Por Alberto Benegas Lynch (h)
Hay un tema crucial para dar debida protección a los más pobres. Es la imperiosa necesidad de percatarse de que los aparatos estatales sobredimensionados en funciones incompatibles con un sistema republicano son financiados, principalmente, por los pobres. Esto es así porque los contribuyentes, al pagar los tributos, contraen la inversión, y en consecuencia reducen los salarios en términos reales. El único factor determinante de los ingresos es la tasa de capitalización; no es voluntarismo, de lo contrario habría que dejarse de propuestas timoratas y lanzar un decreto para hacernos todos ricos.
Pero las cosas no son así. Lo que en este sentido diferencia a Angola de Alemania es el volumen de capital per cápita, es decir, equipos, instrumentos, herramientas y conocimiento relevante que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo arar con las uñas que con un tractor ni pescar a cascotazos que con una red. Donde las tasas de capitalización son más elevadas, el trabajador trabaja menos con mayor rendimiento y mejores condiciones laborales, en un contexto de marcos institucionales civilizados.
Se entenderá entonces que es inconveniente declamar para que se mantengan burócratas que ponen palos en la rueda para el fortalecimiento de una sociedad abierta. Y no es que no trabajen, sino que sus faenas son altamente destructivas de los andamiajes republicanos. Es una injusticia grave para los más pobres que se vean obligados a cargar sobre sus espaldas el derroche y el consiguiente consumo de capital.
Cuando el gobierno prescinde de funciones innecesarias y contraproducentes, libera recursos para engrosar los bolsillos de la gente, que reasignará factores humanos y materiales en actividades que considere productivas. Así, con los nuevos recursos disponibles, la gente puede hacer una de tres cosas o una combinación de ellas: invertir, consumir o guardar bajo el colchón (en realidad, invertir en dinero). Con cualquiera de estas tres cosas estará reasignando factores humanos y materiales hacia áreas productivas (si guarda bajo el colchón, estará modificando la ratio entre la cantidad de dinero en circulación y los correspondientes bienes y servicios, lo cual significa que los precios bajarán, que es lo mismo que decir que se transfiere poder adquisitivo a los demás).
Ahora bien, si hay quienes piensan que lo dicho no es suficiente para dar protección adecuada al personal que deja sus funciones en el gobierno, puede contribuir con su propio peculio para financiar entidades que se dedican a brindar ayuda al prójimo o crear nuevas instituciones, pero nunca articular discursos recurriendo a la tercera persona del plural para que los pobres se sigan haciendo cargo de los estropicios.
En uno de mis libros, En defensa de los más necesitados (en coautoría con Martín Krause), se muestra el correlato entre la libertad y los obras filantrópicas, y ejemplificábamos con los casos de Inglaterra, la Argentina y Estados Unidos antes de la irrupción de aquella contradicción de términos llamada "Estado benefactor" (puesto que la beneficencia es, por definición, realizada con recursos propios y de modo voluntario).
No es posible que se continúe con la hipocresía de parlotear livianamente sobre las "ayudas del Estado", como si los recursos correspondientes no vinieran del fruto del trabajo de los vecinos, como si hubiera que agradecer a los funcionarios públicos, que en realidad no ponen nada de su patrimonio (en muchos casos, se lo llevan).
El Gobierno ha recibido un descomunal descalabro institucional y económico. Es de esperar que elimine ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones y reparticiones que nada tienen que ver con una sociedad libre. También, que no se deje tentar por el endeudamiento externo para mantener el Leviatán que viene estrangulando autonomías individuales desde hace décadas.
Tampoco es conducente despotricar contra aumentos de precios y arremeter contra el termómetro en lugar de luchar contra la infección. Los precios son consecuencia de las valorizaciones cruzadas entre compradores y vendedores. No los determina la estructura de costos, que pueden ser muy altos o muy bajos en relación con los precios finales. Un bien puede insumir costos altísimos y sin embargo no ser valorado en esa proporción por el consumidor, que en consecuencia paga un monto mucho menor. Viceversa, un bien puede tener costos muy bajos, pero ser muy valorado por los compradores. Si los precios fueran el resultado de la sumatoria de costos, no habría quebrantos.
Sin embargo, es función gubernamental proteger los derechos de todos mediante la erradicación de todo privilegio a quienes se dicen empresarios pero explotan a la gente basados en la dádiva y el mercado cautivo. Y cuando aludimos al derecho, nos referimos a la facultad de cada cual de disponer de lo propio sin afectar iguales facultades de terceros. No se trata de los falsos derechos que se esgrimen por doquier, por ejemplo el "derecho" al bolsillo del prójimo.
En este contexto, vale mencionar aquel argentinismo que tanto usamos: los ñoquis. A veces parece que el tema central son los que cobran pero no trabajan, pero ése no es el problema. Si no trabajan, mejor, puesto que de hacerlo en funciones incompatibles con una sociedad de hombres libres resultarían un peso. Cuanto más trabajaran, peor sería. Hay que deshacerse de los ñoquis, claro, pero el asunto de fondo es deshacerse de tareas que hacen daño a la población.
Otro tema trascendental para dirigir las políticas hacia metas de bienestar general es el desempleo. Los recursos son escasos y las necesidades, ilimitadas. El recurso por excelencia es el trabajo, puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo manual e intelectual. Por el principio de no contradicción, una cosa no puede a la vez ser y no ser en las mismas circunstancias. Si el trabajo es un recurso escaso, no puede a la vez sobrar (y este sobrante es equivalente a la desocupación).
¿Por qué entonces hay desempleo en distintas partes del mundo? Porque los arreglos contractuales no son libres. Esto es, si la legislación establece salarios superiores a los que marca la antes mencionada tasa de capitalización, necesariamente habrá desocupación. El gerente no se entera del problema a menos que sus propios emolumentos se fijen por ley en niveles más altos que los que permite el volumen de inversión, en cuyo caso no encontrará empleo.
Como los bienes y servicios no crecen en los árboles y hay que trabajar para producirlos, la asignación de los derechos de propiedad permite colocar recursos en las manos más eficientes a criterio de la gente, que se expresa a través del plebiscito diario en el supermercado. En la medida en que los gobernantes pretendan fijar precios y salarios, la consecuente distorsión en los indicadores genera despilfarro, faltantes de bienes y desocupación. Eso no sólo perjudica al desempleado, sino que afecta negativamente a toda la economía, ya que habrá una fuerza laboral conjunta menor.
Dicho sea al pasar, la propiedad hace referencia al propio cuerpo y a la privacidad, a la libre expresión del pensamiento y a la disposición de lo adquirido lícitamente por parte de cada uno.
El autor es Doctor en Economía.
