Por Maria Marty
Hace unas semanas atrás, el Doctor en Ciencias Económicas y Estadística Matemática, Antonio Ignacio Margariti, realizó un informe en su programa ON24 sobre el sistema impositivo argentino en el que expone algunas cifras que logran alarmar a cualquiera.
Margariti comienza comparando a Argentina con Estados Unidos, que siendo una de las primeras potencias mundiales y figurando cuarto en el ranking de ingresos per cápita a nivel internacional (63.000 USD por año en promedio), cuenta con un total de cuatro impuestos.
Mientras tanto, Argentina ocupa el puesto 55 en dicho ranking (17.000 USD por año en promedio), tiene 96 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal.
En su informe también nos cuenta que luego de revisar los 26 tomos de una obra llamada “La Ley. Impuestos”, ha detectado que existen 64.980 normas impositivas y reglas que supuestamente deberíamos conocer para no cometer infracciones.
Otro dato. Si existiera alguien que lograra aprenderse esa cantidad de normas y decidiera cumplirlas, estaría entregando al Estado el 74 % del ingreso que ha generado.
Es decir, una persona que desea permanecer en la legalidad en Argentina y no ser considerado por la ley un “delincuente”, debe estar dispuesto a trabajar 7,4 días de cada diez días para el Estado. ¿Pero es un delincuente alguien que evade en un infierno fiscal tratando de proteger su propiedad? ¿Es un delincuente alguien que se niega a ser un esclavo del gobierno de turno?
Antonio Margariti plantea la siguiente pregunta:
“¿No será lícito acaso la resistencia impositiva frente a este saqueo fiscal al que estamos sometidos?”
Ya Frédéric Bastiat había escrito en su obra La Ley: “Cuando la ley y la moral se contradicen una a la otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley.” No hay duda de que la carga impositiva en Argentina es inmoral, y no deja muchas alternativas al ciudadano decente que pretende conservar su derecho a la propiedad.
Por otra parte y para sumar más cifras, el economista Roberto Cachanosky presentó otro informe sobre el gasto social (solo nación) que lleva a cabo el Estado argentino desde 2001 hasta la fecha. El mismo pasó de USD 27.543 millones en 2001 a USD 79.325 millones en 2016.
La excusa por la cual el Estado lleva a cabo este saqueo impositivo a los ciudadanos, es el supuesto fin de ayudar a los más necesitados. En 2015, el 20 % de la población (alrededor de ocho millones de personas) recibían algún tipo de asistencia económica del gobierno. Pero la pobreza en Argentina, lejos de disminuir, sigue creciendo (un 33 % de pobreza actual).
El círculo vicioso continúa girando. Asfixia impositiva para quienes producen, leyes laborales rígidas, inflación por emisión monetaria, etc. En consecuencia, nadie quiere invertir en el país y nadie quiere contratar a nuevos empleados por miedo a juicios por despidos. Al no poder invertir y no poder transformar a las propias industrias en más eficientes, aparece la alternativa de hacer lobby para pedir subsidios y protección de la competencia extranjera. Y así, otro impuesto cae sobre la cabeza de los consumidores, que ahora tienen la obligación de comprar baja calidad y caro dentro del país, o pagar el doble o triple del valor de mercado por un producto extranjero, debido a los aranceles impuestos para proteger la industria nacional.
La cuenta no cierra por ningún lado. Pero lo peor de todo es la mentalidad que se ha generando en un país, donde un gran segmento de la población se ha vuelto Estado-dependiente y ha aprendido que en Argentina es mucho más seguro y posible recibir algo de arriba por parte del gobierno de turno, que pensar en trabajar, emprender, arriesgar, competir y vivir una vida buena y digna gracias al propio esfuerzo.
La frase que escribió en los años 50 la filósofa rusa-americana Ayn Rand parece haber sido escrita mirando a la Argentina a través del tiempo.
“Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá, afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.”
La autora es licenciada en Comunicación Social, guionista y libertaria. Es la directora ejecutiva de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual (FRI).
