Por Fernando González San Francisco
Siendo español, sería fácil escribir algo sobre la relación entre la economía y las instituciones: no haría falta mucha imaginación; bastaría con estar al tanto de las fechorías del gobierno de turno, independientemente de su color político. Sería sencillo explicar parte de nuestra situación actual como consecuencia de la ausencia de independencia judicial o de la perversión de los resultados electorales en favor de determinadas minorías y grupos de presión.
Residir actualmente en Estados Unidos pondría un elemental colofón al comentario de este mes y todo sería previsible: unos países funcionan mejor que otros y, en gran medida, se debe a la existencia de una serie de instituciones que protegen a los ciudadanos de la arbitrariedad del poder. Esas instituciones básicas que permiten el desarrollo del mercado se pueden resumir en el respeto de los derechos de propiedad, garantizados por la justicia mediante distintos mecanismos, tales como el cumplimiento de los contratos, la transparencia de la información, la libre competencia, etc.
Pero el método utilizado por los profesores Martín Krause y Pablo Guido, con los que estudié la asignatura Economía e Instituciones en el Máster en Economía UFM-OMMA, me obligó a plantear ciertas preguntas a los autores de las extensas lecturas que ocuparon la materia: me gustó el ejercicio porque, incluso estando mayoritariamente de acuerdo con los textos, siempre quedan resquicios para debatir y discutir, motivo por el cual he construido aquí un relato que incluye algunas de ellas.
Sabemos que el crecimiento económico derivado del comercio en Europa a partir del año 1500 fue posible gracias al desarrollo de una serie de innovaciones institucionales (propiedad privada, contratos comerciales) que estimularon acciones emprendedoras cuyos objetivos eran aumentos de la productividad frente a la mera redistribución de los ingresos obtenidos durante el feudalismo: ¿por qué, al tiempo que esas innovaciones institucionales favorecedoras del mercado libre, surgieron también durante el Renacimiento muchos de los estados que todavía perduran hoy y que han sido, y siguen siendo, los grandes enemigos de la libertad individual?
Si consideramos los contratos como elemento fundamental de este proceso, ¿no puede llegar a ser un problema el hecho de que, por definición, sean necesariamente incompletos? Por ejemplo, asumiendo con Murray Rothbard o David Friedman la existencia de una serie de agencias privadas que sustituyeran al Estado, ¿cómo podríamos defendernos si se produjera un evento, no previsto en la relación contractual entre las partes, que afectara a nuestros derechos básicos, como la vida o la propiedad?
Quizás, en vez de caer en la trampa intelectual de los fallos del mercado, lo cual nos obliga a demostrar que el Estado tampoco puede resolverlos, deberíamos de rebatir su existencia precisamente como consecuencia de ausencia de mercado. Esto nos llevaría a plantearnos si realmente se puede limitar el poder del Estado: ¿es factible, o simplemente otro ideal más, el anarcocapitalismo?
Bien, admitiendo la intromisión del Estado, es necesario entonces analizar los principales componentes de la acción política: los votantes y los gobernantes, tanto políticos como funcionarios. Los votantes tienen un incentivo débil a estar informados para mostrar sus preferencias (lo cual facilita la existencia de grupos de poder que sí obtienen un beneficio de estar informados), mientras que los políticos tienen un incentivo fuerte a estar informados (pues su objetivo personal es la reelección) y los burócratas que ejecutan sus decisiones tienen incentivos personales para maximizar el tamaño del presupuesto asignado o minimizar el esfuerzo (no siendo inusual que concurran ambos): ¿no es la limitación de mandatos un error en sí mismo, dado que se promueven políticas de corto plazo que permiten obtener beneficios hoy a cambio de costes futuros (déficits públicos) y se manipula la política en función del calendario electoral?
Dado este análisis, parece obligatorio revisar las instituciones políticas para mejorarlas, no suprimirlas: James Buchanan, con su teoría de la Elección Pública (Public Choice), estableció una analogía entre el mercado y la política comparando las preferencias de los consumidores con las decisiones de los políticos. Pero, continuando la analogía, ¿dónde podemos esperar que se produzcan innovaciones continuas y efectos disruptivos para cambiar el statu quo en política?
En cualquier caso, los datos parecen demostrar que cuanto menor es el tamaño del Estado, mayor es su calidad institucional: se podría argumentar así en favor de movimientos independentistas como en Escocia o en Cataluña, aunque la opinión mayoritaria es que sus ciudadanos no vivirán mejor que ahora cuando sean independientes. ¿Es siempre recomendable la descentralización o el Estado necesita un tamaño mínimo para poder garantizar cierta estabilidad a sus ciudadanos?
Estos ejemplos nos permiten coincidir con Friedrich Hayek al advertir del peligro de considerar el método democrático por encima de la ley, estableciendo las diferencias entre liberalismo (entendido como limitación del poder coactivo del gobierno) y democracia (cuyo único límite sería la mayoría). Aunque sea sólo en un plano intelectual, parece un poco arriesgado oponer liberalismo a democracia, puesto que el liberalismo por definición no puede estar presente en ningún país no democrático: ¿no sería mejor establecer que la democracia es una condición necesaria, pero no suficiente, del liberalismo?
Entiendo perfectamente el argumento libertario de que es lícito comerciar con dictaduras, incluso admitiendo que es el entorno político el que permite quién puede hacer negocios y quién no, pero no lo comparto completamente: ¿deberíamos considerar la libertad individual por encima de la libertad económica, dado que cualquier dictadura puede hacer crecer su PIB a costa de sus ciudadanos?
Descartando aquellos países donde no se respetan las libertades individuales, conviene analizar si unas democracias funcionan mejor que otras: volviendo a Buchanan, se concluye que no es suficiente que haya elecciones libres cada cierto tiempo para limitar la acción del gobierno, especialmente si la regla de la mayoría permite combinar el poder legislativo y el poder ejecutivo a su voluntad. Pero de su análisis comparativo entre Estados Unidos y algunas democracias europeas, parece entenderse que el sistema federalista es superior: aparte de que las constituciones europeas, monárquicas (Inglaterra, Suecia) o no (Francia), no son menos democráticas que la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿no nos demuestra la realidad que el descontrol presupuestario no es exclusivo de Europa?
Pregunta que me sirve para cerrar el círculo abierto al principio del relato: los impuestos son más bajos en Estados Unidos que en España, si bien la tendencia de los tipos impositivos es claramente creciente. No obstante, mi percepción personal es que la aceptación general de cualquier iniciativa pública (gasto en defensa, educación pública, etc.) también es parte de su ADN social, aunque es cierto que la mayoría de los ciudadanos confía en que los controles institucionales existentes funcionen y sirvan para protegerlos del poder arbitrario: viendo cómo los políticos españoles nombran a los jueces que les tienen que juzgar en caso de que sea necesario, está claro que no podemos tener la misma confianza en ambos sistemas.
