Por Miguel Anxo Bastos Boubeta
Entiendo que el debate sobre el anarcocapitalismo está viciado por la cuestión de la posibilidad o imposibilidad del mismo. Es obvio que la anarquía es posible, como lo demuestra la mayor parte de la historia humana (no creo que llegue al 10% de la historia el tiempo en el que hemos sido gobernados por algún tipo de entidad dotada de poder político, y mucho menos por Estados, cuya existencia como tales no será muy superior a 300 años) y la pervivencia contemporánea de pueblos sin Estado, como algunas tribus remotas en África, en América o en islas del Pacífico.
El debate debería ser otro: el de si alguien podría decidir vivir al margen del Estado, asumiendo las consecuencias; y si esto le sería o no permitido y con qué razones. Esto es, que unos cuantos ancaps y yo decidamos comprar tierras en alguna zona despoblada, española pongamos por caso, para vivir allí de forma anarcocapitalista, asumiéndolo de forma consciente, conociendo sus posibles ventajas y las hipotéticas desventajas que se darían, incluyendo un descenso en el nivel de vida o la supuesta incapacidad de establecer la justicia y la defensa por nuestra propia cuenta. Sería, en cualquier caso, nuestro problema, pero ¿nos sería permitido?
Rápidamente dirían que eso no puede ser y que tendríamos que someternos a las leyes comunes que nos dimos ¿a nosotros mismos? O que en el marco de España no caben secesiones ancaps dado que ésta es una e indivisible. Y se nos impediría por la fuerza. Pero lo que estarían haciendo no es más que aplicar la violencia contra un grupo de personas que a nadie molestan y que simplemente quieren vivir en paz respetando el derecho de los demás a vivir gobernados por la forma de Estado que ellos quisiesen. Y no lo podrían permitir porque si se acepta la voluntariedad de las relaciones no podemos hablar de un Estado, sino de una asociación voluntaria.
Este argumento se usó mucho en su tiempo para mostrar la superioridad moral del capitalismo sobre el socialismo, dado que el primero sí permitiría la existencia de comunidades socialistas, mientras que el socialismo no podría permitirlas sin derrumbarse a sí mismo. Idéntico argumento ético creo que puede ser usado en el debate entre anarquismo y minarquismo. El minarquista nunca podrá tolerar la existencia de comunidades o territorios anarquistas en su seno sin descomponer su propio argumento.
La argumentación ética en el debate entre ambas formas ideales de sociedad no ha sido nunca muy apreciada por los minarquistas, dado que en esencia les llevaría a discutir la legitimidad última del Estado, así como a cuestionar su propio origen y esencia. Y en esta clave no saben defenderse muy bien, pues su razón última es la de la fuerza contra aquellos que no compartan sus principios. Están más cómodos en el debate utilitario, que centran en el mejor funcionamiento del socialismo en algunos ámbitos de la vida social, al menos en lo que ellos denominan seguridad y en lo que ellos llaman justicia. Sus argumentos típicos son que un Estado que preste servicios en monopolio en esos ámbitos es mejor que un sistema en el que esos ámbitos se presten en monopolio.
Pero aquí los minarquistas parecen de repente volverse marxistas o ricardianos y olvidan la teoría del valor subjetivo. La minarquía es buena o es mejor pero sólo para el minarquista. El anarquista puede bien querer o preferir los costes y beneficios de la anarquía a vivir dominado por personas a las que no les reconoce ningún título de legitimidad para hacerlo. Y puede perfectamente ser su preferencia y, por tanto, la minarquía no ser la mejor opción para él. La cuestión es por qué el minarquista tiene que obligar al anarquista por la fuerza a adoptar su gusto.
Esto tiene que ver con que bienes como la defensa o la justicia son bienes claramente subjetivos. Y es que no hay nada denominado defensa o justicia, sino que ambas son necesidades subjetivas de las personas, que para ser satisfechas precisan de medios humanos y materiales como cualquier otra necesidad humana. Las personas valoramos nuestra seguridad de forma absolutamente subjetiva. Unas personas la valoran muchísimo y se sienten inseguras en cualquier parte y compran todo tipo de medios para satisfacerlas. Otras valoran el riesgo y van voluntarios a guerras o practican deportes de alto peligro. Unas consideran potencialmente peligrosos a unos u otros colectivos. Tampoco hay acuerdo en cómo tratar el asunto de la seguridad, de ahí los halcones que reclaman hierro y las palomas que predican paz y negociación. Cualquier definición monopolista de la misma satisfará a unos y dejará descontenta a buena parte de la población.
Lo mismo acontece en buena medida con la justicia. Lo que es justo para unos no lo es para otros, ni tampoco lo que es o debiera ser delito, ni la sanción a imponer. De tal modo, los códigos de justicia, penal o civil, de los distintos países del mundo pueden entender los mismos hechos de forma muy distinta: considerarlos o no delito y tratarlos de forma muy diferente. Un código de justicia monopolista solo podría conseguir la desigualdad ante la ley, que es lo que realmente acontece (si la justicia fuera realmente igual ante la ley sería indiferente disponer de un buen o un mal abogado y, por tanto, el estudio serio del Derecho). Sólo un sistema de justicia en anarquía podría, a través de la disputa entre jurisdicciones, coordinar el marco legal y limitar, dentro de lo que cabe, la posible desigualdad en el acceso a la misma, de la misma forma que las desigualdades en la valoración de los bienes logran coordinación a través del sistema de precios.
Otro aspecto que se acostumbra a eludir en el debate es el de la escala en la prestación de los bienes o servicios que requieren de acción colectiva. Estamos acostumbrados a la prestación a escala estatal de muchos servicios, no sólo los de justicia o seguridad, sino también los de transporte o, incluso, de servicios como electricidad, teléfono o agua, por lo que se nos dice que serían de muy difícil prestación en caso de inexistencia de alguna entidad central que prestase o regulase su uso. Incluso estamos pensando en una sociedad anárquica como en una sociedad a la escala de los actuales Estados, sólo que sin gobierno. Lo cierto es que serían muchas asociaciones plurales, con escalas distintas para la prestación de cada servicio concreto. Nos asociaríamos de una forma para disponer de un aeropuerto, de otra para escuelas, de otra para tiendas, de otra para construir carreteras, etc. En la vida real esto ya sucede en infinidad de aspectos e, incluso, existen organizaciones como Suiza con administraciones solapadas por funciones. Sólo habría que extender el modelo a todas las funciones. En algunos bienes nos asociaríamos a escala planetaria, en otros a escala continental, en otros a nivel regional, en otra local y en algunos a escala individual.
No habría lugar, eso sí, a los actuales monopolios basados en la escala geográfica o demográfica de los Estados existentes, que como podemos fácilmente intuir no cuentan con ninguna escala racional, pues su forma y demografía dependen de azares históricos y no de ningún diseño de escala especialmente racional para la prestación de servicios. La prueba es que existen Estados reconocidos como tales desde diez mil habitantes hasta 1.600 millones. Los Estados pequeños simplemente subcontratan los servicios que no pueden o quieren prestar a empresas u otros Estados. La escala de los Estados no vale para garantizar todos los servicios y, de hecho, se realizan tratados (en anarquía) con elementos externos para prestarlos (incluidos tratados de defensa recíproca). ¿Qué impide entonces que pequeñas comunidades sin gobierno puedan llevar a cabo acuerdos de este tipo con otras comunidades, empresas o individuos externos? Me gustaría saber la respuesta y también del interés que tienen algunos por que dichas comunidades no puedan existir.
Huemer apunta muy bien que las primeras comunidades anárquicas aparecerán de la forma que señalé al principio: en lugares muy civilizados y pacíficos que permitirían la existencia de organizaciones libres sin que sean agredidas. En principio, comunidades anarquistas y Estados podrían convivir sin problema, cada una en su sitio, y luego se vería cuál funciona mejor, con la consiguiente imitación. No entiendo la lógica de querer impedir tal posible convivencia y que cada uno elija. O sí. Pero el Estado desaparecería al transformarse en algo optativo. Y eso es algo que los estatistas no creo que estén dispuestos a permitir.
