que fueron usadas como objetos sexuales.
No obstante, el gobierno del presidente Barack Obama dice que los colombianos deben confiar en las FARC y dejar que todos sus miembros, incluyendo sus líderes, eludan el castigo e ingresen a la política para así garantizar la paz. ¿Aceptarían los estadounidenses un acuerdo semejante?
La hipocresía no escapa a los colombianos, que difundieron en las redes sociales sus objeciones. La ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez tuiteó: “Después de la reunión de Kerry con las FARC estoy pendiente de cuándo será la reunión con el Chapo Guzmán”.
Miguel Gómez Martínez, sobrino del asesinado candidato presidencial Álvaro Gómez, tuiteó: “Que alguien me explique por qué los de Bruselas son terroristas y los del Nogal” —El club social donde las FARC explotaron una bomba en 2003— “son ideólogos que merecen impunidad”. El congresista colombiano Federico Hoyos tuiteó: “Señor Secretario, Colombia es uno de los países con la mayor cantidad de minas antipersonales del mundo gracias a la estrategia de terror de las FARC”.
El doble estándar es obvio. Sin embargo, el gobierno de Obama está comprometido con los cinco años de negociaciones —en La Habana— entre el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y las FARC. Santos no ha conseguido ni una sola concesión por parte de los terroristas. Las FARC dicen que no pasarán un solo día en la cárcel, no entregarán sus armas al gobierno, no renunciarán a las ganancias generadas por secuestros, narcotráfico y extorsión y no compensarán esos millones a sus víctimas. Santos, por su lado, ha roto múltiples promesas a los colombianos, incluyendo la de no darles amnistía a los terroristas.
Durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en septiembre, Santos anunció que los negociadores habían logrado un plan para desarrollar una “justicia transicional”. El mandatario agregó que tendrían un acuerdo final firmado en seis meses.
Sin embargo, el plan se ha estancado en parte porque promete que no habrá cárcel para los líderes de las FARC que confiesen sus delitos, algo a lo que se opone el 90% del país, según una encuesta reciente de Colombia Opina.
El plan también pone a los militares en el mismo plano legal que los terroristas, ofreciendo a los soldados la posibilidad de confesar un crimen de guerra cuando sean acusados para evitar el castigo o enfrentar años en prisión mientras sus casos atraviesan un sistema judicial que a menudo es hostil. Las fuerzas armadas de Colombia fácilmente podrían ser destruidas bajo este esquema, mientras que los delincuentes de las FARC quedan libres.
El 10 de febrero, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional expresó escepticismo ante el experimento judicial de Santos. “La justicia importa”, dijo James Stewart en una reunión de la Organización de Estados Americanos. “El sufrimiento de las víctimas y las comunidades —afectadas por los atroces crímenes masivos— importa. Todo esto importa si queremos construir un país más justo y pacífico”.
En una entrevista con María Celeste Arrarás en Telemundo, un canal en español de EE.UU., Kerry defendió el martes en La Habana las negociaciones entre Santos y las FARC al asegurar que no son las FARC sino “milicias de derecha” las que están “incrementando la violencia”. Eso contradice los hechos.
Según la ONU, entre los 166.000 colombianos desplazados por la violencia en 2015, 37% huyó de las FARC, 31% huyó de su primo terrorista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y 13% huyó de las bandas delictivas con las que trabajan. Una carta reciente del alcalde de San Vicente del Caguán a Santos describió las vidas aterrorizadas de la población sujeta a una extorsión incesante de las FARC.
Cuando Arrarás lo presionó, Kerry dijo que “si nuestra actitud es que tenemos que matar a todos los que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde estaríamos con Alemania y Japón?”. Le tengo noticias, señor secretario: Alemania y Japón se rindieron.
