Por Alberto Benegas Lynch (h)
A los que, dentro o fuera del Gobierno, se alarman por los llamados "ajustes" debo decirles que tienen razón en preocuparse, así como cuando se proponen medidas de shock. Ya bastantes ajustes y shocks sufre la población en nuestro medio desde que amanece hasta que se acuesta como para absorber otros reveses.
A partir del golpe fascista del 30 y mucho más desde el peronismo y sus imitadores venimos chocando contra una pared. Es momento de escuchar otras voces que no sean las de incrementar el gasto público, los impuestos, el endeudamiento y mantener la inflación a niveles inaceptables.
El asunto es precisar que si en verdad se quiere aliviar la situación de la gente, es imprescindible engrosar sus bolsillos, para lo cual deben transferirse recursos desde el leviatán, que ha venido saqueando el fruto del trabajo ajeno al acumular funciones incompatibles con un sistema republicano. No se trata entonces de ajustes y shocks adicionales, sino de restituir e incrementar el poder adquisitivo de los gobernados.
No se trata tampoco de disimular el gasto elefantiásico con el incremento del producto bruto para modificar la ratio respectiva; se trata de eliminar facultades que se han arrogado con inaudita insolencia los aparatos estatales, pero que son propias del ciudadano.
Entre otros, el decimonónico Frédéric Bastiat en su obra titulada La ley, explica con claridad que no se puede recurrir a subterfugios para disfrazar las recaudaciones gubernamentales que exceden las funciones específicas de una sociedad abierta, las cuales, subraya, se traducen en mero "robo legal".
Ilustremos esto con un ejemplo extremo: supongamos que un ladrón arranca la billetera de un transeúnte; seguramente si es apresado se hará que el delincuente devuelva el botín a la víctima, pero no gradualmente, sino lo antes posible. De lo que se trata no es de implantar la justicia con cuentagotas, sino de restituir la propiedad.
Del mismo modo ocurre con un gobierno completamente desordenado en sus cuentas, con gastos siderales, déficit monstruoso, tributos insoportables, deudas crecientes y una inflación que se mantiene a niveles muy superiores a la de cualquier nación civilizada. Del mismo modo, si se gasta más de lo que ingresa, no puede evitarse la bancarrota de una empresa o los efectos nocivos del desorden en el seno de una familia.
Una vez pasadas las elecciones, el orden y el recorte de gastos se tornan más urgentes. Esto es para bien de las personas involucradas. Si esto no fuera así, habría que hacer la apología del desorden, pero de esa manera la historia termina siempre mal, tal como viene sucediendo sistemáticamente en nuestro medio desde hace décadas.
No se trata de causar dolor, sino alivio y mejora en la condición social de la gente. Lo relevante es que el balance neto entre costos y beneficios abra de par en par las puertas del progreso para todos, muy especialmente la de los más necesitados. No hay magias posibles, no puede engullirse la torta y tenerla al mismo tiempo.
El desorden conlleva costos altísimos que los pagan principalmente los más débiles económicamente, ya que los ahorros y las inversiones se contraen no sólo debido a las pesadas cargas impositivas, sino que disminuyen debido a climas como los descriptos.
Por supuesto que todo en la vida tiene un costo. No hay acción sin costo. El lector incurre en costos al leer esta nota, puesto que para hacerlo debe dejar de prestar atención a otros asuntos de su preferencia según la secuencia de prioridades de cada cual. En economía esto se denomina costo de oportunidad. En el caso que nos ocupa, en un primer momento absorberán costos quienes deben reasignarse a otros destinos al efecto de ser reabsorbidos en tareas distintas que no podían encararse, precisamente debido a que se encontraban esterilizadas en las órbitas de los aparatos estatales.
En este sentido, la liberación de factores humanos y materiales permite encarar otras tareas, hasta el momento imposibles de concebir, lo cual presenta nuevos negocios y las consecuentes capacitaciones. El proceso debe llevarse a cabo con el mayor cuidado, pero resulta imperioso comenzar con la tarea cuanto antes.
Debe hacerse foco en el sufrimiento, especialmente el de la gente de menores ingresos sobre la que recae el peso de verse obligada a mantener funcionarios cuyas faenas consisten en asignar recursos en direcciones distintas de las que hubiera decidido la gente en libertad (si el Gobierno decidiera lo mismo que prefiere la gente sería superfluo el uso de la fuerza que en todos los casos demanda la intervención estatal). La vida es corta, esta situación injusta que se viene prolongando clama a los cielos.
La herencia recibida es catastrófica, pero no podemos consumir nuestras existencias maldiciendo ese estado de cosas, sino tomar el toro por las astas y revertir el problema. Hasta el momento, el actual gobierno no sólo no ha reducido el gasto público y el déficit fiscal, sino que lo ha aumentado. La buena voluntad y la decencia no son suficientes para una buena gestión.
Liberar recursos se torna indispensable, insistir en que los actuales niveles del gasto público deben hacerse eficientes constituye un error.
En este contexto, es crucial comprender que los salarios e ingresos en términos reales dependen de las tasas de capitalización. Esta es la diferencia entre países prósperos y países pobres. No son los recursos naturales (África es el continente que los dispone con mayor abundancia y Japón es un cascote del que sólo el 20% es aprovechable). Es un tema de marcos institucionales confiables.
De todos modos, cualquiera que sea la situación, quienes estiman necesario ayudar en mayor medida al prójimo lo pueden hacer, por ejemplo, a través de una ONG especial de amplio acceso público donde cada uno ingresa su donación. Con esto, los políticos y sus socios dejarían de recurrir a la tercera persona del plural en sus discursos y, en su lugar, lo harían en la primera del singular asumiendo responsabilidades. En este supuesto no se usaría a los pobres para campañas electorales y se finiquitaría con la hipocresía de sostener que los gobiernos (es decir los vecinos) deberían ayudar a otros de modo coactivo.
Es muy loable que nuestros gobernantes hayan decidido abrirse al mundo, pero no es para mostrar las mismas mañas populistas de una burocracia sobredimensionada, sino para exhibir señales claras de una sociedad libre.
Se hace necesario retomar la tradición alberdiana y recordar que nuestro país estaba a la vanguardia del mundo libre cuando se adoptó. Los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España. Los inmigrantes venían a estas tierras para "hacerse la América". Competíamos con Estados Unidos en los principales rubros. En el Centenario, miembros de la Academia Francesa compararon las sesiones del Parlamento argentino con las que tenían lugar en aquella corporación debido a la versación de sus integrantes. Ahora hay quienes han perdido la independencia de criterio y no son pocos los que pretenden convertir nuestro Parlamento en un aguantadero.
