Por Álvaro Vargas Llosa
Existe en el Perú casi un consenso acerca de las horcas caudinas que enfrentará Pedro Pablo Kuczynski para gobernar. El hecho de tener una bancada de sólo 18 congresistas, de haber ganado los comicios con un alud de votos prestados por el antifujimorismo y de estar atrapado entre Escila (un fujimorismo con sangre en el ojo y mayoría parlamentaria) y Caribdis (una izquierda que le ha anunciado oposición frontal) harán de él un presidente frágil, inoperante.
No estoy tan seguro. Y no me refiero a sus atributos -experiencia política, capacidad de negociación- sino a que sus adversarios lo necesitan a él tanto o más que él a ellos, y a que tanto la Constitución como el nuevo Perú, el de las instituciones desbordadas por una sociedad bullente que no cree en ellas, le ofrecen ricas posibilidades para afirmar su Presidencia. Aprovecharlas, es algo que dependerá de la sagacidad de su gobierno.
Empiezo por la izquierda, que en estos comicios jugó un papel determinante. Lo jugó en la primera vuelta, cuando el Frente Amplio de Verónika Mendoza fue capaz de dotarla de una fuerza electoral que había perdido hace mucho tiempo, además de cierta estructura. Tal vez ella hubiera pasado a la segunda vuelta si no fuera porque un líder radical de izquierda que está preso, Gregorio Santos, asociado en el imaginario político a su militancia contra el proyecto Minas Conga en Cajamarca, donde fue gobernador, obtuvo un sorprendente 4% y le restó los votos. Su contribución a la victoria de PPK resultó importante: su respaldo de último momento ayudó a reducir significativamente el voto en blanco o nulo en el sur del país, bastión de la izquierda.
Desde que perdió su personería política, la izquierda peruana ha sido tres cosas: una elite académica e intelectual, un conjunto de activistas con capacidad de movilización y un componente, en los momentos clave, del antifujimorismo. Pero ahora es otra cosa más importante: una opción real de gobierno, como en un momento dado pasó a serlo el Frente Amplio uruguayo o el Partido de los Trabajadores brasileño. Y aquí, creo, está la razón por la cual Verónika, una de las figuras más interesantes que ha producido la mediocre política peruana, no puede conducirse frente a Kuczynski de un modo desproporcionadamente agresivo e irresponsable. Porque, si es verdad que PPK navega entre la Escila del fujimorismo y el Caribdis del Frente Amplio, no lo es menos que ella también navega entre dos monstruos marinos: de un lado, el riesgo de que Santos, por ahora un fenómeno muy focalizado en la norteña Cajamarca, crezca a su costa en el sur peruano si hace demasiadas concesiones a la “derecha limeña” y, del otro, el riesgo de que, si no logra transmitir a las clases medias emergentes algo más que radicalismo anticapitalista, acabe confinada en una condición de activista, sin capacidad para ganar elecciones.
Ella podría estar tentada de planear guerra a PPK para obligarlo a recostarse cada vez más en el fujimorismo y provocar así el desgaste de esta fuerza, su rival en el futuro. Pero es harto difícil suponer que el fujimorismo caerá fácilmente en esa trampa: el populismo está en su ADN no menos que en el ADN de una parte importante de la izquierda. Su radicalización, por lo demás, convendría especialmente al fujimorismo, visto por un sector amplio de votantes como una garantía contra la llegada de “los rojos” al poder. Esto es evidente en el norte, el bastión actual del fujimorismo, donde el fenómeno social más importante del Perú de las últimas décadas, el surgimiento de una nueva clase media, ha coincidido con el afianzamiento de los herederos de Fujimori en dicha zona.
Con prescindencia del efecto que su radicalización tendría o no en el fujimorismo, lo que es seguro es que le enajenaría a Verónika un gran número de votantes potenciales del Perú emergente. Sin ellos, sin una parte de ellos, no hay manera de que el Frente Amplio sea gobierno. Es cierto: siempre estará Santos a la izquierda de la izquierda para hacer de “coco” en la política peruana. Pero evitar que Santos le robe votos de protesta no puede ser el objetivo prioritario de una líder que aspira a gobernar el país. Su empeño debe estar en compaginar la sed de cambio de un electorado que siente ajeno el “modelo”, porque no le ofrece las mismas posibilidades que a otros con la vocación de la nueva clase media por los servicios de calidad y la infraestructura que el Estado peruano ha sido incapaz de darle.
Esto pasa por elegir con cuidado las batallas que deberá dar frente al gobierno de PPK. La percepción de que se opone a toda iniciativa, de que obstruye todo proyecto, le haría un daño político irreparable. Más daño del que le haría ser acusada por Santos de no actuar con suficiente contundencia. La izquierda tiene la gran oportunidad de transitar de la infancia a la madurez ideológica y en eso PPK puede ser su aliado inesperado, sin que haya necesidad alguna de pactos, cogobiernos o debilidad opositora. Se puede ser una oposición tenaz sin ser gratuitamente destructiva. Habrá momentos, además, en que la necesidad política haga revivir la coalición antifujimorista y la izquierda debe, explícita o implícitamente, proteger a PPK. Ocurrirá si el fujimorismo pretende, desde su mayoría parlamentaria, imponer al presidente y al país iniciativas moralmente aberrantes.
Lo cual nos lleva al fujimorismo. También ellos, que son la primera fuerza, tienen dilemas existenciales. El primero: ¿Optar por la línea dura, cercana a Fujimori padre, de la que el hermano de Keiko es expresión reconocible, o profundizar el proceso de institucionalización del partido que Keiko inició con relativo éxito pero -todavía- demasiado bagaje histórico? Claro, es difícil que una Fujimori “desfujimorice” a su partido; pero puede avanzar en esa línea. Una forma de hacerlo es evitar convertir a la bancada parlamentaria en un brulote orientado a incendiar al gobierno de Kuczynski. Dicho esto, surge la pregunta: una excesiva contemporización con el gobierno por parte de Keiko y su gente, ¿provocaría el fortalecimiento de la línea dura?
No importa tanto la respuesta a estas preguntas como lo que el solo hecho de que estén planteadas supone para PPK: la oportunidad de aprovechar el mar de fondo que agita al fujimorismo para negociar en determinados momentos cosas importantes. La primera, después de aprobado el gabinete ministerial, será, presumiblemente, el otorgamiento de facultades legislativas. Si la bancada fujimorista se opone desde el comienzo a cualquier gesto en favor de la gobernabilidad, el costo político será muy grande. De un tiempo a esta parte, el Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas, se ha convertido en una trituradora política. El conocimiento generalizado de que el fujimorismo controla el Congreso supone un desgaste potencial que podría operar como factor atenuante de la hostilidad de los fujimoristas.
Para no hablar del escenario más extremo: si el fujimorismo tumba varios gabinetes, la Constitución (artículos 133 y 134) pone en manos de PPK la posibilidad de disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas. El partido al que menos conviene provocar escenarios de esta naturaleza es al que todos asocian con la disolución violenta del que había en 1992.
Por último, les pasa igual que a Verónika Mendoza (independientemente de si en el futuro sigue siendo Keiko la que gobierna ese partido o su hermano le da un golpe interno). A diferencia de PPK, que está emprendiendo “el último trabajo” de su vida, según él, pues luego se retirará a su casa de Cieneguilla a leer y escribir, el fujimorismo pretende ser gobierno. Tantas derrotas consecutivas deberían indicarle que la única forma de disminuir el antifujimorismo es comportarse de un modo que no haga recordar, cada día, la experiencia de los años 90.
En cuanto a las prioridades de PPK, no hay misterios. El país tiene hoy una inseguridad comparable a la de otros países de la región. Responder a este reto con efectividad mediante una reforma integral de la policía y una revolución tecnológica, será determinante para el éxito o fracaso del nuevo gobierno.
El segundo asunto pendiente es retomar el crecimiento. Es cierto: gracias a algunas minas que han entrado en producción (Las Bambas, Constancia), que se han ampliado (Cerro Verde) o han sido recuperadas (Antamina), el PIB ha crecido algo más de lo que se pronosticaba, superando el 3%. Pero esa producción en algunos casos se agotará pronto y la inversión ha caído por tercer año consecutivo, lo que augura vacas flacas: el consumo no puede por sí solo sostener por mucho tiempo el crecimiento. Aquí PPK, buen conocedor de la materia y hombre que despierta confianza, debería tener menos dificultades que en el tema de la seguridad. A menos que la agitación social se desborde.
Será interesante comprobar si puede llevar a la práctica su propuesta más audaz (además de la eliminación de trabas): la reducción del IGV, especie de IVA peruano, en tres puntos, sobre todo ahora que hay déficit fiscal. Esa y otras medidas tendientes a facilitar la formalización de la economía y la multiplicación de las inversiones enfrentarán seria oposición.
El tercer asunto urgente es el institucional: aunque el desarrollo de las instituciones no es tema de un gobierno, sino de una evolución compleja y sutil, el deterioro ha alcanzado un nivel que pone en serio riesgo todo lo avanzado desde la recuperación de la democracia y el cambio de modelo económico. La ruina del sistema jurisdiccional, por ejemplo, exige cambios que ayuden a devolver un mínimo de confianza a la población. PPK, como otros actores políticos, lo tiene claro. Pero actuar allí implicará hacer frente a intereses enrocados.
Por último, PPK, que tiene una ONG dedicada al agua y lleva años hablando de servicios, encara un desafío social. En el Perú, como en otras partes, lo “social” suele implicar asistencialismo. Nadie, ni siquiera PPK (más exacto sería decir: sobre todo PPK) puede hoy disminuir los programas sociales, que han crecido. Mantenerlos, incluso aumentarlos, es una forma de protegerse políticamente contra la acusación de ser un “neoliberal” desalmado. Pero PPK sabe bien que esos programas alivian temporalmente la situación de quienes los reciben, pero no desarrollan a un país. Por eso, lo “social” en su caso significa sobre todo educación, salud e infraestructura. En lo primero ha habido algún avance durante este gobierno, pero lo demás sigue desnortado. Aquí tendrá PPK que poner mucho esfuerzo sabiendo que los frutos se verán en otros gobiernos. Y sabe otra cosa: que la resistencia al cambio por parte de los intereses creados es implacable. Lo es aun más cuando, como s el caso de Kuczynski, no se tiene una base social y política importante.
Gran parte del país respira aliviado por haberse librado de un gobierno que iba a ser una fuente de desunión y trauma moral. Ahora PPK debe demostrar que todos esos votos prestados apostaron bien.
