Por Alex Daugherty y Franco Ordoñez
La divisa de Venezuela prácticamente no vale nada. El pueblo pasa hambre. La inflación rampante ha hecho que el bolívar sea menos útil que el papel higiénico.
Y desde la elección del presidente Donald Trump, el gobierno venezolano ha gastado al menos $1.3 millones en cabilderos en Washington a través de su filial Citgo, una petrolera con sede en Houston.
Tres firmas de cabildeo de Washington representan en este momento al gobierno venezolano en la capital estadounidense, y presionan en el Congreso, la Casa Blanca y el gabinete sobre temas como “refinación de combustible” y el “impacto potencial de las políticas energéticas de Estados Unidos sobre las operaciones de CITGO vinculadas a los consumidores estadounidenses”.
Pero Caracas considera su inversión en los cabilderos una forma de enfrentar amplias sanciones al suministro de crudo venezolano a Estados Unidos. Acicateada por legisladores como el senador floridano Marco Rubio, la Casa Blanca dijo la semana pasada que “todas las opciones están sobre la mesa” y prometió “medidas económicas fuertes y rápidas”, antes de una votación programada en Venezuela el 30 de julio con la intención de crear una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución a favor del régimen del presidente Nicolás Maduro.
“Esos gastos de cabildeo son una parte pequeñísima en comparación con las pérdidas económicas potenciales si se implementan las sanciones petroleras”, dijo C.J. Giménez, hijo del alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, quien es cabildero y abandonó Avenue Strategies, una firma creada por antiguos asistentes de campaña de Donald Trump, después que la firma decidió tomar a Citgo como cliente.
La sanciones potenciales contra el mercado petrolero venezolano pudieran tener consecuencias financieras significativas tanto para el régimen de Maduro como el venezolano promedio. Aunque el crudo venezolano significa una parte pequeña —aproximadamente el 8 por ciento en el 2016— de todas las importaciones estadounidenses de crudo, Estados Unidos compra casi la mitad del petróleo que produce Venezuela y esas ventas significan el 95 por ciento de los ingresos por concepto de exportación de Venezuela, según la OPEP.
Giménez dijo que el mayor activo de Venezuela es su petróleo y que Maduro “lo usa para financiar su permanencia [en el poder]”.
Para fortalecer el futuro del régimen de Maduro ante la intensa presión, Venezuela usa las firmas de cabildeo Avenue Strategies, Cornerstone Government Affairs y VantageKnight. Todas tienen buenas relaciones en la capital nacional y gastan grandes cantidades de dinero a nombre de empresas de la talla de Google y Citigroup. Además, su personal está compuesto en parte por antiguos asistentes legislativos que conocen bien el Congreso.
VantageKnight, una firma creada por el estratega demócrata y abogado Manuel Ortiz, gastó $540,000 a nombre de Citgo para cabildear sobre el “impacto potencial de las restricciones de las políticas de energía y asuntos exteriores de Estados Unidos sobre las operaciones de CITGO Petroleum Corporation y la valuación de sus activos” y “asuntos relacionados con sanciones” en el 2017.
Ni Ortiz ni Ortiz respondieron a una solicitud de comentario. La operadora de una oficina en Houston de la petrolera estatal venezolana PDVSA, propietaria de Citgo, colgó el teléfono cuando un reportero la contactó.
Citgo siente la presión en Washington, donde legisladores han cuestionado la promesa de PDVSA de colocar el 49.9 por ciento de sus acciones en Citgo como garantía de un préstamo del gigante petrolero del gobierno ruso, Rosneft, porque ello pudiera hacer que Moscú tenga control indirecto sobre los activos estadounidenses de Citgo, que incluyen tres refinerías, nueve oleoductos y docenas de plataformas de petróleo.
Un grupo bipartidista de senadores, entre ellos Rubio y el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, escribieron una carta al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en la que expresaron serias preocupaciones de seguridad nacional sobre el potencial de que “infraestructura crítica de energía” controlada por Citgo pueda quedar en manos de Rusia y colocar a al presidente Vladimir Putin y sus aliados en una posición de influir sobre los precios de la gasolina y la refinación de petróleo en Estados Unidos.
“Creo que todos podemos concordar en que lo último que necesitamos es abrir la puerta de nuestra infraestructura crítica a la interferencia rusa”, dijo Menéndez la semana pasada.
Aunque el cabildeo a favor de Citgo continúa en Washington, el cabildeo a nombre de PDVSA se ha interrumpido. Las dos firmas que trabajaron a nombre de PDVSA en el 2016 dejaron de representar a la compañía en el 2017.
Una de las firmas que representaba a PDVSA, Rasky Baerlin Strategic Communications, tiene como vicepresidente senior a David Tamasi, ex presidente del fondo Trump Victory.
Ni Tamasi ni su personal respondieron a una solicitud de comentario sobre su labor. En abril, Tamasi, quien recientemente comenzó a representar al gobierno de Georgia, la antigua república soviética, le presentó un informe de interrupción de servicios de cabildeo a PDVSA.
Desde que Maduro asumió la presidencia en el 2013, el cabildeo en Washington a nombre de clientes en Venezuela asciende a $7.8 millones, según registro de cabildeo del Senado.
Giménez, miembro de la clase política cubanoamericana de Miami que rechaza a Maduro, no pudo trabajar a nombre de Caracas después de escuchar las experiencias de un amigo que viaja con frecuencia a Venezuela.
“Hace un amigo me contó que en su último viaje a Venezuela había un punto de control de jóvenes armados que se transaron por una caja de galletas en vez de efectivo”, dijo Giménez. “No me gusta la idea de representar a un régimen totalitario que oprime a su pueblo desde hace años y es responsable de la muerte de tantos inocentes”.